Tribunal Constitucional

“cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

El Senado remitió al TC el proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca, contenido en el Boletín Nº 7947-03.El proyecto de ley, iniciado por mensaje, aumenta los Consejos de Pesca, modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, crea la Comisión Nacional de Acuicultura,…

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional, los artículos 3, 229, 334, 342, letra f), 370 y 483 del Código Procesal Penal.Los preceptos legales impugnados disponen, en lo impugnado, la exclusividad de la dirección de la investigación penal por parte del Ministerio Público, el primero; el concepto de formalización de la investigación, el segundo; la prohibición…

el examen de la figura en cuestión (acumulación de infracciones o contravenciones graves o gravísimas en los últimos doce meses) revela que no hay descripción de algún comportamiento o conducta, entendidos como un acto voluntario, y, por ende, no hay acción que pueda configurar un hecho típico. Si no hay acción, no hay delito.

el requerimiento de autos no da debido cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 80 de la LOCTC, toda vez que la requirente no indica de modo claro y preciso la forma en que la aplicación a la gestión sub lite del precepto legal cuestionado infringiría las disposiciones constitucionales que invoca como conculcadas.

se aprecia que el requirente pretende que se determine la adecuada interpretación de la disposición impugnada y se corrija la aplicación que de la misma se ha efectuado en sede municipal, atribuyéndole al Tribunal Constitucional una competencia que, como se señaló, es propia de los jueces del fondo y que éstos ejercen a través de las distintas herramientas procesales que consagra el legislador.

es clara la intención del legislador en orden a no disminuir las garantías de los derechos de los extranjeros y que, por otra parte, el juez tiene todas las herramientas para interpretar con criterios conforme a la Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. No obstante, agregan, es función de esta Magistratura precisar el cartabón contra el cual se deben confrontar cuestiones que, en la práctica, importen efectos constitucionales concretos.

Los funcionarios, al igual que todas las personas, tienen aquellos derechos que su relación estatutaria, definida por el legislador, no haya limitado expresa e inequívocamente. Los funcionarios no son personas de segunda categoría ante la Constitución

consta en autos que con fecha 18 de mayo de 2012 la Corte Suprema falló el recurso de casación en el fondo deducido en la gestión sub lite, sentencia que se notificó por el estado diario y respecto de la cual no proceden recursos, por lo que se encuentra firme o ejecutoriada.

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. La gestión judicial invocada incide en un proceso sobre delito de desacato de que conoce el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el cual el requirente de inaplicabilidad es imputado a causa de la negativa a cumplir…

en la medida que no se alteran los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales ni se introducen contenidos mínimos a los niveles básico y medio de enseñanza, ni tampoco normas objetivas de general aplicación que atribuyan al Estado potestades para velar por el cumplimiento de los mismos, las normas del artículo 4º del proyecto sometido a control no regulan materias propias de ley orgánica constitucional.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 1° del artículo 781 del Código de Procedimiento Civil.El precepto cuya aplicación se impugna señala: "Elevado un proceso de casación de forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recuso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne…

el denominado fuero parlamentario es una antigua institución de derecho público, característica del régimen democrático representativo, de naturaleza especial y excepcional, destinada a asegurar la instalación y el funcionamiento regular y continuo de las cámaras o asambleas representativas, así como la genuina correlación interna de las fuerzas políticas representadas en ellas según el resultado de la última elección, por la vía de garantizar que sus integrantes no serán impedidos de asumir sus funciones o de asistir a sus sesiones, debido a suspensiones apoyadas en acusaciones sin fundamento

El Alcalde de la Municipalidad de La Calera dedujo requerimiento de inconstitucionalidad del numeral 15 del Auto Acordado de la Corte Suprema, de 27 de junio de 1992, relativo a la tramitación y fallo del recurso de protección. El presunto impugnado dispone: “Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del…

La gestión pendiente invocada incide en una acción de tutela de derechos fundamentales seguida ante el 2° Juzgado Laboral de Santiago.La Segunda Sala del TC declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto los antecedentes examinados permiten concluir que se dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución…

los aludidos cargos habrían sido creados por la Ley N° 19.820, pero lo cierto es que esa ley no guarda relación alguna con los mismos, pues en nada se refiere a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, dado que lo que regula es la modificación de la dependencia del Liceo Experimental Manuel de Salas de esa casa de estudios.

Se dedujo una serie de requerimientos mediante los cuales se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso primero del artículo 70 del Código de Minería y el inciso segundo del artículo 2° de la ley N°19.573, interpretativo del primero. Las gestiones pendientes invocadas inciden en sendos recursos de apelación pendientes de resolución por parte de…

estimaron que la eventual declaración de inaplicabilidad solicitada por las requirentes no puede tener el efecto que se le atribuye en el libelo, consistente en la eliminación de los topes del monto del subsidio, motivo por el cual concurre, en la especie, la causal de inadmisibilidad del numeral 5 del artículo 84 de la LOCTC, al no resultar decisiva la aplicación del precepto cuya aplicación se impugna.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 2331 del Código Civil. El precepto legal establece que: "Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces…

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 1° del artículo 247 del Código Procesal Penal.El precepto legal impugnado dispone, en lo impugnado, lo siguiente: "Plazo para el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo de dos desde años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla".La…

Se solicito declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 4° del Decreto Ley N° 3.621, que fija normas sobre Colegios Profesionales.El precepto legal impugnado dispone: "Toda persona que fuere afectada por un acto desdoroso, abusivo o contrario a la ética, cometido por un profesional en el ejercicio de su profesión, podrá recurrir a los Tribunales de Justicia en…

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 2° artículo 374 bis del Código Penal. La norma impugnada dispone: “El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio”. La gestión judicial pendiente es…

El tribunal requirente estima que la aplicación del precepto impugnado afecta las garantías constitucionales de las partes de la gestión, en particular, la igualdad ante la ley, al establecer cargas probatorias más gravosas para los matrimonios contraídos con posterioridad a la vigencia ...

el Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia de los jueces del fondo”

ha determinado que el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes, quien estuvo por declarar inadmisible el presente requerimiento por considerar que envuelve un problema de mera legalidad: resorte exclusivo del juez del fondo.

Se dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal impugnado podría resultar decisivo en la gestión judicial; la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada; y que no concurre, en la especie, ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la LOCTC.

Los antecedentes examinados permiten concluir que se dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal impugnado podría resultar decisivo en la gestión judicial; la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada

debía declararse inaplicable el artículo 470 del Código del Trabajo, por cuanto el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional habría declarado inadmisibles las excepciones de “exceso de avalúo” y de “nulidad de la obligación”, por no encontrarse contempladas en dicha disposición legal, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa, como integrante del derecho al debido proceso, del requirente.

el precepto legal contraría el derecho de acceso a la justicia, toda vez que la concesionaria debe pagar el monto de la compensación para ejercer acciones judiciales, sin haber discutido en forma previa la procedencia del derecho al pago de la compensación; y el debido proceso, ya que no se garantizan ni la previa audiencia ni la presunción de inocencia del presunto responsable.