Asuntos de Interés Público

Asociación ilícita para cometer simples delitos, contrabando, presentación de declaración maliciosamente falsa y lavado de activos.

El fallo establece que no es posible estimar como suficiente el ejercicio de la acción penal pública previa instancia particular para desaforar a un parlamentario.

La recurrente aduce que, en cuanto a lo exigido por el art. 10 N° 2, no pudo cumplirse dicha formalidad toda vez que los socios de la Corporación constituyen un número indeterminado de personas.

Respecto al daño moral, el fallo establece que los demandantes tuvieron que verse expuestos a una serie de angustias y de trámites.

Los recurrentes señalan que se infringió el debido proceso, pues no consta en autos que se haya recibido prueba en la causa.

El fin último del trabajo es servir como referencia para quienes compartimos un interés en mejorar el diseño institucional de nuestro sistema de justicia.

Se sustituyen en el inciso final del artículo 198 del Código Orgánico de Tribunales los guarismos "$7.430" y "$5.600", por "$7.600" y "5.730?.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $440.000.000 (cuatrocientos cuarenta millones) a familiares de la víctima.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Cisternas, quien estuvo por desestimar el recurso de casación en el fondo y mantener el fallo impugnado.

La recurrente señala que no se buscaba vulnerar un proceso legal, sino que no contaban con información certera para actuar.

Cualquier legislación o regulación que se pretenda establecer en esta materia debe respetar los derechos fundamentales de las personas y las bases mismas del Estado de Derecho, indica LyD.

Las tesis del decaimiento y de la inexistencia de plazos fatales para la administración están produciendo esquirlas en valores fundamentales del sistema jurídico administrativo chileno.

La iniciativa de ley en consulta no contiene normas que se refieran a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

El informe contiene el análisis sobre la modificación que establece que serán los juzgados de familia los encargados de conocer las solicitudes de rectificación de sexo y nombre de menores de 18 años de edad.

Se dictó la Resolución N° 51/2018 en la que el TDLC se pronunció sobre la consulta presentada por Conadecus.

Cabe recordar que la sentencia del TER resolvió rechazar el requerimiento de remoción, por cuanto estimó que la probanza allegada al proceso por los demandantes es a simple vista insuficiente.

La decisión fue adoptada con la prevención de la ministra Gutiérrez Aravena, quien estuvo por imponer, además, a la imputada la medida cautelar de firma quincenal.

En una reciente publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional se describen las penas que se aplican a quienes cometen incendios forestales intencionalmente o por negligencia.

Cabe recordar que en su presentación los solicitantes señalan que la Comunidad es una organización de usuarios de aguas originada a partir de las Resoluciones de la DGA N°s 193/1993 y 232/1994.

Se sancionó a la administradora electoral de Gerzon Moreno Cuebas, ex candidato a concejal por la comuna de Alto Hospicio, con una multa de 35 UTM.

El inicio del juicio oral en esta causa está fijado para el lunes 26 de febrero próximo.

La recurrente aduce que presentó suficiente evidencia respecto a que quien aparece como actual Presidenta Electa no aparece registrada como socia en el 2014, 2015 o 2016.

Se asegura que para que una iniciativa de asociación público privada tenga éxito, se deberán manejar carteras que barajen proyectos que entreguen valor a las personas, hagan crecer la economía, distribuyan adecuadamente los riesgos y que logren financiarse en el mercado de capitales, sin afectar sistémicamente la economía.

El Tribunal estableció, tras la deliberación de rigor, tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de Vásquez Sánchez en los hechos.

En la audiencia de formalización de la investigación, se ordenó el ingreso al Complejo Penitenciario de Arica de los imputados, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia que condenó a la empresa Hites S.A. y a la subcontratista Mic Servicios Informáticos Limitada, por el despido injustificado de asistencia computacional.

El Tribunal acogió la demanda tras establecer que los apremios que sufrió Osses Beltrán son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles en el ámbito civil y penal.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a César Manríquez Bravo a 13 años de presidio, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Antonio Sergio Cabezas Quijada.

El máximo Tribunal rechazó casación en el fondo deducida en contra de la sentencia que estableció la responsabilidad por falta de servicio del órgano, por no llevar el registro correcto del rol de la propiedad rematada y adquirida en una subasta en Punta Arenas.

El estudio comenzó en mayo de 2017 y tuvo como hipótesis que existen distorsiones significativas en el mercado de rentas vitalicias reguladas por el D.L. 3500 de 1980.