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Consideró que las expresiones de la ABA se encontraban amparadas constitucionalmente y que existían indicios suficientes de que la revocación de los fondos podría haber estado motivada por dichas expresiones. Asimismo, el tribunal destacó que el gobierno no proporcionó una justificación alternativa clara que sustentara la medida administrativa adoptada.

El texto legislativo comprende 37 artículos distribuidos en seis títulos, que abarcan materias relativas al contrato de sede, a la ética y la integridad, al urbanismo, medio ambiente y vivienda, a la salud y el trabajo, a la seguridad, y a la continuidad de ciertos mecanismos establecidos en ocasión de los Juegos de París 2024.

Con un enfoque basado en el modelo social de la discapacidad, la CIDH presenta su primer informe temático sobre la materia, identificando prácticas discriminatorias, destacando avances normativos en la región e instando a los Estados a garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad en el marco del sistema interamericano.

La empresa demandante solo tuvo conocimiento de la sentencia del tribunal de primera instancia en octubre de 2011, cuando ya había sido ejecutada y su propiedad vendida en subasta. Si bien la empresa demandante podría haber impugnado la subasta y el procedimiento de ejecución, no tenía posibilidad alguna de detener la subasta y la ejecución mientras siguiera vigente la sentencia del tribunal de primera instancia en el proceso principal.

Una madre impugnó la reducción de condena al agresor sexual de su hija, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró inadmisible sus recursos. La Magistratura Constitucional resolvió que esa decisión vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva.

Es el primer tratado internacional destinado a proteger la profesión de abogado. Su objetivo responder a las crecientes denuncias sobre ataques al ejercicio de la profesión, ya sea en forma de acoso, amenazas o agresiones, o de injerencias en el ejercicio de las funciones profesionales (por ejemplo, obstáculos al acceso a los clientes).

La Comisión lleva ante la Corte Interamericana el caso de una presunta ejecución extrajudicial en Brasil, destacando el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Militar, la impunidad persistente y la falta de reparación a las víctimas y sus familias.

Bancos deben adoptar medidas para evitar la comisión de ilícitos, disminuir las posibilidades de su ocurrencia y, en su caso, mitigar sus consecuencias. Ello incluye la seguridad dentro de sus sucursales. En estos supuestos, el deber de seguridad no implica una obligación de resultado, pero su cumplimiento requiere el arbitrio de las medidas necesarias para brindar sus servicios de la manera más segura posible.

Los contratos de gestación subrogada constituyen una forma de explotación de la mujer y de daño al interés superior del menor. Supone una mercantilización del cuerpo de la mujer y de los menores.

La autorización para viajar solicitada redundará en beneficio del interés familiar de los niños, evitando consecuentemente que deba ocurrir al auxilio jurisdiccional cada vez que necesite la mentada autorización, máxime si se tiene en cuenta la finalidad, consistente en compartir tiempo de ocio, disfrute y recreación familiar.

Es manifiesto que, el tratamiento que el legislador ha dispensado al varón es discriminatorio y, por tanto, inconstitucional, puesto que no existe ninguna justificación para el trato diferenciado a favor de la mujer. No resulta razonable, pues no se entiende cuál es la finalidad que buscaba alcanzar el legislador estableciendo esta diferenciación por razón del sexo o género.

Es legítimo que las autoridades nacionales adopten medidas para impedir que ciertas personas ejerzan profesiones sensibles, siempre que se respeten varios requisitos. En particular, el riesgo debe estar suficientemente establecido, y el análisis del riesgo debe tener en cuenta la naturaleza de la función en cuestión, la situación personal del interesado, el contexto general y también la magnitud potencial de las consecuencias si el riesgo no se elimina a tiempo.

El proyecto de ley fue presentado por el grupo parlamentario de los demócratas liberales escoceses en el año 2024. Su objetivo consiste en establecer un marco legal que permita a personas adultas con enfermedades terminales solicitar asistencia médica para provocar su propia muerte, bajo determinadas condiciones.

La organización plantea, asimismo, que los procedimientos adoptados por Meta podrían no garantizar el cumplimiento efectivo de las solicitudes de oposición por parte de los usuarios, lo que podría suponer una vulneración de los principios de responsabilidad proactiva y de protección de datos desde el diseño, establecidos en el RGPD.

La Comisión tampoco explicó de manera plausible por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de vacunas contra la COVID-19 no contenían información importante o que precisara de un seguimiento, cuya conservación debiera garantizarse.

La mujer insiste en que se le indicó reposo relativo y que dicha prescripción no la obligaba a estar encerrada en su casa, pero no asume las cargas y obligaciones que la ley le impone y que se derivan del principio rector de buena fe que gravita fuertemente en torno a las relaciones de trabajo.

No obstante, se concedió parcialmente la medida cautelar al considerar que los procedimientos de notificación aplicados por el gobierno no cumplen con los requisitos mínimos de debido proceso. En consecuencia, el tribunal requirió que el Ejecutivo proporcione un aviso con al menos veintiún días de antelación antes de ejecutar una orden de expulsión conforme a dicha proclamación, junto con la oportunidad efectiva de ser oído.

Los demandantes afirman que, durante la etapa de desarrollo y pruebas del modelo Claude, diversos empleados de Anthropic, incluido uno de sus fundadores, habrían solicitado letras protegidas por derechos de autor. Además, según los registros aportados, Claude habría generado letras completas o parciales de diversas obras pertenecientes al repertorio de las editoriales demandantes en respuesta a solicitudes realizadas por usuarios.

La prestación a cargo de los médicos constituye una obligación de medios que no puede ser juzgada por el resultado luctuoso. En otras palabras, el tiempo transcurrido entre el surgimiento de los primeros síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad y el posterior deceso no tienen, por sí solos, la aptitud suficiente como para justificar imputación de negligencia frente a los dictámenes de los peritos. Rige aquí el estándar promedio de diligencia dado lo excepcional de la patología.

Las prácticas deportivas constituyen educación no formal (Tesauro de la Educación UNESCO 1977 ) ya que posibilita adquirir conocimientos, disciplina, constancia, posibilita pensar en equipo y otorga muchos otros beneficios no solo para el joven, sino para la sociedad toda. Por lo expuesto, considero razonable otorgar autorización a fin de que pueda viajar a Chile.

La afectada ya no es identificable, al haber dejado de serlo mediante la técnica del borrado total de su rostro. Así, ha de tenerse en cuenta que una vez eliminados totalmente los rasgos de la cara, ya no es posible su identificación salvo con unos costes y un tiempo extraordinarios, es decir, con grandes esfuerzos, a tenor de la tecnología disponible, por lo que tal imagen ha dejado de ser un dato de carácter personal.

El catálogo de infracciones se amplía para abarcar el uso de sistemas de inteligencia artificial diseñados o adaptados principalmente a la comisión de delitos de abuso sexual infantil, la transmisión en directo de tales abusos y la distribución de material ilícito por medios electrónicos. Se incluyen, además, como modalidad agravada, las actuaciones en las que el autor simule ser un igual.

La demandante alega haber adquirido bolsas Ziploc en el año 2024, basándose en las indicaciones del fabricante que sugerían un uso seguro en las condiciones antes mencionadas. En este contexto, sostiene que el uso de dichos productos conforme a las instrucciones proporcionadas habría dado lugar a una exposición involuntaria a partículas plásticas de tamaño reducido, comúnmente denominadas microplásticos.

En una situación como la examinada, en la que las autoridades del Estado demandado tomaron medidas destinadas a limitar y extinguir la revisión judicial de la queja del demandante sobre un derecho civil, la ineficacia resultante del procedimiento interno no puede servir como base para considerar que dicho procedimiento no fue “decisivo” para el derecho en cuestión.

La información sobre la zona de los involucrados es importante por cuanto permite conocer que ambas partes son originarias de distritos del andes Yungaino, en el que, conforme a las expresiones culturales y espirituales, suelen creer en lo que se conoce como brujería; de allí que el presente caso deba de analizarse con el enfoque de interculturalidad.

Google declaró en un comunicado que el acuerdo resuelve una serie de antiguas reclamaciones relacionadas con las políticas de productos que la compañía ha modificado desde hace tiempo. La compañía afirmó que el acuerdo preliminar no obliga a Google a admitir irregularidades ni responsabilidades, ni a modificar ningún producto ni la información requerida a los consumidores.

La exigencia de un título no debe crear condiciones discriminatorias que privilegien a una profesión sobre otras con las mismas competencias para desempeñar una determinada actividad; y el proceso de convalidación del título debe estar definido por la ley, de forma que se determine cómo se acredita la capacidad de una persona con título extranjero para el ejercicio de su profesión en el país.

Entre los demandantes figuran personas que manifestaron haber recibido anuncios personalizados tras mantener conversaciones privadas en presencia de dispositivos Apple. Otros señalaron activaciones accidentales del sistema Siri, sin intervención deliberada por su parte.

Se recuerda que los Estados contratantes tienen, en virtud de un principio de derecho internacional bien establecido y sin perjuicio de los compromisos derivados de tratados, incluido el Convenio, el derecho a controlar la entrada, la estancia y la expulsión de los no nacionales.

Es la comunidad universitaria – al fin y al cabo comunidad, grupo, asociación. Y, por tanto, los ampara el derecho de reunión, de expresión, de organizarse con el fin de protestar contra lo que creen injusto y defender las causas que juzgan legítimas. Desde este Tribunal no podemos hacer más que reconocer este derecho, motivar su respeto, rechazar su vulneración y garantizar su ejercicio democrático.