Internacional

La ley introduce mecanismos para fortalecer el control de infraestructuras clave, como puertos e instalaciones gubernamentales, y prevé la implementación de medidas dirigidas a proteger legalmente a los informantes, garantizando su anonimato, con el objetivo de fomentar la colaboración con las autoridades en la desarticulación de redes criminales.

En el plano internacional, el informe hace mención a las actuaciones emprendidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, referidas a presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con persecución por motivos de género. Las autoridades afganas han manifestado su rechazo a la jurisdicción de la Corte, aduciendo que las normas internacionales no son vinculantes para el Estado.

Confirma penas de prisión y multa por atentar contra la dignidad de personas LGBTQ+, reafirmando que la libertad de expresión no ampara el discurso de odio.

Clínica y obra social deberán indemnizar a la familia de un paciente fallecido por infarto tras una atención médica deficiente.

Procesos donde se encuentra comprometido el derecho a la identidad, la carga probatoria no puede ser analizada con criterios rígidos y que la obstrucción dolosa de la prueba decisiva habilita a valorar indicios y otros elementos complementarios, como la prueba antropomórfica y los testimonios, con criterio amplio.

Los fabricantes estarán obligados a evaluar la seguridad de los juguetes previo a su introducción en el mercado. Dicha evaluación deberá contemplar los riesgos químicos, físicos, mecánicos, eléctricos, así como los relativos a la inflamabilidad, la higiene y la radiactividad. Además, deberán tenerse en cuenta características específicas de la población infantil destinataria.

Al fallar a favor de una asociación masónica italiana afectada en un caso de registro e incautación el TEDH declaró que Italia violó el derecho a la privacidad de la orden masónica Grande Oriente d'Italia y la condenó al pago de una indemnización. Para que un registro e incautación sean legítimos tiene que tener fundamento legal, una motivación adecuada, con un límite temporal y garantías contra abusos, ser la medida necesaria y proporcional, y respetar los derechos fundamentales, señala el fallo.

Viola la Constitución italiana al impedir a personas con discapacidad obtener un derecho fundamental (la ciudadanía); el principio de igualdad, al crear una disparidad injustificada entre personas "sanas" y "no sanas", al contradecir el sistema que reconoce derechos de asistencia social y educación para personas con discapacidad, y la Constitución en relación con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Pleno de la SCJN reconoce la validez y fuerza de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos de once mujeres detenidas y agredidas sexualmente en operativos de 2006.

La Corte de Estrasburgo emitió una medida provisional tras denuncias de que un cañón de sonido fue utilizado para dispersar una manifestación pacífica en marzo.

Es necesario compartir el criterio del a quo, de valorar la prueba reunida con perspectiva de género, en el marco de la ley 26485 y la Convención de Belem do Pará, pues ambos instrumentos prevén, entre otras cuestiones, la tramitación con la debida diligencia reforzada, y la amplitud probatoria en casos como el que nos ocupa.

Las patentes en cuestión se refieren a mejoras técnicas que permiten aumentar la velocidad y fiabilidad de las conexiones Wi-Fi, al mismo tiempo que reducen el consumo energético y disminuyen la congestión de la red. Según la acusación, Samsung utilizó esta tecnología en varios de sus productos sin contar con la debida licencia y sin compensar al inventor.

El informe también aborda el problema de la opacidad en los procesos de toma de decisiones de los sistemas de inteligencia artificial aplicados al uso de la fuerza. Este fenómeno, conocido como el "problema de la caja negra", dificulta la trazabilidad y comprensión del razonamiento interno de los sistemas automatizados, lo que plantea desafíos en términos de transparencia, rendición de cuentas y garantías procesales.

La exención del impuesto sobre bienes inmuebles en cuestión no parece conferir una ventaja selectiva y, por lo tanto, no constituye una ayuda de Estado. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional pronunciarse con carácter definitivo a este respecto.

Victoria McCloud, exjueza del Tribunal Superior, acusa al gobierno de Keir Starmer de violar la Convención Europea de Derechos Humanos tras un fallo que define los términos "mujer" y "sexo" solo en sentido biológico.

El consentimiento informado es núcleo básico del derecho de autodeterminación del paciente en el ámbito de la salud y, por tanto, parte esencial de su derecho a la autonomía personal; en su virtud, el paciente adquiere la categoría de agente moral autónomo con plena facultad para que pueda ejercitar con cabal conocimiento (consciente, libre y completo) el derecho a la autonomía decisoria más conveniente a sus intereses.

La controversia se centra, por tanto, en la determinación de si los hechos narrados en la acusación tuvieron lugar en territorio palestino. En 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI estableció que el término "territorio del Estado de Palestina" comprende Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, zonas ocupadas por Israel desde 1967.

El actor no produjo prueba suficiente para tener por demostrado que, en la oportunidad en que se verificó la comprobada intrusión ilegal de su automóvil –el cual se encontraba estacionado en la playa de estacionamiento perteneciente a una de las sucursales del banco demandado-, dicha parte hubiese tenido guardados en la guantera del mencionado automotor la suma de trece mil dólares estadounidenses.

Ningún error se aprecia en la valoración de la prueba, concretamente de la prueba testifical y pericial que acreditan la existencia del engaño sufrido por los denunciantes y que como en el caso de la pareja anterior, éstos sufrieron un engaño en cuanto a la posibilidad de convertirse en padres a través de la gestación subrogada, así como en atención a los medios que el acusado empleó para hacerles creer tal posibilidad.

En boca de un abogado decir que no leyó el contrato que firmaba por ser “…extenso y muy técnico…”, resulta una excusa inaceptable para hacer jugar en su favor la referida presunción de ignorancia legítima. Por el contrario, frente a la ausencia de la ordinaria diligencia que es diferencialmente exigible al sujeto en un caso como el examinado, la presencia de una ignorancia culpable es nítida.

Las condiciones de detención no deben en ningún caso someter a la persona privada de libertad a sentimientos de miedo, angustia e inferioridad propios para humillarla, degradarla y eventualmente quebrantar su resistencia física y moral. Se ha reconocido, a este respecto, que los detenidos que padecen trastornos mentales son más vulnerables que los detenidos ordinarios, y que ciertas exigencias de la vida carcelaria los exponen más a un peligro para su salud.

Se argumenta que la Orden Ejecutiva 14263 interfiere en funciones esenciales del sistema judicial, contraviniendo principios básicos del estado de derecho. Asimismo, se sostiene que las acciones emprendidas vulneran las protecciones establecidas en la Primera Enmienda, en particular el derecho a la libertad de expresión, la prohibición de discriminación por razón de opiniones y el derecho de petición al gobierno.

Es necesario recordar la obligación de las autoridades de actuar analizando las causas judiciales desde una perspectiva de género, especialmente en autos de sobreseimiento en materia penal relacionados a infracciones de naturaleza sexual contra la mujer. Esta perspectiva implica reconocer que los estereotipos de género pueden crear brechas o limitaciones significativas en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

La proyección del salario es de alcances incluso mayores, dado que también comprende el ejercicio de los derechos humanos civiles y políticos, desde el momento en que, conforme al ya universalmente consolidado principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el antedicho ejercicio es “imposible” sin el goce paralelo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Dado el marco legal vigente en ese momento y la forma en que se había aplicado, el Estado demandado incumplió su deber, a la luz de los requisitos de la jurisprudencia y los estándares internacionales, de aplicar, en la práctica, un sistema de derecho penal capaz de sancionar actos sexuales no consentidos.

El informe recomienda a los Estados parte la adopción de estrategias nacionales destinadas a revisar las condiciones de detención y atención psiquiátrica, así como a reforzar los recursos destinados tanto a infraestructuras como a servicios comunitarios en el ámbito de la salud mental.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las lesbianas en la región, incluyendo prácticas que pueden constituir tortura, e insta a los Estados a adoptar medidas jurídicas, políticas públicas inclusivas y acceso efectivo a la justicia.

Extracta los párrafos más relevantes de los casos contenciosos y de una opinión consultiva en los cuales la Corte Interamericana ha tratado esta materia.

Condenado a ocho años y diez meses de cárcel por corrupción. El pleno del Tribunal Supremo, compuesto por once jueces, deberá revisar ahora el fallo, sin perjuicio del inicio inmediato del cumplimiento de la pena.

Las deficiencias del sistema jurídico eslovaco en materia de protección de datos informáticos sujetos al secreto profesional se evidencian en el presente caso por el error cometido por el perito designado por el Estado para actuar en el contexto de los procedimientos penales incoados contra el demandante.