Internacional

Puede que el acto sexual sea permitido en un inicio por ambos, pero si luego uno de los intervinientes se niega a seguir manteniendo intimidad o, en otras palabras, ya no consciente dicho acto, lo correcto es que la otra persona no debe sobrepasar dicha decisión. El quebrantar ello vulnera el libre consentimiento que toda persona ostenta en uso exclusivo de su derecho a la libertad sexual.

Las afirmaciones que devienen estigmatizantes para la contraria, y en modo alguno podían conmover la suerte del proceso, lo que irónicamente sí podía lograr la prueba de ADN, ergo, no puedo más que asumir que traer a colación tal cuestión, y eludir sin motivo alguno la concreción del examen biológico, solo conlleva una afrenta a la vida íntima y a la dignidad de una mujer, cuyo legítimo reclamo expuso en la demanda, en representación de su hija menor de edad.

Un juez nacional solo puede apreciar su carácter abusivo si estima que la cláusula no está redactada de manera clara y comprensible. Sin embargo, el Derecho nacional puede establecer un mayor nivel de protección para el consumidor. De ser así, el juez podrá examinar el carácter abusivo de la cláusula, incluso si ha sido redactada de antemano por el profesional de manera clara y comprensible.

El régimen sancionador previsto en el anteproyecto establece multas que oscilan entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2 % y el 7% del volumen de negocio anual, con especificidades para pymes. La supervisión de estos sistemas estará a cargo de distintas entidades, entre ellas la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral Central y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

La utilización, en principio, de un medio audiovisual de telecomunicaciones para la comparecencia de todas estas personas detenidas, por una parte, ante el juez de instrucción, para todos los actos de investigación que requieran dicha comparecencia, causaría una vulneración desproporcionada de los derechos de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo.

La CIDH y el Relator Especial de la ONU han observado el desarrollo de políticas y programas de justicia transicional en diferentes países para avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales.

El Tribunal italiano declara inconstitucional la norma que impedía la adopción internacional por parte de personas solteras, un fallo que abre la posibilidad de adoptar a menores extranjeros en situación de abandono.

Amnistía señala que la impunidad que padecemos es un crimen continuado producto de la falta de interés de erradicar estos patrones que se han arraigado en nuestras sociedades, aunado a políticas negacionistas cuyo fin es proteger a los perpetradores de dicho crimen.

El informe de la CIDH destaca la falta de transparencia en el proceso electoral y las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo represión estatal, censura digital y detenciones arbitrarias.

Uno de los principales casos en discusión es el de Cley Méndes y otros contra Brasil, programado para el 24 de marzo. Este caso aborda la responsabilidad internacional de Brasil por las agresiones y ejecuciones extrajudiciales de los adolescentes Max Cley Mendes, Marciley Roseval Melo Mendes y Luís Fábio Coutinho da Silva, quienes fueron amenazados y asesinados por policías militares en el barrio Tapan en 1994.

La Comisión subraya que es esencial dar continuidad de los esfuerzos de cooperación internacional, regional y nacional para el disfrute de los derechos de las personas afrodescendientes, en línea con el Plan de Acción de la OEA, de 2016-2025.

Dados los diferentes objetivos del derecho civil y la legislación sobre protección de la maternidad, es posible que los tribunales consideren que «dar a luz», en el contexto de la legislación sobre protección de la maternidad, también incluye los abortos espontáneos, o que consideren dicha interpretación necesaria a la luz de la protección especial de la maternidad establecida en el artículo 6.4 de la Ley Fundamental.

La Orden Ejecutiva 14183, promulgada en enero de 2025, establece que el servicio militar de personas con diagnóstico o antecedentes de disforia de género, o que presenten síntomas compatibles con esta condición, es incompatible con los estándares de las Fuerzas Armadas.

La CAADCA fue aprobada por la legislatura estatal con el propósito de establecer protecciones para la privacidad y seguridad de los menores en el ámbito digital. En 2023, NetChoice presentó una solicitud de medida cautelar contra la aplicación de dicha ley pues vulneraría la libertad de expresión, la cual fue concedida en primera instancia.

No se desconoce que la medida en cuestión pudiera implicar una restricción a derechos fundamentales de la mujer. Sin embargo, y en lo que aquí interesa nada impide que se la ordene, toda vez que el propio interés jurídico tutelado (derecho alimentario) así lo justifica por su prioridad y preeminencia. Es que no existen derechos absolutos y frente a un interés superior ha de ceder su ejercicio regular hasta el cese del acto u omisión dañosos. Es un simple remedio disuasivo que durará hasta que se verifique un cumplimiento en tiempo y forma por parte del principal obligado.

La legislación aprobada se enmarca dentro de una serie de medidas adoptadas por el gobierno húngaro en los últimos años para regular contenidos y actividades vinculadas con la orientación sexual y la identidad de género. En 2021, el país promulgó una ley que prohíbe la difusión de material sobre diversidad sexual dirigido a menores de edad.

El artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980 dispone que la autoridad administrativa o judicial no está obligada a ordenar la restitución si se demuestra que el retorno pondría al niño, niña o adolescente en grave riesgo de sufrir daños físicos o psíquicos. En ese orden, se debe garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de la niñez a un ambiente de bienestar.

La declaración subraya la importancia de la independencia de la profesión jurídica y el respeto a las normas internacionales que protegen el ejercicio de la abogacía. Hace mención a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas, que establecen que los profesionales del derecho deben poder ejercer su trabajo sin interferencias ni represalias.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito leve contra el mercado y consumidores tipificado tipificado en la norma. En este caso el tipo penal considerado exige en primer lugar que se utilicen los equipos o programas a que se refiere la normativa, no bastando la mera posesión, sino su utilización efectiva, pero también se exige que el acceso no esté autorizado y que la conducta del autor abarque la conciencia o intencionalidad de realizar ese acceso a servicios.

De la filmación de la doma acompañada, surge clara y objetivamente, una situación de maltrato animal, entendiendo por tal una situación de hostilidad, agresividad y heridas a un animal, en un espectáculo público. Las imágenes hablan por su elocuencia y, el testigo reconoce a la persona del incurso como el agresor y, el propio imputado reconoce su presencia en el lugar mas, trata de quitar la valoración negativa de los hechos.

Los pantallazos de WhatsApp no han sido autenticados, desconociéndose su origen, destinatario y hora y día y no son revisables en suplicación, pues su valoración es facultad exclusiva del órgano judicial, se realiza discrecionalmente por el juzgador a quo aplicando las reglas de la sana crítica, lo que supone una apreciación razonada, motivada y responsable de tal prueba, tal y como aquí ha acontecido.

La Fiscalía de la CPI ha formulado acusaciones en su contra en calidad de presunto coautor indirecto de crímenes tipificados contra la humanidad. Se alega que los hechos investigados habrían ocurrido entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, durante su administración municipal y su posterior mandato presidencial.

La demanda por estudiar Derecho en Estados Unidos ha alcanzado cifras récord, impulsada por factores económicos, salarios altos y un contexto político que genera interés en el cambio social. Las facultades enfrentan el desafío de un número de solicitudes sin precedentes.

Ucrania y Turquía lideran el ranking de países que no cumplen con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seguidos de Rumanía. El Consejo de Europa hace un llamado a redoblar los esfuerzos en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

El estándar de "más allá de toda duda razonable" es un principio fundamental del derecho penal canadiense, garantizado por el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin un debido proceso. De este modo, la Corte estableció un nuevo criterio para los procedimientos disciplinarios en el contexto penitenciario, con observancia de disposiciones constitucionales.

Hace referencia al papel de la industria de los combustibles fósiles en el desarrollo de conflictos armados y sus consecuencias en el ámbito del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Se señala que la demanda de recursos energéticos puede estar vinculada a escenarios de militarización y desplazamientos forzados.

Con el apoyo de los conservadores, los socialdemócratas y Los Verdes, el Parlamento alemán aprobó una reforma histórica que permitirá mayores gastos militares y la creación de un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras y protección del clima, una medida clave ante la creciente amenaza rusa y la reconfiguración geopolítica global.

La omisión del médico demandado de prestar la asistencia conforme a los principios de la ciencia y del arte de curar es lo que da a lugar a la responsabilidad contractual, porque el profesional se compromete en una obligación de medios para satisfacer la natural expectativa del paciente para recuperar la salud o mejorar su estado. Su obligación es comprometerse a atender al paciente con prudencia y diligencia.

Si, en estas circunstancias, la demandante no denunció penalmente ni acudió al sistema institucional de protección frente a la violencia de género, ello no se puede considerar como una actuación irrazonable, y menos como una prueba excluyente de la violencia de género cuando todos los demás datos indiciarios apuntan hacia su existencia.

Para ejercitar su derecho de rectificación, la persona puede estar obligada a aportar las pruebas pertinentes y suficientes que le puedan ser razonablemente exigidas para demostrar la inexactitud de dichos datos. No obstante, un Estado miembro no puede supeditar el ejercicio de ese derecho a la aportación de la prueba de haberse sometido a una cirugía de cambio de sexo. Esa exigencia atenta, en particular, contra la esencia del derecho a la integridad de la persona y del derecho al respeto de la vida privada y familiar.