Internacional

En relación con las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas después de la duodécima semana de gestación, el informe sostiene que deberán seguir realizándose en hospitales, debido a la necesidad de administrar medicación adicional y brindar tratamiento para el manejo del dolor.

El Consejo tuvo por acreditadas las conductas reprochadas con base en una valoración razonable de la prueba obrante en el expediente; que las encuadró en normas que se referían claramente a ese tipo de comportamientos, habilitaban una sanción como la que se impuso y, además, se encontraban vigentes al momento en que ocurrieron los hechos.

El caso estuvo marcado por una serie de deficiencias por parte de las autoridades investigadoras, las autoridades fiscales y el tribunal de primera instancia. En el centro del caso estaba la terminación apresurada de la investigación, impulsada por la retractación de la mujer en una de sus declaraciones iniciales y la iniciación inmediata de procedimientos penales contra ella.

La vida en el mundo moderno requiere de ciertos derechos sociales mínimos en materia de servicios públicos, sin los cuales las personas no pueden tener una vida digna, ejercitar sus demás derechos, ni desarrollarse en sociedad. Entre ellos se puede incluir el acceso a agua potable y desagüe, a energía eléctrica y a internet, los cuales comparten una naturaleza prestacional y, por ello, un deber del Estado y la comunidad.

El deber de consulta es una obligación jurídica impuesta a los gobiernos federales y provinciales cuando una acción estatal puede afectar derechos o títulos aborígenes potenciales o reconocidos. Su fundamento radica en el principio del honor de la Corona, conforme fue establecido en el precedente “Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests)”, en el cual se determina que el gobierno debe actuar de buena fe en su relación con los pueblos indígenas.

La Directiva no resulta aplicable a acciones publicitarias para la compra de medicamentos indeterminados sujetos a receta médica llevadas a cabo mediante descuentos de un importe exacto sobre precios y pagos o mediante una gratificación cuyo importe exacto no se conoce previamente. En realidad, esas acciones publicitarias se refieren únicamente a la elección de la farmacia, y no promueven el consumo de dichos medicamentos.

De acuerdo con datos del Censo de los Estados Unidos, en un informe publicado en 2022, el número de hogares en los que no se habla inglés aumentó de 23,1 millones en 1980 a 67,8 millones en 2019. El informe también señala la existencia de más de 350 idiomas hablados en el país.

La visión de los tribunales moldavos de que era lícito retirar a una mujer con discapacidad intelectual del cuidado estatal para convertirla en ama de casa o pareja de un hombre que trabajaba en una granja refleja estereotipos de que las personas con discapacidad carecen de autonomía, que el papel de la mujer es atender las necesidades del hombre y la familia, y que el trabajo doméstico realizado por mujeres carece de valor económico.

Los demandantes piden al tribunal que declare ilegal la aplicación de la orden ejecutiva a la FEC y que se prohíba a la administración presidencial ejercer control sobre sus decisiones y operaciones. Alegan que la imposición de la autoridad presidencial sobre la FEC, al subordinar sus decisiones a las interpretaciones legales del Presidente y del Fiscal General, compromete la independencia del organismo y altera el equilibrio institucional diseñado por el Congreso.

El tribunal consideró que los elementos probatorios aportados no permitían acreditar la existencia de una colusión, señalando que los aumentos de precios podrían obedecer a decisiones empresariales individuales dentro del marco de la libre competencia.

El Tribunal Constitucional ejerció su poder en circunstancias excepcionales para hacer cumplir sus propias decisiones previas, protegiendo la Constitución como garante de la integridad territorial del Estado. Las restricciones impuestas a los derechos de los demandantes fueron proporcionadas y necesarias, y no constituyeron un acto "político" en su contra.

Se garantizó un amplio acceso a los elementos de prueba, incluso la misma prueba analizada por la Procuraduría General de la República, siendo pacífico el entendimiento de este Tribunal de que el denunciado se defiende de los hechos que le son imputados en la denuncia, con todos los elementos de prueba apuntados por el Ministerio Público adjuntos a los autos y a disposición de la defensa.

Es un supuesto cargado de violencia pues la intromisión en un área tan íntima como la aquí tratada es elocuente para catalogarlo como violencia de género. A ello se agrega que la víctima es una mujer que convivía con su hija menor de edad en el inmueble invadido y que el agresor era, en aquel momento, el esposo de la locadora, circunstancia que lo colocaba en una situación de poder respecto de la inquilina.

De acuerdo con la resolución judicial, el abogado utilizó una herramienta interna de inteligencia artificial denominada "MX2.law", desarrollada por Morgan & Morgan, para generar referencias legales aplicables a la moción presentada. Sin embargo, la falta de verificación de las fuentes derivó en la inclusión de casos inexistentes en el escrito jurídico.

El marco legal aplicable, al permitir el uso de armas clasificadas como "armas de fuego" sin proporcionar aclaraciones necesarias sobre qué arma era la más adecuada para una amenaza específica o cómo debían usarse de manera verdaderamente progresiva, dejó a los gendarmes móviles en operaciones de mantenimiento del orden sin directrices claras.

El responsable del tratamiento debe describir el procedimiento y los principios concretamente aplicados de tal manera que el interesado pueda comprender cuáles de sus datos personales se han utilizado y cómo se han usado en la adopción de la decisión automatizada, en atención al Derecho de la Unión.

En las propuestas legislativas se incluyen disposiciones destinadas a optimizar la accesibilidad y eficiencia de los informes de sostenibilidad, simplificar las obligaciones de diligencia debida en el marco de la responsabilidad empresarial, fortalecer el mecanismo de ajuste en frontera de carbono para garantizar condiciones de competencia equitativa en el comercio internacional y facilitar el acceso a programas de inversión europeos.

La interceptación selectiva de datos de la vida privada es inadmisible también en relación con personas que se encuentran en otros países. Esto significa que no se pueden utilizar términos de búsqueda relacionados con el núcleo de la vida privada contra dichas personas. La ley no es lo suficientemente específica y clara a este respecto cuando se trata de personas que se encuentran en otros países.

El usuario consumidor resulta la parte más débil de la relación, pues en los hechos no existe la mentada igualdad económica y social que permita la paridad de condiciones para negociar, hay un marcado desnivel que el derecho del consumidor pretende igualar protegiendo a la parte más débil. Esta protección fomenta cubrir las desventajas de quien es ajeno a las particularidades técnicas del negocio en cuestión y es forzado a creer y a aceptar los precios y calidades que se le ofrecen.

Personas expertas han recibido denuncias reiteradas de familiares, representación legal y organizaciones de la sociedad civil que buscan conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos y clientes, y que han informado que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha reducido en un año la pena a José Ángel Prenda Martínez y Jesús Escudero Domínguez, dos de los condenados por la violación grupal en los Sanfermines de 2016, tras la entrada en vigor de la nueva legislación sobre libertad sexual.

Italia es condenada por el Tribunal debido a la ineficacia de su sistema judicial, que permitió que los delitos de acoso y violencia de una expareja prescribieran por los retrasos en la investigación.

En esta ocasión José Luis Caballero Ochoa de México ha sido designado como presidente, asumiendo el liderazgo con una sólida trayectoria y un profundo compromiso con la justicia y equidad. Así mismo, Andrea Pochak de Argentina fue nombrada primera vicepresidenta y el Comisionado Arif Bulkan de Guyana como segundo vicepresidente.

El conflicto entre AP y el gobierno de Estados Unidos se originó cuando el presidente Donald Trump expresó su desacuerdo con el uso del término "Golfo de México" por parte del medio, indicando que, a su criterio, debía denominarse "Golfo de América". Posteriormente, la Casa Blanca restringió la participación de AP en determinados eventos hasta que el medio “ajustara su guía de estilo en conformidad con la posición gubernamental”.

La mera circunstancia de que una cuestión litigiosa se torne abstracta como se decidió en la resolución apelada- no es un obstáculo para imponer las costas, desde que resulta preciso examinar las causas que condujeron a ese desenlace y las circunstancias en que tuvo lugar, como así también en qué medida la conducta de cada una de las partes influyó para que la controversia finalizara de esa forma.

Ese abuso de posición dominante no se limita al supuesto de que la plataforma sea indispensable para el ejercicio de la actividad del solicitante. También puede existir cuando, como ocurre en el presente asunto, la empresa en situación de posición dominante no haya desarrollado la plataforma únicamente para las necesidades de su propia actividad, sino con vistas a permitir su utilización por empresas terceras.

La actuación negacionista y revictimizante que asumió el colegio, contribuyó al matoneo que se ejercía contra la adolescente. Además, al haberse negado a implementar un programa con ocasión de su diagnóstico de TDAH y del cuadro depresivo, socavó su derecho a una educación inclusiva. El daño emocional y pedagógico que ocasionó el colegio en ella al haberla dejado sola en su proceso educativo mientras ella sufría acoso escolar sistemático, es ciertamente irreversible.

Lo que se demuestra es que ya estaba curado de su trastorno de ansiedad, y que podía perfectamente incorporarse a su trabajo, siendo así que con su actuación demuestra que está incurriendo en fraude, pues uno de los requisitos de la Incapacidad Temporal (I.T.) además de recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social, es estar impedido para el trabajo, y según se evidencia con la actuación musical del actor, es claro que su dolencia no le impedía trabajar.

Entre las reformas propuestas, la norma elimina la exención aplicable a los robos en comercios cuando el valor de los bienes sustraídos no supera las 200 libras esterlinas (unos 240.000 pesos), con el propósito de garantizar su persecución penal. Asimismo, incorpora medidas de protección para los trabajadores del sector minorista ante agresiones y establece la posibilidad de imponer restricciones de acceso a espacios urbanos a personas reincidentes en conductas tipificadas como antisociales.

El TS establece que el uso de esta expresión con connotación peyorativa contra una persona homosexual no puede ampararse bajo el derecho a la libertad de expresión, considerándola una manifestación de homofobia.