Judicial

El Pleno informó la iniciativa que busca reforzar la persecución penal de contenidos protegidos distribuidos sin autorización y proteger a los consumidores frente a dispositivos, aplicaciones y servicios riesgosos. Aunque valoró la finalidad del proyecto, recomendó perfeccionar sus reglas para evitar medidas excesivas, definir mejor a los intermediarios digitales relevantes, precisar estándares técnicos y resguardar contenidos lícitos, terceros de buena fe y derechos como la libertad de expresión. El bloqueo o inhabilitación de acceso debiera operar como una medida especialmente justificada y

El Juzgado de Letras de Colina acogió parcialmente la demanda de un trabajador y concluyó que la empresa aplicó porcentajes inferiores a los pactados para el pago de ciertas comisiones. Al incidir esas diferencias en la remuneración imponible, ordenó recalcular semana corrida y cotizaciones previsionales, y declaró nulo el despido.

El máximo tribunal rechazó el recurso de la sociedad hotelera por un defecto formal en su petición y acogió el arbitrio de la administradora del centro comercial, al estimar que una sociedad relacionada no podía desconocer la fianza y codeuda solidaria pactada en el contrato. En sentencia de reemplazo, declaró terminado el subarrendamiento desde el 14 de enero de 2021 y ordenó pagar rentas, gastos comunes, servicios básicos y multas, con responsabilidad solidaria hasta por 36.500 UF.

El máximo tribunal rechazó los recursos de nulidad deducidos por las defensas de cuatro condenados por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, luego de estimar que los 18,86 gramos de ketamina incautados, las 70 bolsas tipo ziploc y las circunstancias del procedimiento descartaban la hipótesis de consumo personal y próximo en el tiempo. La decisión fue acordada con el voto en contra de dos ministros, quienes estimaron que los hechos solo permitían configurar la falta de porte para consumo.

La Corte de Temuco anuló la sentencia que había dejado sin efecto una resolución de multa aplicada a una empresa por un accidente laboral fatal. El tribunal sostuvo que el juez de base analizó solo el deber de seguridad, pero omitió pronunciarse sobre la falta de aviso inmediato a la Inspección del Trabajo y la no exhibición de documentos requeridos durante la fiscalización.

El máximo tribunal concluyó que el signo “B S N” posee suficiente distintividad y que su configuración gráfica, los distintos mercados de los productos y el acuerdo de coexistencia descartaban una posible confusión con la marca BSN Medical.

El tribunal reconoció el daño moral y transgeneracional sufrido por tres hermanos y el padrastro de un joven ejecutado por agentes del Estado en 1973, y descartó que las leyes reparatorias o la prescripción impidieran demandar una indemnización.

El tribunal concluyó que el tráfico de drogas y el tráfico en pequeñas cantidades son delitos de la misma especie, por lo que una condena anterior podía configurar la reincidencia específica. La causa deberá ser juzgada nuevamente por jueces no inhabilitados.

El máximo tribunal anuló la sentencia que había reducido la reparación a $6 millones, al estimar que la Corte de Santiago no fundamentó suficientemente la rebaja, y confirmó la condena al Fisco por el daño moral sufrido por la víctima.

La Corte Suprema declaró que la trabajadora mantuvo una relación laboral con la Municipalidad de La Pintana entre 2014 y 2022 y que su desvinculación fue injustificada. El municipio deberá pagar más de $16 millones en indemnizaciones, feriados y las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía que permanezcan impagas.

El máximo tribunal rechazó los recursos de la defensa y mantuvo la pena de 15 años y un día de presidio efectivo impuesta a Carlos Gastón Manterola Miranda por los homicidios calificados de dos víctimas de derechos humanos cuyos cuerpos fueron arrojados al zanjón de la Aguada

El tribunal revocó la condena contra el Fisco y concluyó que la demanda fue presentada casi 30 años después de publicada la Ley N°18.900. Acogió la excepción de prescripción y rechazó íntegramente la acción.

La Corte Suprema rechazó el recurso del dueño de un local y mantuvo la condena al pago de las mensualidades impagas, con reajustes e intereses, además de una multa de 10 UTM. El contrato obligaba a pagar la tarifa, aunque el repertorio musical no fuera utilizado.

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de la empresa y dejó firme la sentencia que ordenó restituir el dinero recibido durante las negociaciones de una franquicia que no se concretó, al no acreditarse su devolución.

El máximo tribunal estableció que el plazo para exigir la compensación en dinero comienza al terminar la relación laboral. También ordenó a la Municipalidad de Maipú pagar las cotizaciones del seguro de cesantía adeudadas entre 2016 y 2022.

El tribunal acreditó que el acusado apuñaló a dos personas, causando la muerte de una y dejando a la otra con lesiones que habrían sido fatales sin atención médica. Un segundo imputado fue absuelto por falta de participación penalmente relevante.

El tribunal acreditó que el acusado disparó por la espalda contra una persona que se alejaba y, al día siguiente, fue detenido con más de un kilo de marihuana destinada a la venta. Las penas deberán cumplirse efectivamente.

El tribunal concluyó que la cobertura de “Contigo en la Mañana” sobre la formalización de Manuel Monsalve fue profesional, contextualizada y no difundió contenidos sensacionalistas ni “detalles escabrosos”. Además, estimó que el CNTV no acreditó un riesgo concreto para la formación de los menores.

El tribunal acreditó que los acusados participaron en ataques contra predios forestales de Lautaro, Temuco y Chol Chol, donde incendiaron vehículos e instalaciones, retuvieron a un trabajador y sustrajeron una camioneta y herramientas. Fueron absueltos de los delitos de porte de armas y disparos injustificados por falta de certeza sobre su participación individual.

El tribunal concluyó que la universidad incurrió en una omisión ilegal al no responder durante más de dos años un requerimiento formulado por la Corte Suprema dentro del procedimiento de juramento del recurrente, impidiendo la prosecución normal del expediente y vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley.

El tribunal estableció que el demandado ejercía actos de tenencia, custodia y cuidado sobre el animal, por lo que deberá pagar $670.000 por gastos médicos y $1.000.000 por daño moral.

La Corte de Santiago mantuvo el reconocimiento de la demandante como heredera con mejor derecho y ordenó cancelar la posesión efectiva concedida al Estado. Sin embargo, dejó sin efecto la restitución material de los bienes, porque la propia actora afirmó que siempre mantuvo su tenencia y administración.

El máximo tribunal descartó errores en la valoración de la prueba y estableció que quienes trabajan en una corporación municipal pueden ser considerados empleados públicos para efectos penales, aunque la entidad tenga naturaleza jurídica privada.

La Corte de Concepción rechazó el recurso de nulidad de la empresa y mantuvo la sentencia que acogió parcialmente la demanda de un trabajador por comisiones adeudadas y feriado proporcional. El fallo concluyó que la sentencia laboral estaba debidamente fundamentada y no vulneró las reglas de la sana crítica.

El máximo tribunal descartó vulneraciones de garantías, contradicciones en la valoración de la prueba y errores en la configuración de la alevosía. Los crímenes fueron cometidos en 2022, en la comuna de El Bosque.

El máximo tribunal mantuvo la condena por microtráfico al concluir que el intercambio directo de dinero por un objeto, observado por tres detectives en Plaza Victoria, constituyó un indicio suficiente para practicar el control de identidad. La decisión fue acordada con un voto en contra.

El tribunal concluyó que la prueba acreditó que el trabajador obtuvo una licencia médica mediante pago a través de una plataforma de WhatsApp, conducta que configuró una falta de probidad y justificó su despido conforme al artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo.

Concluyó que la facultad para disponer la apertura de un camino privado interior sólo puede ejercerse en los casos y bajo las condiciones expresamente previstas por la ley, las que no concurrían en la especie.

Concluyó que la falta de una descripción exacta de la porción de terreno ocupada en la demanda no impide acoger la acción cuando dicha parte queda suficientemente individualizada durante el juicio y el ocupante carece de un título que justifique su ocupación.

Concluyó que la teoría de la posesión inscrita impide adquirir por prescripción un derecho de aprovechamiento de aguas mientras subsista la inscripción vigente del titular, pues la posesión de ese derecho solo se adquiere mediante la correspondiente inscripción.