Judicial

Reafirma que, existiendo plazo contractual expreso, los intereses penales deben devengarse desde la mora del deudor y no desde que la sentencia queda firme, privilegiando la fuerza obligatoria del contrato y las reglas civiles sobre indemnización por incumplimiento.

Establece que, si el convenio colectivo regula expresamente la base de cálculo del incremento legal por despido improcedente, debe estarse a la voluntad colectiva, siempre que el resultado global sea más favorable para el trabajador.

Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio por acreditado que el acusado ingresó al domicilio de su vecina, la amenazó con un cuchillo y sustrajo joyas y dinero, descartando la versión defensiva y ordenó el cumplimiento efectivo de la pena. El relato de la víctima fue coherente, persistente y plenamente corroborado por testigos y otros antecedentes probatorios.

Ratificó sentencia que acogió el lucro cesante, mantuvo indemnizaciones por daño moral y daño emergente y confirmó la responsabilidad civil derivada del accidente que dejó al ciclista con una discapacidad severa del 90%, pese a establecer una exposición imprudente de la víctima al conducir sin elementos de seguridad

Desestimó por manifiesta falta de fundamento el recurso de casación en el fondo interpuesto por la aseguradora y dejó a firme la condena al pago de $13.750.566.- por la pérdida de una camioneta robada desde la playa El Abanico, al concluir que el asegurado actuó con la diligencia exigida por el contrato y que el siniestro estaba cubierto por la póliza.

Declara improcedente que los tribunales concedan intereses y reajustes cuando ello no ha sido pedido por las partes, al estimar que dicha práctica vulnera el principio de congruencia procesal y excede los límites del debate fijado en la demanda y la apelación.

El Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio por acreditado que el acusado ingresó a un domicilio utilizando llaves previamente sustraídas y sustrajo dinero en efectivo. Rechazó tesis de la defensa que buscaba recalificar los hechos como hurto simple y no como robo en lugar habitado, señalando que el ingreso al domicilio mediante llaves sustraídas configura el uso de fuerza en las cosas exigido por el artículo 440 N° 2 del Código Penal.

Reafirma que el acceso a la información pública no puede imponerse cuando su divulgación afecta derechos comerciales o económicos de una persona jurídica, al tratarse de antecedentes estratégicos que otorgan ventajas competitivas.

Rechazó el arbitrio deducido por la empresa demandada contra un fallo que la condenó a indemnizar por lucro cesante y daño moral a un trabajador accidentado, descartando interpretaciones divergentes sobre el artículo 184 del Código del Trabajo y la culpa del dependiente.

Acogió parcialmente el reclamo de una empresa constructora contra multas de la Inspección del Trabajo, reduciendo una sanción por falta de detalle en liquidaciones de remuneraciones, pero confirmó íntegramente la multa por infracción al régimen de jornada tras la Ley N° 21.561,

El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al acusado como autor del delito de robo con homicidio, estimando acreditada su participación a partir de prueba testimonial, pericial y registros audiovisuales, rechazando las alegaciones defensivas sobre duda razonable. El estándar de convicción más allá de toda duda razonable se tuvo por satisfecho a partir de una secuencia indiciaria coherente, persistente y concordante.

Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia en la causa seguida contra dos ciudadanos colombianos acusados de un violento asalto ocurrido en septiembre de 2023, en el que la víctima quedó con graves secuelas neurológicas y riesgo vital, tras ser golpeada reiteradamente incluso mientras permanecía inconsciente. Tribunal examinó la dinámica de los hechos, la participación de acusados, la prueba audiovisual y los efectos permanentes provocados en la víctima

Tribunal absolvió a uno de los acusados del delito de conducción bajo la influencia del alcohol por insuficiencia probatoria. Ordenó el cumplimiento efectivo de las penas por el robo. Descartó agravante de víctima adulto mayor y reconoció colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos

Dio por acreditado que el acusado disparó reiteradamente contra la víctima en la vía pública, provocándole la muerte por traumatismo abdominal balístico, y lo condenó, además, por porte ilegal de arma de fuego, respecto de este último delito, por mayoría, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo

Concluyó que la prueba rendida no permitió establecer certeza sobre un uso abusivo del carro lanzagua y descartó la existencia de tratos crueles o degradantes, absolviendo al imputado por unanimidad.

Confirmó la decisión de la Corte de Santiago que declaró admisibles los capítulos de una querella criminal deducida por la Fiscalía Regional de Los Lagos contra la ex ministra Ángela Vivanco Martínez, estimando que existen antecedentes plausibles para dar curso al antejuicio, sin adelantar pronunciamiento sobre el fondo de las imputaciones.

Descartó ilegalidad en el control de identidad realizado por Carabineros en Quilpué y sostuvo que la cantidad de droga, su dosificación y las circunstancias del hecho justifican la condena por tráfico de pequeñas cantidades y no por consumo personal.

Determina que, cuando se discute la existencia misma de una comunidad de bienes, la controversia debe resolverse mediante juicio ordinario y no por la vía sumaria, a fin de resguardar adecuadamente el debido proceso y el derecho de defensa.

Confirma que la autoridad actuó dentro de sus competencias al sancionar a un sostenedor municipal por no garantizar la continuidad del servicio educativo, descartando ilegalidades en la fiscalización y en la valoración de los antecedentes administrativos.

Confirmó la existencia de actos contrarios a la buena fe en una campaña de portabilidad, pero acogió parcialmente la casación en el fondo al estimar improcedente la condena por lucro cesante, fundada en un informe económico privado indebidamente valorado.

Estimó que el tribunal de alzada incurrió en extrapetita al ordenar el pago de intereses no solicitados, reafirmando el principio de congruencia procesal en juicios de indemnización derivados de contratos de seguro.

Reafirma que la anulación posterior del documento y el pago efectuado al cedente no afectan los derechos del cesionario cuando la factura fue irrevocablemente aceptada y cedida conforme a la Ley N° 19.983.

Respaldó decisión del Juzgado de Garantía de San Carlos al considerar que no se cumplían los requisitos subjetivos para otorgar la remisión condicional, debido a los antecedentes penales previos del imputado

Tribunal de alzada revocó parcialmente un fallo de primera instancia y condenó solidariamente a las demandadas a pagar $10 millones por daño moral, al acreditarse que los defectos constructivos afectaron de manera seria la vida cotidiana y el bienestar familiar de los propietarios.

Dejó sin efecto decisión del CPLT y rechazó la entrega de actas e informes del Comité Anti-Elusión, al estimar que su publicidad vulnera el secreto tributario y los derechos de terceros contribuyentes los que están protegidos por el secreto tributario, al involucrar procesos de fiscalización y datos sensibles de terceros contribuyentes.

Resolvió que la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales debe cumplir la cláusula de indemnización a todo evento pactada en un contrato colectivo de 2021, pese al traspaso del servicio educacional al SLEP Magallanes, rechazando además la excepción de falta de legitimación pasiva.

Concluyó que el Rol Único de Causa cumple una función meramente identificatoria y que su entrega no vulnera la Ley de Transparencia ni la normativa sobre protección de datos personales, reafirmando el principio de publicidad de las actuaciones judiciales.

Ratifica la aprobación condicionada del nuevo sistema tarifario de Transbank y respalda el estándar aplicado por el TDLC, destacando que la revisión jurisdiccional no puede sustituir el análisis técnico-económico en mercados regulados de libre competencia.

Reafirmó que el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil no distingue según el origen contractual de la obligación y que el juez no puede exigir, en esta etapa, un juicio declarativo previo para acreditar su existencia.

Descarta incumplimientos al reglamento interno del establecimiento y enfatiza que la autoridad debe acreditar de manera efectiva la infracción antes de imponer sanciones administrativas en materia de seguridad escolar.