Laboral

El texto, donde los diputados advierten las actuales críticas al sistema de pensiones, fue remitido al Senado, para su segundo trámite.

Cabe recordar que el Fisco dedujo recurso de nulidad invocando como causal la del artículo 477 del Código del Trabajo.

El Tribunal de alzada ordenó a la sociedad Blanco y Negro a pagar $370.621.887 al jugador, por concepto de lucro cesante.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

La sentencia fue recurrida de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Indica el fallo que queda de manifiesto que el sentenciador del grado no yerra al aplicar la norma invocada.

La sentencia sostuvo que "…efectivamente existió una relación laboral regida por el Código del Trabajo entre la Ilustre Municipalidad de Purranque y el demandante, continua e ininterrumpida…”.

La sentencia concluye indicando que también accederá́ a la demanda de nulidad del despido, en cuanto tal acción es plenamente compatible con el despido indirecto.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Muñoz y de la Ministra Chevesich.

En primera instancia se decidió que el Ministerial de Salud de la Región Metropolitana incurrió en actos de acoso laboral en perjuicio de la denunciante.

Concluye la sentencia señalando que no corresponde excluir a un servicio del Estado de su responsabilidad en la materia en análisis, fundado en su naturaleza de órgano público.

La sentencia sostiene que las medidas de seguridad implementadas por la empresa respecto a la labor que realizan los vendedores de custodia y traslado de dineros, son insuficientes para resguardar en forma eficaz la vida y salud de los mismos.

Se dedujo amparo de acceso a la información pública contra la Dirección del Trabajo, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referida a las precalificaciones del requirente.

La demandante sostuvo que fue vulnerado su derecho constitucional reconocido en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental.

Cabe recordar que en contra el referido fallo, el recurrente interpuso recurso de nulidad en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.

La demandada dedujo recurso de nulidad contra la referida sentencia y corresponderá ahora que sea resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Cuarta Sala del máximo Tribunal rechazó la acción judicial presentada en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la multa de 100 UTM que debe pagar la empresa en beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Corresponde ahora que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva el recurso de nulidad interpuesto.

La Corte de Santiago elevó a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) la indemnización que debe pagar el Estado de Chile.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Blanco, quien estuvo por rechazar el recurso e unificación de jurisprudencia.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de nulidad en contra una sentencia del Juzgado de Letras de la ciudad.

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por parte de una profesora de historia.

La soldado en cuestión se desempeñaba como secretaria en el Centro Clínico Militar de Punta Arenas.

El recurso de nulidad laboral deducido por el demandante se fundó en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.

La CS desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán.

El Juzgado de Letras de Lautaro acogió la reclamación deducida dejando sin efecto la multa impuesta.

La CS declaró inadmisible un recurso de unificación de jurisprudencia y ratificó la sentencia impugnada que rechazó el desafuero sindical de dos dirigentes.

La sentencia se encuentra recurrida de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

La sentencia se encuentra recurrida de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.

La Corte Suprema expone que el Decreto Ley N° 2.200 de 1978, que regía la situación de la actora, no contemplaba el tope de las noventa unidades de fomento.