Tribunal Constitucional

La requirente sostiene que el precepto genera efectos inconstitucionales, al impedir que se conceda una orden de no innovar con el fin de evitar el cumplimiento de una sentencia que podría afectar sus derechos.

La decisión se basó en la protección de la integridad psíquica y el derecho a la tutela judicial efectiva de los menores trans. Fallo declara inaplicables artículos de la Ley de Identidad de Género. Hay votos disidentes que argumentan la validez del criterio de edad en la ley.

El requirente sostiene que se vulnera el debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, desde que frente a un incumplimiento menor se ha decretado la resolución de un contrato de cesión de derechos.

El requirente sostiene que se vulneran la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y el ejercicio del derecho a defensa y el derecho a la seguridad jurídica.

El precepto impugnado no infringe garantías, sino que las proporciona, al establecer categorías claras de hechos que configuran el mal comportamiento de los jueces, los cuales deben ser probados.

La Magistratura sostuvo que la convalidación y nulidad del despido son herramientas legítimas, cuya finalidad es asegurar el pago de cotizaciones previsionales, con base en la protección constitucional al trabajo y a la seguridad social.

El precepto impugnado establece la improcedencia de todo recurso procesal en contra de la sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad.

La requirente sostiene que el precepto impugnado autorizó a la Corte Suprema a soslayar el vicio de la notificación, cuando en rigor debió haberse anulado lo obrado y ordenado notificar debidamente a la sociedad demandada.

La Magistratura sostuvo que la percepción del bono constituye una mera expectativa, que se concreta únicamente si se cumplen los supuestos que la Ley N°19.531 regula de antemano, y que la requirente ha podido conocer.

La requirente sostiene que los preceptos impugnados contienen una sanción indefinida y que implicaría una expropiación patrimonial, al elevar injustificadamente los costos del juicio.

Acoge requerimiento contra artículo del Código Orgánico de Tribunales por vulnerar igualdad ante la ley y libertad de trabajo. Considera que el requisito de "buena conducta" permite interpretaciones arbitrarias y discriminatorias, estableciendo un estándar más exigente para el acceso que para el ejercicio de la profesión.

La requirente plantea que el precepto impugnado resulta contrario al debido proceso, puesto que estaría dando cabida a privilegiar la situación procesal del adjudicatario, al evitarle un juicio declarativo.

Considera que la disposición no vulnera principios constitucionales. No contraviene el principio de igualdad, es proporcional, tiene una finalidad legítima y no afecta el debido proceso ni las facultades judiciales.

La requirente sostiene que de aplicarse el precepto legal impugnado, el juez de fondo verá severamente limitada su capacidad de actuar con justicia, ya que no podrá considerar en toda su amplitud las características del caso.

La requirente cuestiona que la capitalización mensual de intereses impone un gravamen excesivo, a pesar de que el trabajador recibirá íntegramente los montos adeudados, debidamente reajustados y con intereses.

Los mecanismos legales ya existentes para asegurar el pago de cotizaciones previsionales son suficientes, por lo que la capitalización mensual de intereses desborda los límites de razonabilidad, afectando el derecho de propiedad del empleador deudor.

El derecho de defensa, el debido proceso debe asegurar el derecho a un recurso ordinario eficaz mediante el cual el tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho, por lo que no se pueden establecer restricciones que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo, tales como no suspender el cumplimiento de la sentencia estando pendiente el conocimiento y fallo del recurso de casación en el fondo.

El requirente sostiene que se vulneran derechos fundamentales de los trabajadores públicos al verse privados de la estabilidad laboral y de una adecuada protección contra despidos arbitrarios, por ello se debe revisar la normativa cuestionada y adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar condiciones de trabajo dignas y justas para todos los empleados públicos y garantizar así la soberanía, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la carrera funcionaria.

No existe prohibición constitucional para que el legislador establezca cargas probatorias, excepto en materia criminal y la norma busca equilibrar la relación entre entidades financieras y usuarios, considerando que el banco está en mejor posición para probar las operaciones. No impide la defensa del banco, que aporte pruebas para demostrar que una operación fue autorizada por el usuario. Asimismo, es consistente con principios generales del derecho civil, como la presunción de culpa contractual y la carga de probar la extinción de obligaciones.

La atribución que las normas cuestionadas otorgan a los Jefes Zonales de calificar a Oficiales Superiores y Jefes que no sirven bajo sus órdenes inmediatas, se distancia de un proceso de calificación objetivo e imparcial, lo que es contrario a un Estado Democrático de Derecho, porque la calificación termina gobernada por la subjetividad que conlleva la mediatez, cuando la igualdad ante la ley y el debido proceso exigen que quienes califiquen lo hagan bajo una institucionalidad que garantice la inmediatez.

La requirente sostiene que el régimen recursivo restringido que establece el precepto impugnado vulnera el debido proceso al excluir la apelación en materias regidas por el Derecho común.

La requirente sostiene que los preceptos objetados permiten reducir la pensión, que es precisamente el motivo de la impugnación. Argumenta que estas normas no deberían permitir tal reducción, porque vulneran el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y permiten la arbitrariedad desde que el recálculo es arbitrario e insuficientemente justificado.

La requirente sostiene que se le niega el derecho a reclamar a la Corte de Apelaciones en contra de una decisión del CPLT que ordenó entregar información que está obligada a proporcionar a la CMF, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de propiedad.

Diputado Lagomarsino cuestiona norma que restringe acceso a educación especial para adultos con discapacidad visual adquirida. Afecta a 14 alumnos mayores de 26 años que fueron egresados de instituto especializado sin completar su programa, y que alegan vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la educación.

La Magistratura concluyó que la aplicación de la norma impugnada vulnera el principio de proporcionalidad, pues permite que la deuda se incremente hasta cinco veces su monto original.

Constituyendo la causal en examen una norma de abstención, de carácter ético, de derecho estricto y por ello preventiva, la circunstancia de ejecutar la conducta prohibida cuya sanción es la cesación en el cargo representativo, ello no conduce a tener que probar, si en el hecho hubo una confrontación entre el interés personal del parlamentario y el interés público que éste debe resguardar.

Los disidentes sostienen que, aunque la finalidad disuasiva o indemnizatoria del interés penal puede ser legítima, su aplicación no puede justificar la afectación de derechos fundamentales.

La Magistratura Constitucional sostuvo que, a través de una oposición restringida, se evita desvirtuar la naturaleza del juicio ejecutivo, impidiendo al ejecutado trasladar discusiones que deben darse en un procedimiento de lato conocimiento.

La requirente cuestiona la decisión de excluir los incidentes del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil de la suspensión del procedimiento, alegando que la falta de emplazamiento legal vulnera el debido proceso y puede causar graves consecuencias, como el embargo de bienes sin una notificación válida.

La restricción de excepciones en sede ejecutiva responde a una finalidad constitucionalmente legítima: la protección del trabajo y la eficacia de su tutela judicial.