Acciones de Amparo y Protección

El tribunal confirmó que la elaboración de listados con sanciones disciplinarias constituye tratamiento de datos personales, cuya divulgación está prohibida cuando las sanciones se encuentran cumplidas o prescritas

Se dejó sin efecto la destitución de una profesora que viajó a Perú mientras se encontraba con licencia médica, tras concluir su jornada laboral y en vísperas del receso de Fiestas Patrias, al concluir que la Corporación Municipal de Renca no justificó cómo dicha conducta constituía una infracción grave a la probidad ni ponderó circunstancias como su horario de salida y sus 34 años de servicio.

Refuerza el deber de la Administración de resolver dentro de plazos razonables y advierte que la dilación injustificada puede afectar derechos fundamentales de los funcionarios públicos.

El tribunal de alzada dejó sin efecto el arresto domiciliario nocturno y la suspensión de licencia de conducir, al establecer que no pueden imponerse medidas cautelares sin solicitud previa de los intervinientes.

Se consideró ilegal y arbitrario que la universidad sancionara a un estudiante por tomar fotografías en una sala de clases mediante un protocolo de acoso sexual, pese a reconocer que la conducta no constituía ese tipo de infracción, reconduciendo luego el reproche a normas generales de convivencia, con vulneración del debido proceso y la igualdad ante la ley.

El actor, egresado de un magíster con etapas finales pendientes, buscó incorporarse a un plan de cierre tras el término del programa, pero la universidad condicionó su matrícula al pago del arancel y de una deuda superior a $4,7 millones. La Corte estimó que se trataba de una etapa académica pendiente sujeta a requisitos válidos, descartando ilegalidad.

El tribunal descartó vulneraciones actuales de derechos fundamentales, al constatar que los contenidos fueron eliminados, aunque instruyó a los medios abstenerse en el futuro de divulgar antecedentes que permitan identificar a niños, niñas y adolescentes.

Rechazó el recurso de protección, reafirmó la autonomía de la responsabilidad administrativa y validó el procedimiento disciplinario que culminó con la destitución por infracción grave al principio de probidad. Descartó vulneración de principio "non bis in ídem" y falta de competencia de la autoridad que ejerció la potestad disciplinaria

El máximo tribunal validó la sanción al estimar que el uso de licencia médica para fines particulares vulnera gravemente el principio de probidad, descartando ilegalidad en el procedimiento disciplinario

El máximo tribunal concluyó que la medida fue decretada fuera de los supuestos legales, al no encontrarse los imputados cumpliendo una pena efectiva, y estimó que se vulneró ilegalmente su libertad personal

El tribunal descartó ilegalidad en la reprogramación por falta de integración de sala y sostuvo que la internación provisoria no deriva de dicha decisión, aunque instruyó adoptar medidas para fijar prontamente nueva fecha de juicio.

Aunque la publicación original fue lícita, su mantención sin contexto actual deviene arbitraria cuando el proceso penal ha concluido favorablemente para el afectado. Se ordenó la actualización de las noticias para compatibilizar la libertad de información con el derecho a la honra.

El tribunal validó sanciones del CPLT por incumplimientos en transparencia activa y descartó vulneraciones al debido proceso y a la honra de los funcionarios

Concluyó que la medida es legal, descartó ilegalidad en la notificación roja de Interpol, la extradición sigue vigente y la prescripción debe discutirse en sede penal, no en vía cautelar.

Sostuvo que el recurso de protección no es la vía idónea para cuestionar el mérito de una sanción disciplinaria adoptada en un sumario regularmente tramitado. En el caso, se estableció que la funcionaria se presentó a trabajar en evidente estado de ebriedad, con signos como olor etílico, lenguaje incoherente y dificultades para desplazarse, afectando el desempeño de sus funciones y el ambiente laboral.

Estableció que no se justificó adecuadamente la decisión de rebajar de grado a un funcionario con más de 16 años en funciones de jefatura, al omitir la evaluación de su idoneidad, calificaciones y trayectoria. La invocación genérica de “necesidades institucionales” no satisface el estándar de motivación exigido, afectando sus remuneraciones y desconociendo la expectativa legítima generada por su prolongado desempeño.

El máximo tribunal concluyó que no existe riesgo vital actual y que ordenar el financiamiento implicaría sustituir decisiones de política pública sanitaria. La acción de protección no puede transformarse en una vía para imponer la cobertura de fármacos no incorporados a las garantías explícitas en salud ni a los programas extraordinarios de financiamiento, cuando no existe peligro actual para la vida de la paciente.

Consideró "caprichoso e injustificado" el doble cobro de un crédito social por Cajas de Compensación y arbitraría la falta de notificación previa al deudor lo que vulnera el derecho de propiedad

El máximo tribunal estableció que la resolución que decretó la prisión preventiva no justificó adecuadamente la medida cautelar ni respondió a los argumentos de la defensa. Restableció el arresto domiciliario total para imputado por cultivo de cannabis y microtráfico

Calificó de ilegal y arbitraria la negativa del centro médico, al exigir autorización de la conviviente civil no contemplada en la ley. Voto en contra; recurso de protección no es la vía idónea para obtener la documentación solicitada, existiendo procedimientos ordinarios específicos.

Calificó de ilegal y arbitraria la reducción unilateral de cobertura, al poner en riesgo la vida e integridad del menor y desobedecer una sentencia previa.

Declaró ilegal y arbitrario el rechazo de AFP Provida, al exigir requisitos no contemplados en la ley para acceder al retiro de fondos bajo la Ley N°18.156

Dejó sin efecto resolución de la Superintendencia de Seguridad Social al estimar que no ponderó antecedentes médicos ni la realidad geográfica de la zona, calificando el rechazo como ilegal y arbitrario

El tribunal estimó que la instalación de cadenas y la alteración de cerraduras por parte de las recurridas constituyó una vía de hecho que vulneró el derecho de propiedad de los actores, al impedirles el uso y goce del inmueble común.

Tribunal descartó ilegalidad y doble juzgamiento, señalando que la medida busca evitar decisiones contradictorias y corresponde a una actuación intermedia dentro de un procedimiento aún en curso.

Estableció que la Municipalidad de Talca incurrió en un actuar arbitrario al descontar remuneraciones a docentes sin verificar individualmente la inasistencia, vulnerando su derecho de propiedad y ordenó la devolución íntegra de los montos descontados

Tribunal acogió recurso de protección y ordenó dictar un nuevo acto fundado, al estimar que la sanción disciplinaria fue adoptada sin una adecuada motivación, al no ponderar los antecedentes médicos ni las circunstancias del caso, ni justificar la proporcionalidad de la destitución, configurándose un actuar arbitrario que vulneró la garantía de igualdad ante la ley

El máximo tribunal validó la sanción disciplinaria al estimar que se ajustó a la normativa interna, descartando vulneración del debido proceso y extemporaneidad de la apelación

Concluyó que la entidad incurrió en una omisión ilegal al negarse a reintegrar dineros pese a no contar con autorización judicial para suspender la restitución, vulnerando el derecho de propiedad de la clienta

La Corte estableció que la interposición de acciones ante el Juzgado de Policía Local no exime a la entidad financiera de su obligación legal de restituir provisoriamente los fondos defraudados, cuando no existe una resolución judicial que suspenda dicho deber, calificando como ilegal la negativa del banco y reafirmando la protección del derecho de propiedad de los usuarios frente a fraudes electrónicos.