Acciones de Amparo y Protección

El recurrente sostuvo que su título de dominio le otorga el derecho de propiedad sobre el inmueble que ocupa y en caso alguno, puede ser privado de ello.

Si lo que se alega es la procedencia o no del cobro del saldo, corresponde realizarlo en un juicio de lato conocimiento.

El fallo concluye acogiendo el recurso en cuanto se deberán tomar medidas adicionales adecuadas para resguardar la salud de los vecinos.

El recurrente alegó la vulneración de las garantías contenidas en el artículo 19 N°4° y 5° de la Constitución Política.

El fallo sostiene que el acto administrativo censurado claramente resultaba ilegal y arbitrario.

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió la acción de protección, decisión que fue confirmada, en todas sus partes, por la Corte Suprema en alzada.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Aránguiz, quien estuvo por revocar el fallo en alzada.

La recurrente alegó que el acto es ilegal y arbitraria y que vulnera gravemente el derecho a igualdad ante la ley.

Estimó el recurrente vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y a desarrollar libremente una actividad económica.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Pierry y Valderrama, quienes estuvieron por revocar el fallo en alzada.

Concluye el fallo expresando que la resolución N° 66 del Consejo de Rectores reviste el carácter de arbitraria.

El fallo concluye expresando que el acto reprochable descrito vulnera el derecho de propiedad del actor.

El fallo concluye expresando que dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada.

Los recurrentes estiman vulnerados los numerales 1º y 8º de la Carta Fundamental.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de recurso de protección; decisión confirmada unánimemente por la Corte Suprema.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Egnem y el abogado integrante Lagos, estuvieron por confirmar el fallo en alzada, en virtud de sus propios fundamentos.

La ADFEM estima que se vulneró lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

La recurrente aduce que se han realizado incansables esfuerzos por parte del municipio, con el objeto de trasladar al recurrido al ELEAM.

La decisión fue acordada con el voto en contra de las Ministras Sandoval y Egnem, quienes estuvieron por confirmar el fallo impugnado.

La sentencia fue recurrida de apelación y se encuentra en estado de acuerdo ante la Excma. Corte Suprema.

Señala el fallo que la recurrida, en uso de la facultad que le confiere el artículo 53 de la Ley N° 19.880, invalidó la resolución (“ordinario”) ilegal y arbitraria.

La Corte expresa que, de la lectura del recurso aparece que los recurrentes tomaron conocimiento cierto de la intervención en el mes de abril de 2015.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de protección interpuesto en favor de un estudiante de enseñanza básica.

La sentencia fue apelada y se encuentra en estado de acuerdo ante la Corte Suprema.

se expone que la actuación de la recurrida ha vulnerado -respecto de la sociedad anónima en favor de la cual se recurre- la garantía establecida en el número 2° del artículo 19 de la Constitución Política.

El fallo concluye manifestando que el recurrente de autos fue juzgado y sancionado por una comisión especial manifiestamente inepto para aquellos fines.

Las exigencias suplementarias formuladas en la resolución del recurso de reconsideración, por la Directora de la Escuela de Derecho de la recurrida, constituyen un acto arbitrario, indica el fallo.

El recurso de protección fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago y ordenó su notificación a la recurrida para que informe.

Se dedujo acción de protección en contra de la Directora de Obras de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre.

Conforme los antecedentes allegados al recurso la actuación de la recurrida no puede sino reputarse ilegal y arbitraria, indica el fallo.