Acciones de Amparo y Protección

el tratamiento de la actora debe “asimilarse en sus obligaciones, beneficios y derechos a los empleados públicos y, en consecuencia, la trabajadora tiene derecho a la protección a la maternidad prevista en los artículos 194 y siguientes del Código del Trabajo”.

“La naturaleza propia de la acción recién aludida, y el procedimiento dispuesto para su tramitación, determinan que ella no constituya la vía idónea para revisar la procedencia o improcedencia de lo actuado en un juicio, y en el presente caso, es la acción a través de la cual pretende el recurrente se deje sin efecto la audiencia especial y la medida decretada”

“Para que pueda prosperar la acción cautelar interpuesta, es necesario que los hechos que le sirven de fundamento puedan ser calificados de acciones u omisiones arbitrarios e ilegales, el presente recurso no puede prosperar, toda vez que como se ha venido demostrando tal calificación no es posible hacerla en el caso de la especie, puesto que de los antecedentes que obran en autos, no se evidencia que concurra ninguna de dichas circunstancias, más aún cuando la solicitud de crédito al Banco recurrido, constituye para el recurrente sólo una mera expectativa”.

“El problema que motivó el recurso de protección ha sido resuelto por la propia entidad recurrida, puesto que saco de su página web la noticia que estaba en el servidor que administrativa la recurrida, de tal suerte que en la actualidad no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar, lo que determina que la acción cautelar deba ser desestimada por dicha precisa razón”.

“Apareciendo de los antecedentes que en el lugar residen comuneros, además de los que poseen títulos, los que no han sido desalojados y que en el lugar existe una sede social y una escuela, lo que indica ser todavía una “comunidad viva”, no es posible estimar que las visitas de los recurridos, constituya una actuación arbitraria e ilegal lo que impide establecer que se hubiere vulnerado la garantía prevista en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

“el acto realizado por los recurridos consistente en una ocupación del terreno de propiedad del recurrido importa y constituye una acción ilegal de autotutela pues a través de una vía de hecho se altera y lesiona una situación preexistente sin que exista habilitación legal o judicial para ello”.

“Queda de manifiesto que la negativa de la recurrida, madre de la menor, en vacunarla conforme al calendario de vacunas que ha establecido el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, ha sido ilegal, esto es contrario al ordenamiento jurídico, en el caso, al decreto exento N°6 de 29 publicado el 19 de abril de 2010 en el Diario Oficial, y arbitrario, por cuanto dicha negativa ha sido sólo por la voluntad o capricho de la recurrida. Además ha amenazado el legítimo derecho a la vida de la menor de autos, ya que al no ser vacunada, se encuentra expuesta a contraer enferm

“No corresponde otorgar Licencia Médica a quienes se ha diagnosticado que su salud es irrecuperable y además, no se han reincorporado al trabajo, lo que ocurre con el Recurrente según ha indicado su propio médico tratante y el Médico Contralor de su ISAPRE”.

“se encuentra vigente la licencia de enseñanza media científico humanista del demandante en tanto los tribunales ordinarios emitan su pronunciamiento jurisdiccional sobre la acción interpuesta”

“porque en esas condiciones y al tenor del artículo 6 de la Ley N° 19.628 el dato en cuestión adquirió al menos la categoría de dudoso a la luz de esa disposición, teniendo en consideración que dicho lapso de tiempo supera el previsto por la legislación procesal para exigir que se declare el abandono del procedimiento y excede también el que requiere el derecho sustantivo para obtener la declaración de prescripción de las obligaciones”.

“los trabajos de excavación en el deslinde con el inmueble vecino excediendo sus facultades contractuales y legales, sin tomar las medidas mínimas de seguridad, infringiendo, además, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.

“la autoridad está facultada para establecer semestralmente los turnos de las farmacias de su territorio, los que serán obligatorios, notificándose a los directores técnicos de las farmacias, para su cumplimiento, y sin que ninguna farmacia –en principio- pueda eximirse de los turnos fijados”.

una “construcción en esas condiciones constituye una amenaza al tranquilo goce del derecho de dominio de la recurrente y, amenaza también afectar su derecho a la integridad física”.

“supone una actividad, obra o proyecto efectivamente materializado, y que la supuesta contaminación sea además consecuencia de dicha resolución, cuestión que no se encuentra acreditada en la especie”.

“establece perentoriamente que los contratos con fines turísticos que se hubieren celebrado con anterior a la dictación de la Ley N° 20.423 continuarán vigentes y se extinguirán de conformidad con la normativa aplicable”.

“el acto realizado por los recurrentes consistente en una ocupación del terreno de propiedad del recurrido importa y constituye una acción ilegal de autotutela pues a través de una vía de hecho se altera y lesiona una situación preexistente sin que exista habilitación legal o judicial para ello, debiendo en consecuencia ser calificada como arbitraria y atentatoria de la garantía cautelada en el artículo 19 Nº 24° de la Constitución Política de la República”.

“las decisiones que se han emitido por la autoridad administrativa y que tienen como base la suscripción, por parte de la amparada, del contrato de trabajo inefectivo, son desproporcionadas en relación con la naturaleza, gravedad y ámbito de la infracción cometida. Ello torna en ilegal y arbitraria la decisión de revocar el permiso de permanencia definitiva de la amparada y, consecuencialmente, la orden de salida y posterior decreto de expulsión”.

“es claro que los Estatutos que rigen las relaciones de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales con sus miembros no contempla en su régimen sancionatorio la medida de restitución de dineros adeudados. Por el contrario, acertadamente los Estatutos prevén que la responsabilidad civil debe ser perseguida ante los tribunales ordinarios”.

“la negativa de la entidad recurrida en orden a expedir la documentación que las recurrentes necesitan para la obtención del título profesional, habiendo cumplido con la malla curricular impuesta para la carrera de Pedagogía General Básica, Licenciado en Educación, entre los años 2003 y 2008, y habiendo aprobado los exámenes finales a mediados del año 2010, tal conducta constituye una conducta arbitraria por parte de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, desde que manifiestamente aparece desprovista de una adecuada fundamentación racional”.

“En el contexto de lo ya señalado, si la Resolución que ordena la baja inmediata cumple todos sus efectos desde el momento de su dictación, no se divisa una explicación lógica para la instrucción de un sumario o investigación por parte de la Institución, dado que se estaría aplicando la sanción antes que se lograra determinar la responsabilidad funcionaria, evidenciándose el carácter de condicional que tiene la misma resolución”.

“ha de cautelarse por esta vía proteccional los actos que de tal presunción emanan, esto es, debe mantenerse el statu quo precedente mientras no se determinen y declaren por los tribunales competentes los derechos que a cada parte corresponden, toda vez que por la acción del recurrido se perturba el derecho de dominio de la recurrente puesto que se le impide ejercer debidamente los derechos de uso y goce inherentes a éste”.

“la decisión recurrida resulta ilegal y arbitraria, pero que al contrario de lo sostenido por la actora, no afecta al derecho de propiedad pero sí al de igualdad ante la ley, pues como se ha fallado tantas veces, toda resolución administrativa que afecta a una persona y que es dictada con omisión de exigencias legales o reglamentarias, infringe dicha garantía, ya que discrimina a una persona respecto de todas las demás que sí quedan protegidas por la norma, la que lleva a acoger el recurso tal como se dirá en lo resolutivo”.

“no habiendo existido ilegalidad ni arbitrariedad en las actuaciones del Intendente recurrido que deban y puedan ser subsanadas mediante las facultades que el conocimiento de esta acción otorga a esta Corte, la acción deducida no podrá prosperar, toda vez que ésta garantiza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República cuando éstos sean vulnerados –privados, perturbados o amenazados- mediante actuaciones positivas o abstenciones que sean ilegales o arbitrarias”.

“la recurrida ha sido objeto de sumarios sanitarios durante año 2009 y 2010, y que fue sancionada recientemente, por cuanto su actividad produce una alta contaminación acústica, que supera el límite establecido por la norma”

“Resulta ilegal ya que conculca la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República al obligar a los recurrentes a entregar antecedentes privados fuera de los casos contemplados por la ley”.

“Se tornó en ilegal y perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3, inciso 4º, de la Constitución Política de la República, pues de la manera en que el fiscalizador obró, tal actividad de la recurrida importa arrogarse facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia, esto es, de los juzgados del trabajo, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, en que la Inspección del Trabajo asumió, en la práctica, l

“asiste al amparado el derecho a gozar del beneficio de la media prescripción que consagra el artículo 103 del Código citado y, al no habérsele reconocido, se inhibió la posibilidad de disminuir la pena impuesta”.

“No se contó con un informe técnico que otorgue fundamentos a la decisión impugnada, y que contenga datos ciertos acerca del grado de congestión, específicamente en los centros de reclusión de la región, para en definitiva explicar por qué el traslado de un sentenciado de Rancagua en concreto y por qué mandarlo a Puerto Montt y no a una ciudad más cercana”.

“el artículo 33 del Código Procesal Penal autoriza al imputado requerido por el tribunal para ausentarse, comunicándolo y justificando su inasistencia, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible”

“En cuanto a que los hechos denunciados necesariamente deben ser conocidos por un Juzgado de Familia pues podrían constituir violencia intrafamiliar, estos sentenciadores la desestimarán teniendo para ello presente el tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el cual señala que la interposición de la acción constitucional de protección es sin perjuicio de lo demás derechos que se puedan hacer valer ante los tribunales correspondientes”.