Cartas al Director

Seguridad sí, pero con límites democráticos y respeto al Estado de Derecho.

La reforma constitucional que busca crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública plantea interrogantes sobre los límites de la excepcionalidad, el rol de las Fuerzas Armadas y la incorporación a la Constitución de materias propias de la legislación común. El desafío es enfrentar la criminalidad organizada sin convertir mecanismos extraordinarios en herramientas permanentes de gobierno ni debilitar los contrapesos del Estado de Derecho.

La discusión sobre nuevas facultades excepcionales del Estado obliga a aplicar un mismo criterio sin importar quién gobierne. Si una atribución parece riesgosa en manos del adversario político, también debería exigir límites, controles y contrapesos cuando la propone el propio sector.

La experiencia salvadoreña muestra resultados relevantes en reducción de homicidios, extorsiones y control territorial, pero también fuertes cuestionamientos por detenciones arbitrarias, restricciones de derechos y expansión penitenciaria. Frente a una eventual reforma constitucional de seguridad en Chile, el debate no solo pasa por replicar herramientas excepcionales, sino por evaluar sus límites jurídicos, controles institucionales y viabilidad operativa.

La reconversión laboral frente al avance de la inteligencia artificial puede ser necesaria, pero no debería traducirse en relegar a docentes y humanistas a funciones de soporte tecnológico. El verdadero desafío es incorporar su aporte ético, lingüístico y crítico en la construcción de un futuro donde la educación siga formando personas capaces de comprender, cuestionar y liderar el cambio.

La opinión cuestiona que un fenómeno definido por el propio Ejecutivo como estructural, persistente y progresivo sea enfrentado mediante un nuevo estado de excepción constitucional. Advierte que permitir restricciones a derechos fundamentales por hasta ocho meses antes de exigir una nueva autorización del Congreso puede desdibujar la frontera entre la excepcionalidad y el ejercicio ordinario del poder, cuando la respuesta principal frente al crimen organizado debiera descansar en instituciones permanentes y controles democráticos robustos.

La opinión aborda las investigaciones por presunta malversación de recursos públicos y lavado de activos vinculadas a exfuncionarios de Junaeb, parlamentarios y una empresa prestadora de servicios. A partir del caso, advierte sobre la captura de beneficios estatales por redes de intereses particulares y analiza el fenómeno desde la perspectiva del Public Choice, poniendo el foco en sus efectos sobre la confianza ciudadana.

La conmemoración del 18 de septiembre permite revisar el origen jurídico del proceso emancipador chileno. La opinión sostiene que la Primera Junta Nacional de Gobierno no significó una ruptura inmediata con la monarquía, sino una respuesta institucional fundada en la doctrina de la retroversión de la soberanía, que utilizó las propias herramientas del Derecho Colonial para enfrentar la crisis de poder y abrió el camino hacia la Independencia de 1818.

La opinión sostiene que la expansión del narcotráfico y del crimen organizado exige entregar al Ejecutivo facultades extraordinarias que permitan enfrentar con mayor eficacia fenómenos que, a juicio del autor, han superado las herramientas constitucionales y legales actualmente disponibles. Plantea que esas atribuciones deben ser acordadas por el Congreso y ejercidas dentro de la legalidad, descartando que su otorgamiento implique necesariamente una deriva autoritaria.

La salida de la ministra del Deporte reabre el debate sobre el tamaño y las prioridades del aparato estatal. La opinión plantea si materias como el deporte requieren una estructura ministerial propia o podrían radicarse en una subsecretaría, especialmente considerando el costo de oportunidad que implica destinar recursos públicos a áreas que compiten con necesidades consideradas esenciales, como salud y seguridad.

La Ley N°21.772 inicia una transformación del sistema notarial y registral al eliminar exigencias de intervención notarial en determinados trámites, incorporar herramientas digitales y reforzar la transparencia en tarifas y servicios. La reforma también modifica los mecanismos de nombramiento de notarios y conservadores, amplía la fiscalización y busca reservar la fe pública para aquellos actos en que resulte realmente necesaria para la seguridad jurídica.

La doctrina tradicional ha entendido que en la responsabilidad extracontractual cualquier grado de culpa basta para generar responsabilidad, lo que en la práctica puede conducir a exigir un estándar especialmente severo de diligencia. La opinión cuestiona esa lectura y sostiene, a partir de los planteamientos de Hernán Corral y Ramón Domínguez, que la culpa leve ofrece un criterio más razonable para determinar el deber general de cuidado en la vida social, sin disminuir la protección de las víctimas.

La Contraloría General de la República reafirmó que las asociaciones de municipalidades pueden desarrollar actividades comprendidas dentro de sus fines legales, pero no transformarlas en prestaciones remuneradas de servicios. El Dictamen D341/2026 extiende además las consecuencias de esa doctrina a las municipalidades que contratan y pagan esas prestaciones, advirtiendo que los funcionarios que omitan sus deberes de control podrían enfrentar responsabilidad pecuniaria si se produce un perjuicio al patrimonio municipal.

La Ley de Cementerios Laicos de 1883 representó un quiebre en la relación entre religión, Estado y costumbres funerarias al impedir que se negara sepultura por razones de credo. La columna recorre los antecedentes históricos y sanitarios que condujeron a su aprobación y destaca cómo la secularización de los cementerios contribuyó a fortalecer la tolerancia religiosa, la salubridad pública y el reconocimiento de una sepultura digna sin discriminación.

El proyecto de reforma constitucional que fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública y crea un nuevo estado de excepción busca entregar mayores herramientas al Estado frente al terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, la amplitud de algunas facultades propuestas abre interrogantes sobre sus efectos en garantías como la presunción de inocencia, la reserva jurisdiccional, la privacidad de las comunicaciones y el control democrático de las medidas excepcionales.

El acuerdo millonario alcanzado por Anthropic con un grupo de autores vuelve a poner en el centro la tensión entre inteligencia artificial y derechos de autor. Mientras en otros países comienza a reconocerse económicamente el valor de las obras utilizadas para entrenar modelos, Chile discute una reforma que ampliaría la excepción de minería de textos y datos, abriendo el debate sobre quién debe asumir los costos de la innovación y cómo compatibilizar desarrollo tecnológico con protección de los creadores.

El aumento sostenido de los Acuerdos de Unión Civil refleja cambios en la forma en que las personas organizan sus relaciones familiares y patrimoniales. Aunque la institución se ha consolidado como una alternativa legítima al matrimonio, el debate sobre eventuales usos vinculados a procesos migratorios plantea el desafío de reforzar los mecanismos de control sin afectar a quienes recurren de buena fe a esta herramienta jurídica.

A propósito del proyecto de reforma constitucional que busca incorporar expresamente la seguridad pública entre los deberes del Estado, la opinión revisa el pensamiento de Jaime Guzmán sobre esta materia y su vínculo con el bien común, los estados de excepción, la actuación de los tribunales y la protección de los derechos de las personas. Desde esa perspectiva, plantea que enfrentar la criminalidad exige fortalecer las instituciones y alcanzar acuerdos políticos capaces de entregar mayores condiciones de seguridad a la población.

La aprobación del proyecto que prohíbe las carreras de perros marca un nuevo avance en materia de bienestar animal al buscar prevenir prácticas asociadas a lesiones, estrés, dopaje, hacinamiento y abandono. La iniciativa también apunta a fortalecer la fiscalización y las sanciones frente a actividades que pueden desarrollarse vinculadas a apuestas clandestinas, evitando que la futura prohibición quede solo en una declaración formal.

La nueva distribución de las comisiones ordinarias del Congreso peruano para el período 2026-2031 configura un escenario de contrapesos entre oficialismo y oposición. Mientras Fuerza Popular y Renovación Popular controlarán áreas estratégicas en el Senado, la oposición logró imponerse en diez comisiones de la Cámara de Diputados, incluidas Constitución, Justicia y Acusaciones Constitucionales, espacios decisivos para la tramitación de reformas legales y constitucionales.