Judicial

“conforme a los hechos fijados en la instancia, el Estado de Chile es responsable por cuanto se ha demostrado la concurrencia de una falta de servicio por parte del establecimiento asistencial y la relación de causalidad entre aquella y el resultado dañoso”.

“es la respuesta legislativa frente a la insuficiente eficacia del recurso de protección para asumir ese rol en diversos aspectos, tales como la explicable falta de motivación de las personas, individualmente consideradas, para deducir un recurso de protección en resguardo del derecho a la libertad económica como un derecho de carácter general, al no sentirse afectadas en un derecho subjetivo que les concierna en lo particular”.

“como consecuencia de lo anterior los sentenciadores infringieron también los artículos 4 y 42 de la Ley N° 18.575 y 38 de la Ley N° 19.366 al dejar de aplicarlos al caso de autos”.

“la vulneración de las normas legales que invoca el recurrente sólo podría tener lugar al amparo de hechos diversos a los fijados soberanamente por los jueces del mérito en la sentencia atacada, por lo que al no haberse denunciado infracción a las leyes reguladoras de la prueba esta impugnación no podría prosperar”.

“es indubitado que el capital propio a que se refiere la Ley de Rentas Municipales –base imponible del impuesto de patente municipal- es determinado de acuerdo a las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta. De ahí su carácter de capital propio tributario, es decir, determinado con sujeción a las normas tributarias”.

“en materia tributaria la carga de la prueba corresponde al contribuyente, siendo éste quien debe desvirtuar las impugnaciones que le formula el organismo fiscalizador con pruebas suficientes tanto en la etapa administrativa como jurisdiccional”.

“una consecuencia del incumplimiento de un deber impuesto en el ordenamiento jurídico, tal como lo señalaron los jueces de fondo, quienes acertadamente se refieren a una responsabilidad objetiva por falta de servicio, es decir, no hacen alusión a un factor de imputación puramente objetivo, en el sentido doctrinario del término, sino que se refieren a él, como factor de imputación establecido en la ley”.

“pues en definitiva se actuó por parte del equipo médico dentro del estándar exigido en la atención de un parto con las características del desarrollado por la actora”.

para que el error antes anotado, que recae en una norma ordenatoria litis, permita invalidar lo decidido, es menester que coexista un yerro jurídico relacionado con la excepción de prescripción opuesta, es decir que de haberse permitido su interposición ésta hubiere prosperado”, cuestión que se resolvió no concurría “por haberse extraviado la contabilidad de la sociedad sin que ésta haya cumplido con la orden dada por el Servicio de reconstituirla y ponerla a su disposición”.

“exigencias de justicia correctiva llevan a concluir que no sea lógico ni coherente que se produzca un efecto patrimonial respecto de un período que procesalmente fue ineficaz”, agregando que desconocerlo implica “enfrentar principios tales como el de completa reparación del daño -en este caso el perjuicio tributario- y el de enriquecimiento sin causa”.

“hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte”.

“abandono de los deberes de administración y una prescindencia de los principios que deben orientar el desempeño de un gobierno corporativo”.

“la demanda de resolución resulta improcedente y en consecuencia al decidir su rechazo los jueces del fondo no han incurrido en error de derecho”.

“lo realmente discutido era la resolución anterior sobre la que se pronunciaba la decisión que formalmente era impugnada a través de esta vía, y respecto de aquélla existe recurso, precisamente el de reposición que fuera desechado”.

“recuperación constituye la compensación de un detrimento patrimonial sufrido por el pago de un impuesto sobre una utilidad que dejó de existir como tal”

“hechos constituyen para las menores un detrimento o perjuicio no patrimonial, producto de los atentados a su intimidad y para los padres de éstas, un perjuicio de afecto en cuanto han percibido los padecimientos de sus hijas con motivo de esos mismos hechos. Estos perjuicios no patrimoniales deben ser indemnizados”.

“no existe ningún desarrollo de las mismas, en orden a explicitar de qué forma el fallo recurrido las habría vulnerado, destinándose la presentación a efectuar una serie de afirmaciones genéricas sin mayor sustento ni explicación”.

“la sentencia acierta en que debió instruirse para su acreditación una investigación sumaria o sumario administrativo, sin que se haya afirmado por los jueces del grado que mientras ello sucediese no podía desvincularse al demandante de sus funciones y sólo hace presente que si esa era la situación el camino a seguir era el que contempla la ley para este tipo de casos”.

“una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley y los medios que planifica el reglamento para lograrlos.

“de manera adelantada certificados de aprobación de cursos a dos alumnos antes de que los finalizaran” y se superó el tope de alumnos por curso, además de que “seis postulantes de una de las sedes no cumplían con el requisito de ser titulares de licencia clase B con una antigüedad de a lo menos dos años, según lo exigían los planes de enseñanza de la Escuela”.

“para que el recurso de casación pueda prosperar es necesario que el vicio de que adolece el fallo tenga influencia sustancial en lo decidido, lo que en la especie no ocurre”, atendido que “la tardanza inexcusable de la Tesorería Regional de Antofagasta ha excedido todo límite de razonabilidad, contrariando diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración

“ello no constituye un obstáculo para privarlos de su típico carácter de actos mercantiles, por tener una empresa bancaria la calidad de parte interviniente en los mismos y constituir una de “las operaciones de banco” a que se refiere el Nº 11 del artículo 3º del Código de Comercio”.

“el plazo de prescripción ha de contarse desde la fecha de comisión de tales circunstancias según ya se indicó en el motivo anterior, en este caso desde los años 1981 y 1986, según corresponda a cada docente, por lo que a la fecha de notificación de la demanda, el 23 de marzo de 2001, la acción civil derivada de los hechos que la fundan se encontraba prescrita”

“antes de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del precepto en conformidad al artículo 94 de la Constitución Política, se desprende en forma inequívoca que la antedicha norma requería, al momento de resolverse la inaplicabilidad, de una aplicación posterior, la que precisamente no se produjo al haberse acogido los recursos, permitiendo la consiguiente declaración de nulidad de los procesos”.

“en el caso de autos no se ha denunciado por el recurso la infracción de normas reguladoras de la prueba por los sentenciadores del grado, circunstancia que impide revisar la actividad desarrollada por ellos en vinculación con aquéllas, y variar, por este Tribunal de Casación, los supuestos fácticos determinados y sobre los cuales recayó la aplicación del derecho sustantivo”,

El máximo tribunal estimó que no se configuraban faltas o abusos graves en la decisión impugnada y rechazó el arbitrio, resolución que fue adoptada con prevención del ministro Muñoz.

la posible correspondencia de aquellos antecedentes fácticos con las garantías fundamentales”, pero advierten “en ningún caso cuando se denuncian ilegalidades y exponen inconstitucionalidades que afectarían la igualdad ante la ley”, derecho que “podría verse afectado al impedir la intervención de la actora en el procedimiento administrativo destinado a revisar la legalidad de una licitación de la cual fuera marginada”.

“Por resolución administrativa se puso término al contrato de arrendamiento en virtud del cual detentaba el retazo de terreno del cual formaba parte el inmueble cuya devolución se solicita, ocupa esta última propiedad de manera irregular, sin título alguno, porque el existente expiró de la forma indicada”.

“la potestad sancionadora de la Administración en este ámbito se inserta en el campo del derecho administrativo sanitario, el cual presenta diferencias con el derecho punitivo ello sin perjuicio de encontrarse vinculado al principio de legalidad”

“la sentencia impugnada al resolver como lo hizo, vulneró el artículo 1545 del Código Civil, al privar de validez a un contrato que no ha sido dejado sin efecto, en relación con el artículo 831 del mismo Código que consagra la existencia de las servidumbres voluntarias”.