Judicial

“bajo ningún respecto pudieron los jueces del fondo incurrir en los yerros jurídicos denunciados que presuponen el vínculo contractual que no fue establecido”.

“resulta útil dejar consignado que la gestión de solicitud de extradición pasiva no constituye propiamente un juicio, pues no persigue acreditar la existencia del delito y determinar la persona del delincuente para imponerle una pena o absolverlo, sino que consiste en un mero “procedimiento” destinado a establecer la concurrencia de los requisitos que la hacen procedente, en lo relativo al sujeto extraditable, al delito y a la naturaleza y extensión de la sanción aplicable”.

“la obligación de señalizar adecuadamente las vías públicas que consagra para el municipio el artículo 26 letra c) de la Ley N° 18.695 comprende también la de señalizar toda calle, camino u otro lugar destinado al tránsito, entendido éste como el desplazamiento de peatones, animales o vehículos por vías de uso público".

"se advierte que si bien existe identidad en cuanto a la persona imputada, no puede decirse lo mismo en relación a los hechos materia de los procesos, ni hay constancia siquiera que haya recaído sentencia de término en el juicio que sirve de base a la cosa juzgada que se reclama, pues lo único que se ha esgrimido es la indicada resolución del tribunal de alzada cuya naturaleza difiere de la que exige la alegación de que se trata”.

“la sanción a la falta de congruencia tiene en su raíz la garantía que el mencionado principio significa para los litigantes y el límite que supone para el juez, otorgando seguridad y certeza a las partes al precaver una posible arbitrariedad judicial. Por lo mismo, constituye un presupuesto de la garantía del justo y racional procedimiento, que da contenido al derecho a ser oído o a la debida audiencia de ley”.

“el demandante solicitó el pago de daños patrimoniales únicamente como peticiones subsidiarias, las que fueron rechazadas por la sentencia, de manera que al otorgar el fallo también el pago de tales daños al resolver la petición indemnizatoria principal incurre en el vicio de nulidad formal de ultrapetita”

“la facultad de los jueces del mérito para calificar la gravedad, precisión y concordancia de las presunciones que permitan asignarles valor probatorio, actividad que en sí misma es ajena al control de legalidad que ejerce este tribunal de casación”.

“la alegación de fondo del recurso –se sancionó dos veces un hecho idéntico- carece de los supuestos fácticos que le sirvan de sustento”,

“a diferencia de lo que se afirma en el recurso, el fallo impugnado mantuvo los considerandos del fallo confirmado y agregó otros que contienen las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva en relación a la decisión de acoger la demanda interpuesta”.

“la alegación de fondo del recurso –que se pagó en dos ocasiones al demandado un mismo servicio- carece de hechos que le sirvan de sustento, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser establecidos pues no se ha denunciado ninguna infracción efectiva a las leyes reguladoras de la prueba que, eventualmente, habría podido otorgar facultades para ponderar las probanzas y concluir de modo diverso”.

“el recurso de casación presentado carece de los antecedentes de hecho que autorizarían aplicar los preceptos que se denuncian como infringidos y sobre los cuales se sustentaría la pretendida aplicación de las normas de responsabilidad del Estado en materia sanitaria”.

“jamás el documento aludido fue agregado a alguna de las instancias en la forma que prescribe la ley, es decir, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda, requisito que ha sido elevado a nivel de trámite esencial”

“dicho error no tiene influencia en lo dispositivo del fallo, como quiera que la demanda deducida no puede ser acogida por no concurrir los requisitos para su procedencia, a saber la existencia de hechos que puedan ser calificados como ilícitos por parte de la demandada”.

“virtud de dar curso progresivo a los autos por no constituir una manifestación de voluntad en orden a obtener la resolución del conflicto, pues sólo desde que se tienen por subsanados los errores de que adolecía el libelo pretensor y que se notifica tal resolución a los demandados es que nace para éstos el plazo para contestar la demanda y con ello se da origen a la etapa de discusión del procedimiento”.

“las Municipalidades tienen la obligación de advertir acerca de cualquier desperfecto que sus inspectores detectaren en las calzadas y aceras y comunicarlo a la repartición o empresa encargada de repararlas”.

“tal modificación sólo adquiere sentido en cuanto las sociedades de inversión y las sociedades de profesionales se encuentran gravadas con el impuesto establecido en el artículo 23 del D.L. N° 3.063, circunstancia cierta que llevó al legislador a precisar cuál era el domicilio a considerar cuando éstas desarrollaran sus actividades sin registrar un domicilio comercial”.

“correspondía reconocer a los reclamantes el derecho a que no les sean cobrados los intereses moratorios devengados durante el período de tiempo que comprendió el proceso inválido”.

“la calificación de “maliciosa” que emplea el legislador tributario y que pueda enderezarse respecto de una declaración de impuestos es solamente en su acepción de carácter administrativo y no exige acreditar dolo penal”.

la legislación que penaliza el lavado de activos, originalmente solo se aplicaba a hechos o conductas acaecidas en el territorio Peruano, situación que solo se modificó a partir de la ley N° 27.765, publicada el 22 de Julio de 2007. en cuanto a la doble incriminación, señaló que abrir cuentas corrientes y depositar dineros en ellas aun con la finalidad de ocultar esas operaciones, no eran constitutivas de delito en Chile en el año 1999, época en que la requerida efectuaba en Panamá las conductas que se le reprochan.

“debe estar en situación de sacar de la inactividad el procedimiento e impulsarlo a su término por medio de actuaciones útiles a tal fin, de lo contrario no se observa necesidad que persevere en la repetición de presentaciones que en nada conducirán a su término”.

“el criterio sostenido por la Contraloría General de la República invocado por la recurrente ha de ceder frente al de esta Corte Suprema, que no se encuentra vinculada por los dictámenes del órgano contralor de la Administración del Estado y que es la llamada a resolver el presente caso”.

"la reclamante se conformó con la decisión de primera instancia sobre el aspecto cuestionado y que ahora intenta revivir en el presente recurso”.

“no existe congruencia entre las alegaciones planteadas en el recurso de apelación y las que ahora fundamentan el recurso de casación en el fondo”

“para descartar tal reproche basta consignar que el criterio de dicho órgano fiscalizador invocado por la recurrente ha de ceder frente al de esta Corte Suprema, que no se encuentra vinculada por sus dictámenes y que es la llamada a resolver el presente caso”.

“no se observa que los jueces del fondo hayan alterado la carga de la prueba. Por el contrario, la actora fue quien probó el hecho constitutivo de la falta de servicio municipal”.

“debe colegirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil que si el actor estimaba que la existencia de un delito había de ser el fundamento preciso de la sentencia civil o que tuviera en ella influencia notoria, debía igualmente accionar civilmente dentro del plazo de prescripción contado desde la ocurrencia del hecho ilícito y solicitar la suspensión del procedimiento o tramitación de la causa hasta la terminación del proceso criminal”.

“el presente recurso al denunciar como infringidas normas que califica como reguladoras de la prueba, no señala que conforme a dicha infracción los hechos establecidos sean erróneos; por el contrario, éste discurre sobre la base de los mismos hechos establecidos por los jueces de grado”

“cada una de las infracciones que el recurrente endosa a la sentencia en cuestión se encuentran dirigidas a dotar a la prueba que la demandante aportó al juicio de la fuerza necesaria para acreditar la inexistencia de la inversión que se le atribuye, intentando negar su existencia”.

“no era lógico pensar que si el paciente estaba en buenas condiciones pasara en menos de diez horas a un estado de riesgo vital, por lo que presumieron que en el alta no se observaron las reales condiciones médicas y físicas del paciente ni los riesgos propios de la cirugía a la que fue sometido, calificando esta conducta de imprudente y descuidada y constitutiva de falta de servicio en la prestación médica post operatoria”.

“una resolución razonada y debidamente fundada”, por lo cual “sólo cabe concluir que no han incurrido los jueces en alguna de las conductas que la ley reprueba y que haga necesario el uso de las atribuciones disciplinarias de esta Corte”.