Judicial

“no proviene propiamente del contrato de suministro, sino que se trata de una obligación legal que alcanza a todos los usuarios que hayan visto interrumpido el suministro de energía eléctrica. Así las cosas, no ha habido una modificación a los contratos de suministro”.

“el criterio sostenido por la Contraloría General de la República invocado por la recurrente ha de ceder frente al de esta Corte Suprema, que no se encuentra vinculada por los dictámenes del órgano contralor de la Administración del Estado”.

“si el monto invertido en otros negocios o empresas debe entenderse en su sentido financiero, es decir, determinado conforme a los principios y prácticas contables, o bien debe entenderse en su sentido tributario, vale decir, determinado conforme a las normas establecidas por la Ley de la Renta en su artículo 41”.

“que, teniendo presente que ya se ha establecido en autos la responsabilidad civil del Estado, según se explicó en el considerando sexto de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la ley N° 19.123 y 19.980"

“el medio para interrumpir civilmente la prescripción es cualquier gestión que se haga por el titular de un derecho ante los tribunales a fin de poder gozarlo” y que “Para que haya interrupción deben concurrir los siguientes requisitos: demanda judicial; notificación legal de la demanda; que no haya desistimiento de la demanda o abandono de la instancia; y que el demandado no haya tenido sentencia de absolución”, pues de otra forma no podría operar la interversión de a prescripción.

“no puede identificarse la congruencia exigida en una decisión que concluye otorgando el pago de reajustes e intereses que fueron pedidos de una manera distinta”

“ha sido adoptado por la autoridad competente, respetándose las formalidades procedimentales y en una situación prevista en el ordenamiento normativo con arreglo al cual correspondía resolver el asunto en cuestión”

"para ser ocupado tanto por caminos como por canchas y depósitos minerales se debe someter irrestrictamente al cumplimiento del resto de la legislación aplicable, dentro de la cual está la ambiental a través de la Ley Nº 19.300 que establece un sistema de evaluación ambiental en zonas de interés turístico, por lo que la facultad que tiene el minero de hacer uso de una servidumbre no lo autoriza para que en su accionar lesione el medio ambiente".

“no resulta efectiva, la falta de resolución del asunto controvertido que alega la recurrente lo que se constata de la sola lectura de la sentencia impugnada”

“los jueces de la instancia han obrado con sujeción a la normativa legal aplicable al caso, al establecer la responsabilidad civil de la demandada, por falta de servicio, por no haber dado cumplimiento a la obligación legal de mantener las vías públicas de la comuna en condiciones de brindar un desplazamiento expedito y seguro a los transeúntes”.

“la norma decisoria litis, dados los planteamientos fácticos propuestos por la parte demandante, es el artículo 27 del Decreto Ley N° 3538 que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, y le otorga la facultad de sancionar a las sociedades anónimas que se encuentran sujetas a su fiscalización cuando infringen las leyes, reglamentos, estatutos y las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, norma que en parte alguna del recurso se da por infringida”

“ya que la ley no ha fijado un plazo especial de prescripción de la misma, por lo que prescribe en cinco años desde que se ha hecho exigible la obligación”.

“puede inferirse que el recurso se construye contra los hechos establecidos por los sentenciadores del mérito e intenta variarlos proponiendo otros que a juicio de la recurrente no estarían probados, esto es, que no hay manera de determinar, como lo hacen los jueces del fondo, cual es el sueldo mensual que percibe el dueño de un taxi colectivo”

“por aparecer de los antecedentes que lo debatido es una cuestión de interpretación legal, no es posible concluir que los jueces recurridos al revocar la decisión del Consejo Nacional de Televisión y dejar sin efecto la multa impuesta a la empresa Directv Chile TV. Ltda. hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte”.

“los negocios jurídicos en virtud de los cuales el demandante pretende apoyar la titularidad de sus derechos al cobro de los créditos objeto de la presente acción no contienen un “error de expresión”, sino que padecen de un error esencial”.

“por otra parte, son las disposiciones legales referidas en el fallo de primera instancia –confirmado sin modificaciones por el tribunal de alzada- las que corresponde aplicar al caso”

“el fundamento esgrimido por el tribunal de alzada para decidir la incompetencia absoluta del tribunal civil que estaba conociendo del asunto radicó en la circunstancia que la propia demandante enderezó su pretensión indemnizatoria sobre la base de los supuestos del régimen de responsabilidad contractual”.

“los sentenciadores no han incurrido en error de derecho al negar al recurrente la recuperación del Impuesto al Petróleo Diesel utilizado en la compra de combustible hecho en el exterior para el transporte de carga internacional, ello porque tales empresas son consideradas como exportadoras conforme a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 36 del D.L. 825 y por ende se encuentran excluidas tanto por el artículo 7º de la Ley Nº 18.502 como por el artículo 4º del D.S. Nº 311”.

“recurso de casación en estudio sólo se orientó a denunciar como errores los argumentos tendientes a cuestionar la validez del acto administrativo que sirvió de antecedente a la resolución sancionatoria”, lo que “impide dar lugar al recurso de casación, como quiera que éste necesita que los vicios denunciados influyan en lo dispositivo del fallo, situación que aquí no ocurre”.

“no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ella, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia”

“la alegación de fondo del recurso de casación –existe responsabilidad del Estado porque el daño se ocasionó al no haber actuado sus órganos en forma oportuna y eficiente en el control del acto público que autorizó- carece de supuestos fácticos que le sirvan de sustento, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser establecidos por este tribunal”.

“la casación de fondo se construye contra los hechos del proceso, establecidos por los sentenciadores del mérito, e intenta variarlos, proponiendo otros que a juicio de la parte recurrente estarían probados, finalidad que es ajena a un recurso de esta especie”.

“comparte lo sostenido en el fallo que se revisa en orden a que el acuerdo de las requirentes no tuvo la aptitud para modificar el volumen de ventas de Hoteles Explora en las zonas en que ésta presta sus servicios, sin que ello obste a analizar si dicha conducta atenta contra los principios que inspiran las normas que regulan la libre competencia”.

“la falta de cumplimiento del referido trámite, amenaza el derecho de la recurrente a desarrollar la actividad económica que le es propia, pues con ello se le impedirá aprovechar el inmueble de su dominio para los fines acordes a la zona de uso de suelo sin la modificación contemplada en el nuevo Plan Regulador comunal”.

“si la ley establece que la base imponible es el capital propio tributario del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta y, asimismo, autoriza a rebajar aquella parte de este capital propio que se encuentre invertido en otras sociedades gravadas con este mismo impuesto, la única solución para evitar la doble tributación -fin perseguido por el legislador- es que la rebaja se haga valorando esta porción de capital propio, formada por la referida inversión, de la misma manera que se valora el resto del capital propio, es decir, conforme a su valor tributario”.

“bajo ningún respecto pudieron los jueces del fondo incurrir en los yerros jurídicos denunciados que presuponen el vínculo contractual que no fue establecido”.

“resulta útil dejar consignado que la gestión de solicitud de extradición pasiva no constituye propiamente un juicio, pues no persigue acreditar la existencia del delito y determinar la persona del delincuente para imponerle una pena o absolverlo, sino que consiste en un mero “procedimiento” destinado a establecer la concurrencia de los requisitos que la hacen procedente, en lo relativo al sujeto extraditable, al delito y a la naturaleza y extensión de la sanción aplicable”.

“la obligación de señalizar adecuadamente las vías públicas que consagra para el municipio el artículo 26 letra c) de la Ley N° 18.695 comprende también la de señalizar toda calle, camino u otro lugar destinado al tránsito, entendido éste como el desplazamiento de peatones, animales o vehículos por vías de uso público".

"se advierte que si bien existe identidad en cuanto a la persona imputada, no puede decirse lo mismo en relación a los hechos materia de los procesos, ni hay constancia siquiera que haya recaído sentencia de término en el juicio que sirve de base a la cosa juzgada que se reclama, pues lo único que se ha esgrimido es la indicada resolución del tribunal de alzada cuya naturaleza difiere de la que exige la alegación de que se trata”.

“la sanción a la falta de congruencia tiene en su raíz la garantía que el mencionado principio significa para los litigantes y el límite que supone para el juez, otorgando seguridad y certeza a las partes al precaver una posible arbitrariedad judicial. Por lo mismo, constituye un presupuesto de la garantía del justo y racional procedimiento, que da contenido al derecho a ser oído o a la debida audiencia de ley”.