Judicial

Rechazó recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y validó la sanción aplicada por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, al estimar que no hubo extralimitación de facultades ni infracción a las reglas de la sana crítica

Determinó que el Servicio de Registro Civil no está obligado a elaborar bases de datos o informes ad hoc para satisfacer solicitudes de información, precisando que el derecho de acceso recae sobre antecedentes existentes y no sobre información que deba ser procesada o construida especialmente.

Sostuvo que la venta forzada de un inmueble afecto a embargo tributario requiere la autorización del tribunal que decretó la cautela —en este caso, la Tesorería General de la República en ejercicio de potestad jurisdiccional—, pues de lo contrario se configura objeto ilícito conforme a los artículos 1464 N°3 y 1810 del Código Civil.

En decisión dividida, estableció que el procedimiento policial, basado solo en una denuncia anónima, vulneró el debido proceso. La prueba obtenida fue declarada ilícita y deberá realizarse un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado. El control de identidad, al restringir la libertad, debe aplicarse de manera excepcional y solo cuando exista un indicio suficiente; los hallazgos posteriores no pueden justificar retroactivamente el procedimiento

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la reclamación de la compañía y validó la actuación de la Inspección del Trabajo, al concluir que no se acreditaron errores en la fiscalización ni en la resolución sancionatoria. La carga de la prueba correspondía a la empresa reclamante y no acreditó haber entregado oportunamente al fiscalizador los antecedentes que hoy pretende hacer valer en juicio

La medida fue formalizada mediante carta al alcaide del recinto y, según los internos, responde a una acumulación de decisiones administrativas —entre ellas el retiro de espacios y el ingreso de presos comunes— adoptadas pese a resoluciones judiciales vigentes. Afirman que la responsabilidad por cualquier deterioro en su salud recae en el Estado, encargado de resguardar su integridad bajo custodia.

El tribunal rechazó los recursos de nulidad y confirmó íntegramente la sentencia dictada en diciembre de 2025 contra la estructura asentada en el campamento Génesis II. El líder, Javier Valencia González, alias “Zeus”, deberá cumplir 77 años de prisión. Tribunal de alzada ratifica condenas y valida figura de asociación criminal.

Ratificó que el Fisco deberá pagar daño moral a la cónyuge e hijas de víctima de un falso enfrentamiento en Quillota, y rechazó las alegaciones de prescripción y reparación integral

El máximo Tribunal determinó que los jueces de la Corte de Concepción actuaron dentro de sus facultades al revocar la sustitución de la pena de cinco años y un día de presidio mayor, considerando criterios nacionales e internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad. La alegación sobre la invalidez de un informe de la Fiscalía Judicial y la supuesta aplicación retroactiva de la Ley N°18.216 fue desestimada

Acogió un recurso de queja y determinó que negar la tramitación dejó al trabajador sin acceso a la justicia, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.

El tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad de la defensa y dejó firme la sentencia que estableció que el funcionario golpeó a un adolescente de 14 años, causándole ceguera legal permanente. El recurso fue manifiestamente mal formalizado. Resulta inconsistente cuestionar los hechos acreditados cuando previamente se aceptan al alegar un error de derecho.

Rechazó el recurso de nulidad de la defensa y descartó infracción al debido proceso, al establecer que no era necesario acreditar el grado de pureza de la droga para configurar el delito de tráfico. La cantidad incautada —más de un kilo de marihuana— permite concluir que existía un peligro concreto para la salud pública, por lo que no hubo error al condenar por tráfico

Considera que la interpretación aplicada impedía al trabajador acceder a un pronunciamiento judicial de fondo en su demanda. Ninguna interpretación puede dejar a un trabajador sin acceso a la justicia. Voto en contra; la interpretación realizada por los jueces recurridos se enmarca dentro de criterios jurídicos razonables y el recurso de queja no es una vía para revisar discrepancias interpretativas, salvo que exista una infracción evidente y grave, lo que —a su juicio— no ocurrió en este caso.

Descartó vulneraciones al debido proceso y concluyó que Carabineros actuó dentro de sus facultades legales al fiscalizar a la acusada en la vía pública. La sentencia por receptación de vehículo motorizado, dictada por el Tribunal Oral de Antofagasta, quedó firme

El tribunal de alzada desestimó la alegación de cosa juzgada planteada por el Fisco y sostuvo que no existió reparación previa efectiva. Además, reafirmó que en casos de crímenes de lesa humanidad prevalece el derecho a la reparación integral consagrado en tratados internacionales.

Rechazó la calificante de alevosía al no acreditarse que la víctima estuviera dormida al momento del ataque y aplicó dos atenuantes por entrega voluntaria y colaboración sustancial, imponiendo ocho años de presidio mayor en su grado mínimo

Se rechazó la demanda principal por responsabilidad contractual y la demanda subsidiaria de cumplimiento de contrato, pero se acogió parcialmente la demanda de indemnización del daño emergente, aunque se rechazó el lucro cesante por falta de prueba suficiente.

En decisión unánime, el tribunal recalificó los hechos como homicidios simples, pero concluyó que la prueba fue insuficiente para acreditar participación. También descartó el encubrimiento por tratarse de una tentativa inidónea y excluyó una declaración obtenida con vulneración de garantías. Prueba de cargo resultó insuficiente y carente de fiabilidad para formar convicción más allá de toda duda razonable.

Descartó vulneraciones al debido proceso y mantuvo penas de hasta 10 años de presidio impuestas por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago por delitos cometidos en Cabildo, Puente Alto y Putaendo. Reitera la jurisprudencia sobre valoración de pruebas y límites de revisión en recursos de nulidad.

Acogió el recurso de nulidad contra sentencia del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, al estimar que se aplicó erróneamente una condena de 1990 —ya prescrita conforme al artículo 104 del Código Penal— para agravar la pena accesoria. Fijó en dos años la suspensión de la licencia de conducir. Voto en contra; el legislador utilizó deliberadamente los términos “ocasión” o “evento” y no “reincidencia”, con el fin de no aplicar las reglas generales sobre reincidencia contenidas en el Código Penal, como el artículo 104, que regula la temporalidad para aumentar penas

Respaldó el criterio de la Superintendencia de Educación que calificó como infracción grave la entrega incompleta de certificados bancarios para acreditar la disponibilidad total de recursos públicos, confirmando la privación del 2% de la subvención general por seis meses.

El máximo Tribunal ratificó el rechazo del reclamo presentado por la sostenedora del Liceo Mauricio Hochschild contra la Superintendencia de Educación, confirmando la rebaja de la sanción a una privación del 3% de la subvención general por un mes, aplicada por vulnerar las garantías procedimentales exigidas en la cancelación de matrícula de un estudiante.

El máximo Tribunal estimó que el Servicio Nacional de Migraciones incurrió en ilegalidad al no fundamentar adecuadamente la expulsión de un ciudadano dominicano condenado por tráfico de drogas, omitiendo analizar su arraigo familiar y la existencia de dos hijas chilenas menores de edad, circunstancia que debía ser considerada conforme al artículo 129 de la Ley de Migraciones.

Los sentenciados golpearon y amarraron a la víctima a un poste en diciembre de 2024, causándole la muerte por traumatismo craneoencefálico. El tribunal aplicó las atenuantes de legítima defensa incompleta e irreprochable conducta anterior, pero ordenó cumplimiento efectivo de la pena.

La sentencia rechazó las excepciones de reparación satisfactiva y prescripción, afirmó la aplicación de normas de ius cogens y concluyó que los crímenes de lesa humanidad generan responsabilidad extracontractual del Estado con obligación de reparación integral

El condenado deberá cumplir la pena en forma efectiva, será incorporado al registro nacional de ADN y se ordenó el comiso y destrucción del arma utilizada en el crimen ocurrido en febrero de 2023.

El tribunal rechazó recalificar el delito como homicidio calificado y estimó que no se acreditó que el acusado actuara “a traición” ni “sobre seguro”, pese a que el disparo fue por la espalda

Desestimó todas las excepciones preliminares planteadas por la inmobiliaria, pero concluyó que la acción fue presentada fuera del plazo legal de cinco años establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El acusado realizó actos idóneos y directos para apropiarse de las especies, frustrándose el delito únicamente por la intervención oportuna de Carabineros

En fallo unánime descartó que la prisión preventiva decretada contra un imputado luego absuelto por homicidio haya sido injustificadamente errónea o arbitraria, al tratarse de etapas procesales con estándares probatorios distintos