Tribunal Constitucional

El requerimiento busca impedir la aplicación de normas que excluyen al Servicio Local de Educación Pública de Chiloé de responsabilidades laborales previas y que limitan la negociación colectiva de los docentes, alegando que generan discriminación, inseguridad jurídica y desconocen derechos adquiridos.

El requirente solicitó declarar inaplicable, en la gestión pendiente, el inciso sexto del N°1 del artículo 453 del Código del Trabajo, que restringe la apelación únicamente a los casos en que se acogen las excepciones de incompetencia, caducidad y prescripción, sosteniendo que esta limitación vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a defensa.

La asociación solicitó se declaren inaplicables ciertos artículos del Código de Aguas, argumentando que su aplicación vulnera el derecho al juez natural, el debido proceso y la propiedad. La controversia se centra en la orden de paralizar extracciones de agua por encima de un caudal que la propia Dirección General de Aguas reconoció posteriormente como legítimo para los usuarios.

El municipio solicitó declarar inaplicable la normativa que impone intereses penales con capitalización mensual sobre deudas previsionales, alegando que la aplicación de estos recargos multiplica de manera desproporcionada el monto adeudado y vulnera derechos constitucionales como el de propiedad, la igualdad ante la ley y la no discriminación en materia económica. El TC deberá resolver primero sobre la admisibilidad del requerimiento antes de pronunciarse sobre el fondo.

La requirente sostiene que el procedimiento monitorio para el desalojo del inmueble que habita vulnera sus derechos fundamentales, al impedir su participación como tercero con interés legítimo, limitar su derecho de defensa y no garantizar notificación efectiva. Señala que estas restricciones constituyen una discriminación arbitraria y desproporcionada frente al demandado principal.

El requerimiento fue presentado por una empresa condenada al pago de indemnizaciones laborales y cotizaciones previsionales, cuyo monto total ya duplicó la obligación original. Sostiene que los preceptos impugnados permiten sanciones desproporcionadas y de duración indefinida, vulnerando los derechos a la igualdad y seguridad jurídica.

La Magistratura declaró inaplicable la norma del D.L. N° 3.500 que establece la capitalización mensual de intereses en deudas previsionales, tras constatar que en el caso concreto una obligación inicial cercana al millón de pesos se transformó en más de veinte millones, configurando un efecto desproporcionado que afecta tanto el derecho de propiedad del empleador como las expectativas de pago del trabajador.

El requirente cuestiona la constitucionalidad de la norma que impide apelar sentencias dictadas en reclamos contra sanciones del Servicio Agrícola y Ganadero, lo que, según estima, vulnera el derecho al debido proceso y a una revisión judicial efectiva.

Impugna disposición del Código Orgánico de Tribunales por presunta discriminación entre candidatos internos y externos. Alega que su aplicación vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a acceder a cargos públicos, porque permite a la Corporación Administrativa del Poder Judicial dictar políticas sobre la contratación de personal distinguiendo entre postulantes internos y externos

Una sociedad cuestionó la aplicación del artículo 507 inciso quinto del Código del Trabajo en una causa de cobranza laboral, alegando que la norma vulnera el debido proceso al permitir que una condena dictada contra otra entidad se le extienda sin haber sido parte en el juicio declarativo original.

El derecho a no autoincriminarse solo se aplica a causas criminales y no a procedimientos de libre competencia. El legislador tiene libertad para configurar las garantías del debido proceso, siempre que sean racionales y justas. El procedimiento ante el TDLC cumple con estos requisitos. El derecho a guardar silencio no se extiende automáticamente a procedimientos no penales como los de libre competencia. Descarta que exista una asimetría procesal o desigualdad entre la FNE y las personas naturales requeridas. La libertad personal y seguridad individual no se ven amenazados en el contexto de un

La Magistratura sostuvo que la aplicación de la norma impugnada al caso en examen, dada la grave enfermedad de la requirente, genera un efecto claro de afectación a su salud física y psíquica e inclusive una severa amenaza a su derecho a la vida, incurre en desproporción y vulnera la dignidad de la afectada, con todo lo cual, para este caso, la regla legal impugnada produce un efecto inconstitucional.

La Magistratura desestimó la impugnación presentada por una empresa que cuestionó la falta del recurso de apelación ante resoluciones sobre liquidación de créditos laborales, señalando que la restricción responde a la necesidad de asegurar un cobro rápido y eficaz de las sentencias laborales. El voto disidente sostuvo que la norma vulnera el debido proceso al impedir la revisión de lo resuelto por un tribunal superior.

El precepto impugnado limita el recurso de apelación a sentencias definitivas y resoluciones que impiden la continuación del juicio. El requirente sostiene que dicha restricción vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a una segunda instancia. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre su admisibilidad antes de que el Pleno conozca el fondo.

Los preceptos impugnados facultan al juez a representar al deudor en la venta forzada de un inmueble y permiten al adjudicatario solicitar directamente el lanzamiento de los ocupantes. La requirente alega que estas disposiciones vulneran la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho al juez natural y la inviolabilidad del hogar, al otorgar a los compradores en remates judiciales un trato privilegiado frente a quienes adquieren en ventas privadas.

El requirente cuestiona normas de la Ley de Arrendamiento Urbano que fijan como domicilio del demandado el inmueble arrendado y restringen la apelación en el procedimiento monitorio, alegando que estas disposiciones vulneran el debido proceso y la igualdad ante la ley al impedir una defensa efectiva y la revisión de fallos por tribunales superiores.

La Magistratura rechazó la impugnación contra la norma que limita las excepciones que puede oponer la parte ejecutada en juicios laborales. El voto de mayoría consideró que la norma no vulnera el debido proceso ni la igualdad ante la ley, ya que responde a principios de celeridad y especial protección de los derechos de los trabajadores.

La Magistratura desestimó el requerimiento, concluyendo que la exclusión de trabajadores como testigos no vulnera la igualdad ni el debido proceso, pues la inhabilidad afecta a ambas partes y existen medios probatorios alternativos. Dos ministros estuvieron por acoger, considerando que la norma priva de valor probatorio al testimonio de los dependientes sobre la base de un prejuicio apriorístico respecto de su imparcialidad, lo que calificaron de irrazonable y potencialmente generador de indefensión.

La Magistratura desestimó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, señalando que la norma solo establece la vigencia de la modificación al artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 y no impide que los tribunales analicen y resuelvan demandas de reembolso por pagos de patentes municipales efectuados antes de julio de 2020.

La Presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Ministra Daniela Marzi, destacó la importancia de llevar la justicia constitucional a regiones, realizando por primera vez una sesión del Pleno en Concepción. En esta ocasión, se conocieron tres causas de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relacionadas con empresas y la Corporación de Salud y Desarrollo Social. La audiencia contó con la presencia de cerca de cien estudiantes de derecho de universidades locales.

El voto de mayoría sostuvo que la exclusión de la apelación responde a la necesidad de celeridad y eficacia en la ejecución de créditos laborales, mientras que la disidencia enfatizó que la falta de un medio de impugnación atenta contra la garantía del debido proceso al impedir la revisión de decisiones sobre competencia por un tribunal superior.

El requirente impugna el artículo 303 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, que contempla la excepción de ineptitud del libelo por falta de requisitos de la demanda. La gestión pendiente se originó en un juicio de nulidad de contrato de compraventa, en el cual dicha excepción fue acogida, lo que impidió que el tribunal se pronunciara sobre el fondo de los derechos invocados.

Reafirma la importancia de la imparcialidad testimonial en el debido proceso. Considera que la norma no afecta el derecho a la prueba ni el debido proceso, ya que la restricción se aplica por igual a todas las partes. Busca asegurar la integridad y la imparcialidad de la prueba testimonial. Es una medida razonable para resguardar la buena fe procesal y la búsqueda de la verdad.

El requirente cuestiona el artículo 18 J) de la Ley N° 18.101, que restringe el derecho a apelar solo a la resolución que se pronuncia sobre la oposición del deudor. Sostiene que esta limitación impide impugnar decisiones relevantes —como el rechazo del abandono del procedimiento—, afectando el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho al recurso garantizado constitucionalmente y por tratados internacionales.

El municipio impugnó el artículo 183-B del Código del Trabajo, al estimar que su aplicación en un procedimiento de cobranza laboral extendió indebidamente su responsabilidad solidaria más allá del período de subcontratación, vulnerando garantías constitucionales y principios de legalidad del gasto público.

Se argumenta que su aplicación vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, porque impide la revisión de ciertas resoluciones por un tribunal superior.

La Magistratura rechazó —por empate de votos— el requerimiento presentado por la Municipalidad de Temuco contra la norma del DL N° 3.500 que permite la capitalización mensual de intereses en deudas previsionales. La causa se originó en un juicio iniciado por AFP Capital, donde una deuda inicial de poco más de $600 mil terminó superando los $51 millones tras la aplicación del anatocismo. El voto por rechazar sostuvo que la medida busca proteger las cotizaciones de los trabajadores y que su conveniencia corresponde al legislador.

La Segunda Sala debe resolver si admite a trámite un requerimiento que busca declarar inaplicables disposiciones de la Ley de Transparencia, por estimar que amplían inconstitucionalmente el principio de publicidad. El caso surge a raíz de la orden de entregar antecedentes considerados secreto comercial sobre un plaguicida, lo que la empresa afectada alega vulnera derechos como igualdad ante la ley, vida privada, libre iniciativa económica y propiedad.

El requerimiento sostiene que el plazo de 60 días para impugnar el finiquito impidió a la trabajadora demandar su nulidad, pues solo tomó conocimiento de los vicios del consentimiento una vez vencido dicho término, lo que —a su juicio— afecta su derecho a la tutela judicial efectiva.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado en el caso concreto permitiría ordenar el lanzamiento de un heredero de un inmueble común sin que exista un juicio de partición previo, lo que vulneraría el derecho de propiedad y el debido proceso.