Tribunal Constitucional

La empresa sostiene que la norma impugnada vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a defensa y el debido proceso, ya que permite la ejecución de una sentencia laboral mientras aún se encuentra pendiente el recurso de unificación de jurisprudencia, lo que la expone a un perjuicio económico irreparable.

El requirente sostiene que la aplicación del artículo 683 del CPC, en la forma interpretada por la Corte de Apelaciones, vulnera la separación de poderes y la igualdad ante la ley, al permitir que el tribunal cree una excepción al abandono del procedimiento en favor del demandante negligente. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre su admisibilidad antes de resolver el fondo.

El requirente sostiene que la aplicación del artículo 506 N° 6 del Código Orgánico de Tribunales permitió modificar las bases del concurso para la Sexta Notaría de Talca en condiciones que vulneran la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a acceder a cargos públicos, favoreciendo a postulantes internos del Poder Judicial en desmedro de externos.

La Magistratura señaló que esta diferencia respecto de los procedimientos civiles responde a la necesidad de proteger los recursos hidrobiológicos y asegurar la función sancionadora del Estado, estimando que la norma es constitucionalmente válida y proporcional. Dos ministros estuvieron por declarar inaplicable el precepto impugnado, argumentando que genera un trato desigual en favor de la Administración y podría afectar la pronta y justa administración de justicia.

Requirente alega que la aplicación de la norma le impidió rendir prueba confesional y recibir informes del SII lo que vulnera el debido proceso y el derecho a producir prueba. Advierte que una interpretación restrictiva de la norma dificultaría la rendición de prueba confesional en incidentes. Aplicación del artículo contradice además la Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Magistratura determinó que los numerales 10) y 11) del artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura constituyen medidas de apremio legales y proporcionales para garantizar el cumplimiento de sanciones, y no violan la libertad personal ni configuran prisión por deudas. La decisión se basó en la protección de bienes jurídicos de interés público, como la conservación de los recursos hidrobiológicos y la sustentabilidad del medio marino, y refirió que existen alternativas al arresto, como acuerdos de pago o prestación de servicios comunitarios.

El Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite un requerimiento que cuestiona el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, al estimar que obliga a realizar una vista de la causa incluso cuando las partes han alcanzado un acuerdo que extingue la controversia, lo que afectaría la autonomía de la voluntad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

La Magistratura rechazó el requerimiento, reafirmando que la sanción de nulidad del despido es un mecanismo legítimo para asegurar el pago de cotizaciones previsionales y que la limitación de excepciones en la ejecución laboral responde a la necesidad de celeridad y eficacia en el cobro de créditos de carácter alimentario. La disidencia estimó que el precepto que restringe defensas vulnera el derecho a un debido proceso.

Se solicitó al Tribunal Constitucional declarar inaplicable el artículo 476 del Código del Trabajo, que restringe la apelación de resoluciones judiciales. El requirente alega que la norma vulnera el derecho a defensa y al debido proceso, al impedir la revisión de un incidente de nulidad por falta de emplazamiento en una demanda laboral.

La requirente estima que los preceptos impugnados impiden garantizar un debido proceso a los herederos de una demandada fallecida, al restringir la posibilidad de obtener la suspensión del procedimiento pese a alegar la falta de emplazamiento válido. Sostiene que la aplicación de estas normas afecta la igualdad ante la ley, el derecho a defensa y la propiedad, al permitir que el cumplimiento incidental de la sentencia continúe sin que todos los interesados sean válidamente notificados.

El requerimiento busca que se declare inaplicable el artículo 75 de la Ley N° 21.724 y el artículo 71 de la Ley N° 19.070 en un juicio laboral seguido en Ancud. Los docentes alegan que estas disposiciones permiten al Servicio Local de Educación desconocer beneficios pactados en convenios colectivos anteriores, lo que generaría discriminación arbitraria, precarización de derechos adquiridos y debilitamiento de la libertad sindical.

El requirente considera que los preceptos impugnados imponen un plazo irrazonablemente breve para reclamar la nulidad del procedimiento, afectando el derecho de defensa. Alega que nunca fue válidamente notificado de la demanda, pues esta se practicó en un domicilio ajeno, y que la aplicación de los preceptos impugnados le generó indefensión al impedir un examen adecuado de la falta de emplazamiento.

La Magistratura consideró que la capitalización mensual de intereses en deudas previsionales produce un aumento exponencial que vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad, afectando tanto a empleadores como a trabajadores. El voto disidente defendió la legitimidad del mecanismo como incentivo para el pago oportuno de cotizaciones.

La normativa impugnada establece que las deudas previsionales devengan un interés penal diario equivalente a la tasa corriente aumentada en un 50%, y restringe la procedencia de la apelación en estos procedimientos, solo respecto de la sentencia definitiva, la resolución que declare negligencia en el cobro y la que se pronuncie sobre determinadas medidas cautelares.

Alega que impedir casar en la forma sentencias dictadas en procedimientos especiales por falta de consideraciones de hecho y de derecho vulnera el debido proceso. Argumenta que se genera una discriminación arbitraria entre litigantes de juicios ordinarios y especiales, y conculca el derecho a recurrir del fallo ante un tribunal superior, garantizado por tratados internacionales. El caso concreto incide en una sentencia que resuelve un juicio tributario

El requirente cuestiona los artículos 280 y 298 del Código de Procedimiento Civil, en el marco de un juicio civil seguido en La Serena, en que se discute la mantención de una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos. Sostiene que las normas impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, pues permiten que se deje sin efecto la única garantía que asegura el resultado práctico de su acción, dejándolo en la práctica en situación de indefensión.

No contraviene la igualdad ante la ley ni el debido proceso. Se aplica por igual a todas las partes involucradas en el proceso de desafuero. Busca asegurar la integridad y la imparcialidad del proceso. Se considera razonable para resguardar el equilibrio entre el fuero constitucional y el derecho a la revisión judicial de las decisiones sobre desafuero.

Se cuestiona el inciso final del artículo 481 del Código del Trabajo, que permite declarar el abandono del recurso de nulidad si el recurrente no asiste a la vista de la causa. El requirente sostiene que la regla vulnera el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, al convertir el alegato en una carga procesal cuya omisión provoca la pérdida definitiva del derecho a recurrir.

La Magistratura rechazó por empate un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba la capitalización mensual de intereses en deudas previsionales. Mientras un sector defendió la norma por estimar que resguarda el derecho de propiedad del trabajador y garantiza el financiamiento del sistema de pensiones, otro grupo de ministros la consideró desproporcionada, pues incrementa excesivamente la deuda, vulnera el principio de proporcionalidad y afecta el derecho de propiedad del empleador.

Alega vulneración de derechos políticos personalísimos, afectación al principio de certeza electoral, desigualdad ante la ley entre candidatos independientes y en pacto, falta de debido proceso en el retiro de candidaturas, incumplimiento del principio de juridicidad y motivación, censura indirecta a la libertad de expresión política y contravención de principios rectores de la justicia electoral

Impugna artículo cuarto transitorio de la Ley N° 20.735, que establece el régimen de reliquidación de pensiones para personal de las Fuerzas Armadas y de Orden que vuelve al servicio activo. Alega que vulnera el principio de igualdad ante la ley al establecer una distinción arbitraria basada únicamente en la fecha de reingreso al servicio. Esta distinción temporal carece de justificación razonable y afecta negativamente el cálculo de su pensión. Cuestiona la rigidez de la norma al no permitir opciones entre regímenes de reliquidación. Además, el procedimiento carece de mecanismos para consider

El Tribunal Constitucional admitió a trámite con suspensión un requerimiento que cuestiona la constitucionalidad del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, en un caso en que se fijó como mínimo para la subasta el avalúo fiscal, alegándose que ello vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el debido proceso al no reflejar el valor real del bien y limitar la defensa del ejecutado.

La requirente sostiene que la norma la priva de un recurso judicial efectivo para cuestionar una sentencia sin fundamentación, configurando una discriminación arbitraria frente a quienes litigan en procedimientos ordinarios.

El fallo dividió a los ministros sobre el artículo 12 de la Ley N° 17.322: algunos consideraron que vulnera la prohibición de prisión por deudas y el debido proceso al autorizar arrestos sucesivos, mientras otros defendieron su legitimidad y proporcionalidad para proteger las cotizaciones previsionales de los trabajadores.

Se impugnó el artículo 1891 del Código Civil, que excluye la acción de rescisión por lesión enorme en las ventas forzadas. La requirente sostiene que esta restricción vulnera el derecho de propiedad, la tutela judicial efectiva y la igualdad de armas, al impedir cuestionar subastas realizadas por precios muy inferiores al valor real de los inmuebles. La Primera Sala del Tribunal Constitucional deberá pronunciarse primero sobre la admisión a trámite y, eventualmente, el Pleno decidirá sobre el fondo.

El requerimiento cuestiona que la norma impida la procedencia del recurso de queja ante la Corte Suprema frente a resoluciones que confirman un sobreseimiento definitivo en causas penales, lo que —según el requirente— vulnera la tutela judicial efectiva, el derecho al recurso reconocido en tratados internacionales y la superintendencia correccional del máximo Tribunal.

Se solicitó declarar inaplicables por inconstitucionales los artículos 470 y 472 del Código del Trabajo, aplicados por la Corte de Antofagasta para declarar inadmisible una apelación en un procedimiento de cobranza laboral. La requirente alega que estas disposiciones impiden la revisión de una resolución que convalidó un despido sin el pago íntegro de cotizaciones previsionales, vulnerando el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad social.

La requirente cuestiona que la aplicación del artículo 2304 del Código Civil, al exigir prueba directa de aportes patrimoniales para reconocer una comunidad de bienes entre convivientes no casados, discrimina a las parejas de hecho, desconoce su aporte en la formación del patrimonio común y vulnera el deber del Estado de proteger a todas las formas de familia.

La impugnación busca que se permita cuestionar la validez de facturas no solo por falsedad material, sino también por su contenido, argumentando que la actual restricción vulnera el derecho a defensa y posibilita cobros ejecutivos sin sustento real.

El requerimiento cuestiona normas que impiden alegar el abandono del procedimiento en juicios de cobro de cotizaciones previsionales, alegando que su aplicación perpetúa procesos paralizados por más de una década, generando indefensión, afectación patrimonial y vulneración a la igualdad, el debido proceso y la seguridad jurídica.