Acciones de Amparo y Protección

Se dedujo acción de protección por parte de una empresa farmacéutica en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Bío-Bío, por haber dictado una resolución que fija el calendario de turnos de las farmacias de la comuna de Arauco para el primer semestre de 2013, imponiendo a la recurrente un turno nocturno, entre las 00:01 y las 07:59, en que deberá responder a las necesidades de la población mediante un sistema de llamada telefónica.

Se dedujo acción de protección en contra del Comandante en jefe del Ejército, por cuanto una sicóloga fue “desvinculada” de la institución, encontrándose con licencia médica siquiátrica y sin que haya terminado un sumario por acoso laboral

Se dedujo acción de protección en contra de la Corporación Universidad Pedro de Valdivia, por parte de un egresado de la carrera de tecnología médica, a fin de que se declare ilegal y arbitrario el acto consistente en ser sometido a otro examen oral con preguntas de la especialidad, pero de carácter general, el cual realizó y reprobó en dos oportunidades; todo lo cual constituiría una vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra del Alcalde subrogante de la Municipalidad de Hualpén, por parte de un funcionario municipal, a fin de que se declare ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio N° 1094, de fecha 12 de abril de 2012, por el cual se dispuso la medida disciplinaria de destitución del recurrente; todo lo cual constituiría una vulneración de la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra de la Contraloría General de la República, por cuanto emitió un dictamen en el cual señala que los abogados que actúan como defensores públicos licitados en el sistema procesal penal se encuentran afectos a la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley N° 20.000

Se dedujo acción de protección en contra de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, (JUNAEB), por cuanto puso término anticipado a la contrata bajo la cual servía un funcionario.

Se dedujo recurso de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa y en contra del Concejo Municipal de esa misma comuna, por la vulneración del derecho fundamental consagrado en el número 21, del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, además, por la transgresión a las garantías que amparan los números 22 y 24 del artículo 19 de la Carta.

Se dedujo recurso de protección en contra del Cuerpo de Bomberos de la comuna de San Carlos y del Consejo Superior de Disciplina del mismo, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la medida de expulsión

“las autoridades recurridas han decidido el cierre de la Universidad del Mar y la cancelación de su personalidad jurídica, sobre la base de textos legales expresos, como lo son las normas contenidas en las Leyes N°s 18.956, de 1999, que reestructuró el Ministerio de Educación, 20.370, de 2009, que estableció la Ley General de Educación y, desde luego, el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República”

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de amparo, para lo cual consideró que “si bien es cierto existe un hecho que pudiere merecer reproche administrativo por parte de la autoridad penitenciaria, no es menos cierto que en la especie no existen fundamentos suficientes a fin de relacionar a los amparados con la conducta que se sanciona y/o castiga por el señor Alcaide”.

Los actores consideran que el acto recurrido resulta arbitrario e ilegal, por cuanto es discriminatorio al remover e intervenir tierra sagrada, además de que no se ha expedido ninguna resolución o autorización administrativa que se haya consultado, de manera previa, a las comunidades atacameñas en los términos exigidos por el artículo 6 del Convenio 169 OIT y por el artículo 34 de la Ley Nº 19.253, vulnerándose también el sistema de evaluación a que se refiere la Ley 19.300.

Se dedujo acción de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, por parte de un Diputado de la República y de la Comunidad Colla de Pai Ote –Cerro Celeste, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la resolución N° 4 de fecha 3 de enero de 2013 que calificó ambientalmente favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Optimización Proyecto Minero Cerro Casale", lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad.

El máximo Tribunal consideró “que, por lo demás, las conclusiones que se consignan en las motivaciones que preceden son concordantes con lo establecido en la cláusula novena del citado reconocimiento de deuda y convenio de pago, en cuanto en ésta se previene que el acuerdo no constituye novación de las obligaciones del cliente para con la empresa de distribución de energía eléctrica; como consecuencia de lo cual no es posible advertir la existencia de conductas que puedan ser objeto de una acción de tutela como la planteada en estos antecedentes, por lo que procede el rechazo del recurso”.

“resulta patente la ilegalidad porque la extensión y contenido de un contrato de mandato surge y se agota entre las partes de esa convención, ellas son las que se obligan recíprocamente bajo ciertos presupuestos bilaterales y serán las mismas quienes pueden tener disensiones o acuerdos respecto de la forma en que se cumple el cometido, de suerte que los terceros ajenos a esta relación contractual no pueden emitir pronunciamiento sobre su contenido y/o amplitud, a menos que se trate de ilicitudes, que naturalmente no pueden ser planteadas ni discutidas en esta sede”.

“los indicios con que cuenta esta Corte le permiten entender que dicha explicación responde a que se pondrían a disposición del banco en una determinada cuenta ciertos fondos”.

“constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal –esto es, contrario a la ley- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Sólo en caso de darse alguna de las dos primeras exigencias, que no son copulativas, según surge de la redacción del citado artículo 20 de la Carta Política, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar amagadas o afectadas”.

“la condena en costas en este procedimiento cautelar no queda determinada por circunstancias preestablecidas, esto es, que prosperen o no las pretensiones intentadas, sino que confiere la facultad de imponerlas a los magistrados que han de resolver, conforme a las características del caso.”

“la potestad del otorgamiento de patentes de alcoholes radica en el alcalde, quien por expresa disposición del artículo 65 letra ñ) de la Ley 18.695, requiere para ejercer dicha atribución, el acuerdo del Concejo Municipal”.

“la motivación que en los hechos justificara la interposición del presente recurso, ya no existe, de modo que la acción constitucional que a este efecto fuera ejercitada ha perdido oportunidad, por lo que la Corte no se encuentra en aptitud de adoptar eventuales medidas de protección como las solicitadas por el recurrente.”

“los recurrentes, dada su condición de vecinos y de ser el órgano administrados de la comuna afectada, Municipalidad, se encuentran legitimados para solicitar el respeto de sus derechos fundamentales por intermedio del presente recurso”. En cuanto a la falta de legitimación pasiva, también argüida por los recurridos, resuelve que “la Comisión, fue la que dictó la Resolución objeto del recurso por lo que no puede sustraerse a la responsabilidad que le cabe como sujeto interviniente en la decisión de aceptar modificar las vías de acceso al relleno sanitario en cuestión”.

“el actuar de la recurrida resulta arbitrario, por cuanto se adoptó la medida de desafiliación sin escuchar al socio sancionado y sin que existiera mérito para ello, en atención a que el pago de las cuotas en que se fundamenta la medida cuestionada se encontraba, al menos, documentado, sin que se haya adoptado igual sanción para otro de los socios que se encontraba en condiciones similares, vulnerando con ello las garantías constitucionales que los numerales 2° y 3° inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

“con la negativa a subsidiar una enfermedad se priva a la afectada de modo directo de un ingreso monetario”.

Se dedujo acción de protección en contra de la Municipalidad de La Granja y la Fiscalía Regional Metropolitano Sur, por no haber adoptado las medidas de conservación necesarias respecto del vehículo de su propiedad, el cual pese a encontrarse incautado por el Ministerio Público en dependencias de la Municipalidad de La Granja, se encuentra circulando…

“es un principio general de derecho la proscripción de la autotutela que, sabido es, nuestro ordenamiento jurídico permite excepcionalmente en casos extremos y calificados, de suerte que encontrándose controvertidos los deslindes del inmueble de propiedad de la recurrida en cuanto a su extensión y si él comprende el área que ella pretende cercar, no cabe por esta vía cautelar -y con los antecedentes de que se dispone- dilucidar esa cuestión, circunstancia que llevará a esta Corte a decretar que se mantenga el statu quo vigente en orden a impedir el cierre del pasaje mientras la controversia re

"resulta procedente la aplicación de medidas cautelares que tienden a dar protección a la víctima, a la sociedad o a resguardar los fines del procedimiento; necesidades de cautela que persisten no obstante paralizado el avance de la causa, por lo que no, habiéndose citado antecedente alguno que altere los presupuestos que se tuvo a la vista al imponer la medida de prisión preventiva, no se atisba motivo que pueda llevar a dejarla sin efecto."

“los antecedentes acompañados resultan insuficientes para establecer hechos indubitados que permitan atribuir al recurrido la ejecución de actos arbitrarios o ilegales susceptibles de ser remediados por esta vía, más aún, si todos los afectados reconocen la existencia de un juicio de lato conocimiento, en el que son partes, en el cual deberá dilucidarse la propiedad de la franja de terreno en disputa”.

“que la investigación que la resolución atacada cita como antecedente fundante, se originó en el auto denuncia que el amparado formuló respecto de su situación migratoria” y que el amparado “no registra antecedentes policiales, encargos judiciales pendientes ni anotaciones negativas tanto en el Departamento de Asesoría Técnica como ante la Oficina Central Nacional Interpol, de manera que quedó sujeto a control de firma periódica mensual en la unidad policial de su comparecencia”.

la resolución impugnada “carece de todo sustrato jurídico que le sirva de sustento, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal que mandata el deber de fundamentación de toda providencia emanada de la magistratura”.

“en la especie no existe un derecho adquirido o indubitado por parte de los recurrentes, pues el solo transcurso del tiempo no permite consolidar una situación que por esencia es solo precaria”.