Acciones de Amparo y Protección

“de la lectura de su presentación, se desprende que lo que reclama a través de la presente acción, es la forma de tramitación de la investigación interna, la cual no habría respectado las normas del debido proceso, sin embargo de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política, no es posible emplear este arbitrio para obtener un pronunciamiento en este sentido, por cuanto lo amparado con esta vía constitucional es el inciso cuarto del numeral 3º del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que como se señaló anteriormente, no fue vulnerado por el recurrido, pues de su propio Reglamento Int

“Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias.”.

“si se estimare que se hizo aplicación del inciso 5ª del artículo 127, precedentemente señalado, como pretende el recurrido en su Informe de fojas 100, cabe señalar que, asimismo, esta norma, en el caso en análisis no autorizaba la Baja inmediata que se dispuso, pues para que ello tuviera lugar era necesario: 1) que el funcionario inculpado confesara su responsabilidad, lo que en el presente caso no ha ocurrido, sino que por el contrario la ha negado, o bien; 2) que la responsabilidad del funcionario se hiciera evidente, lo que tampoco ha tenido lugar, considerando al efecto que la propia inst

"se incurre en un error de derecho al acoger la excepción de nulidad de la obligación, por cuanto al realizar la sociedad ejecutada actividades gravadas con patente municipal debió haberse rechazado dicha excepción".

"es dable concluir que las remuneraciones del funcionario se encuentran en suspenso, y que será la resolución que ponga fin al sumario administrativo la que determinará si el carabinero es reincorporado a las filas, caso en el cual se devengarán, en su beneficio, las remuneraciones por el periodo en el cual estuvo alejado de sus funciones o, por el contrario, quedará ratificada la sanción impuesta, en cuyo caso los efectos de la primera resolución que decreta la baja con efectos inmediatos serán definitivos.”

Un grupo de vecinos, interpuso una acción constitucional en contra de un individuo que se habría apropiado de una franja de terreno que pertenece al camino de acceso a sus terrenos. La Corte de Apelaciones de Santiago, acogió la acción de protección, al concluir que el recurrido con su actuar arbitrario alteró la situación de hecho que por lo demás es respetada y tolerada por todos los vecinos.

“Habida cuenta que se trata de un sumario administrativo en el que se ha fallado conforme a derecho y que la resolución dictada no afectan ninguno de los derechos invocados por la recurrente y teniendo presente que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, al establecer el Recurso de Protección, distingue -aunque equiparando sus efectos- la arbitrariedad de la ilegalidad, debe estimarse que no hay tampoco arbitrariedad"

“Se ha verificado por la autoridad técnica discordancias entre las obras ejecutadas y aquellas previamente autorizadas, lo que constituye una infracción a la normativa urbanística pertinente, justificándose la dictación del acto que por esta vía se pretende impugnar. Por estas consideraciones, esta alegación deberá también ser desechada.”.

"la declaración de incapacidad se efectuó el año 2007 al tiempo que las diversas peticiones, recursos y solicitudes de reconsideración administrativos con que el recurrente pretendió modificar lo resuelto se sucedieron el año 2011 y 2012".

la resolución no reviste la naturaleza de un acto terminal, sino que de uno de mero trámite, "en tal sentido eminentemente precario y desde esa perspectiva difícilmente puede lesionar o amenazar el ejercicio de un derecho".

"estando pendiente la notificación de una afectada, la Gobernación estaba impedida de ejecutar la restitución administrativa ni menos de entregar la resolución para que fuera cumplida por la empresa constructora".

la resolución de la recurrida fue dictada "por la autoridad competente y dentro de las facultades que le confiere la ley".

“de lo que se viene señalando es posible dejar por sentado que el Alcalde, en tanto máxima autoridad del Municipio, no sólo tiene la dirección, administración y supervigilancia de la Municipalidad, sino que tiene además competencia para pronunciarse acerca de los reclamos que se interpongan en contra de sus resoluciones u omisiones, o las de sus funcionarios y que se estimen ilegales, cuando éstas afecten el interés general de la comuna, competencia que se extiende también a los reclamos que entablen los particulares agraviados por toda resolución u omisión de funcionarios, que estimen ilegale

“el artículo 190 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud dispone que las partes no podrán convenir exclusiones de prestaciones, salvo el caso de cirugía plástica con fines de embellecimiento, quedando a salvo de la exclusión aquella que tenga por objetivo corregir malformaciones o deformaciones sufridas por la criatura durante el embarazo o el nacimiento; las destinadas a reparar malformaciones sufridas en un accidente; y las que tengan una finalidad estrictamente curativa o reparadora.”

“debe precisarse que la determinación de la huella genética del amparado nombrado, mediante la toma de muestras biológicas si fuere necesario, no constituye en sí misma una pena como la califica su defensa, sino que se trata de una medida administrativa que el tribunal debe ordenar como consecuencia de haber resultado condenado en causa criminal por sentencia firme, de acuerdo a lo que al efecto establecen los artículos 5 y 17 de la Ley Nº 19.970, para incluirlo en el Registro de Condenados.”

“son efectivas algunas de las irregularidades denunciadas por el recurrente, las que dan cuenta de una permanente actitud de desapego de las recurridas respecto al cumplimiento de las normas que regulan las materias relacionadas con la edificación”

"el Juez de Garantía informante de este último tribunal ajustó su decisión a los términos del artículo 348 del Código Procesal Penal, considerando el tiempo de privación de libertad como abono al cómputo de la pena que le fuera impuesta, sin que resulte procedente considerar, además, la prisión preventiva correspondiente a la causa del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, pues ninguna relación tiene, en el orden temporal, con aquélla por la que actualmente ha sido condenado, de manera que no es procedente dar aplicación al artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, en relación al artí

“del texto del recurso aparece que lo reclamado es una medida que afectaría la libertad ambulatoria”, hipótesis que también se encuentra cubierta por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

"establecido someramente el marco fáctico y normativo que fundó la medida, es conveniente destacar que las atribuciones que detentan los órganos de la Administración del Estado son conferidas por ley en función directa de la finalidad u objeto del servicio público de que se trate".

“exige una razonabilidad en sus motivos, esto es, que la revisión responda a cambios efectivos y verificables de los precios de las prestaciones cubiertas por el plan”, lo cual se justifica tanto por el carácter extraordinario de la facultad de la Isapre como por la particular situación en que se encuentran los afiliados a un plan.

“no significan que el recurrido haya representado lo que determinadamente se le ha ordenado, sino que involucra la pretensión de aclarar el tenor de lo decretado, atendida la inconsistencia con los registros que por ley Gendarmería debe levantar” y que justifican dicha actuación.

"la decisión de la recurrida se enmarca en la obligación legal de determinar los establecimientos en que los condenados deben cumplir sus penas, evitando los riesgos que el hacinamiento carcelario produce en la población penal".

“lo impugnado por el recurrente corresponde a la etapa previa de un procedimiento infraccional, el que luego tiene contemplado en la propia ley una etapa de discusión y prueba, todo lo cual ya se encuentra en conocimiento del juez competente, gozando el recurrente de los recursos procesales que la propia ley le otorga para la revisión del resultado final del procedimiento señalado”.

“la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata del recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera tal que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita”

“si bien el actor fue nombrado en el cargo, debe tenerse presente que el mismo admite que no ha ejercido sus funciones, de forma que no puede reprocharse de arbitrario o ilegal el proceder municipal de no pagar sus remuneraciones desde que la Contraloría General de la República así lo ha dictaminado”.

el constituyente “no fijó un monto o rango para establecer cuando un tributo es manifiestamente desproporcionado o injusto”, por lo que la “concreción de este concepto jurídico indeterminado corresponde efectuarla al órgano de aplicación del derecho municipal de acuerdo a diversos criterios y factores de hecho”.

“los antecedentes tenidos a la vista, constata que durante el transcurso de la investigación nunca se puso en duda que el suceso ocurrió el 25 de marzo de 2.012. En verdad, no se divisa de qué manera pudiera haberse producido una confusión, por la mera circunstancia de un error de referencia como el que da pábulo a la cautela. Los protagonistas del accidente y el contexto en que se lo sitúa, exhiben coherencia y concordancia en cuanto a todos sus referentes, incluso la fecha”.

“Que acorde con lo que se ha expuesto no existe un derecho constitucional del actor que haya sido afectado en su legítimo ejercicio, requisito esencial para la procedencia de esta acción cautelar, razón por la que el recurso no puede prosperar”.

“lo imputado a la Administración es haber incurrido en una ilegalidad o arbitrariedad al no renovar las contratas que unía a los recurrentes con el Administración Regional, la que se materializó el 31 de marzo pasado”.

“constituye un poder – deber de la institución en comento el iniciar investigaciones cuando los interesados así lo soliciten”, por lo que la recurrida “deberá iniciar la investigación destinada a conocer de la misma, ello pues el ejercicio de la facultad no le resulta potestativa”.