Acciones de Amparo y Protección

“los alumnos de un determinado establecimiento no tienen derechos adquiridos sobre la calidad de alumnos”, limitándose la garantía a la continuidad en el respectivo año escolar, “y no para los años siguientes que eventualmente puedan cursar en dicho centro educacional

“El incumplimiento de los plazos por parte de la administración, amenaza en especial la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, al imponérsele al recurrente una multa en un procedimiento viciado, en razón del incumplimiento de los plazos legales, así como también porque la administración intenta sustraerse de la aplicación de la Ley Nº 19.880, que debe informar los procedimientos administrativos”.

“la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado”.

“requiere de los tratamientos y atención que comprende una Hospitalización Domiciliaria que se suscribe a las Condiciones de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas en Chile, lo que no se opone a lo que señalan y determinan los certificados e informes médicos”.

“la decisión de suspender los suministros básicos no es aceptable desde la perspectiva de la garantía constitucional de la igualdad, en cuanto ella supone que todas las personas deben ser tratadas igualitariamente y que un trato diferenciado no es concebible tratándose de un asunto que se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales de justicia”

“origen y naturaleza del depósito a plazo que reclama el recurrente, así como de los descuentos que de éste pueden efectuarse, se inserta en el ámbito de la relación contractual de las partes, y en este contexto, si el actor estima que la negativa que denuncia no era procedente en la especie, tiene el derecho a deducir las impugnaciones que correspondan ante el tribunal competente, a través del respectivo juicio declarativo de lato conocimiento”.

“la concesión de la medida alternativa reclamada por el recurrente, en su caso particular, resulta ser una facultad que la ley le otorga al fiscal adjunto respectivo, de carácter discrecional, no obstante estar presente los requisitos establecidos en el artículo 237 del Código Procesal Penal”,

“la reconsideración constituye una facultad del Alcalde o Jefe de la Corporación, mas no una obligación, por lo que no existe ningún derecho del recurrente para ocupar el cargo ni obtener el pago de las remuneraciones que reclama, circunstancia que se ve reforzada por no existir norma legal alguna que establezca tal efecto de silencio positivo, por la omisión de resolver la solicitud”.

El documento advierte una pérdida de legitimidad del sistema político y plantea una revisión integral del marco constitucional y legal de los partidos, con propuestas en materia de sistema electoral, reelección, financiamiento, democracia interna y participación de mujeres.

“Puesto que se trata en la especie de claros actos de intervención en la organización comunitaria, con la abierta finalidad de influir en la composición de su órgano directivo, instando por la destitución del presidente de la organización y la renuncia de sus demás miembros”.

“Se requiere de un pronunciamiento jurisdiccional previo dictado como corolario de un proceso legalmente tramitado, o bien de una decisión unilateral de la recurrente mediante el abandono voluntario que pudiera efectuar del inmueble, nada de lo cual aparece que se haya verificado”.

“pueden ser transferidas de acuerdo a la ley y, dentro de dicho concepto se encuentra el arrendamiento de las mismas, lo que precisamente ha ocurrido en la especie”, por lo que “no aparece debidamente justificada la causal de no renovación esgrimida por el Sr. Alcalde”.

“El recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 5, sólo en cuanto se ordena al Hospital Clínico de la Universidad Católica la restitución del pagaré”.

“han actuado dentro del marco de sus atribuciones legales y de las normas vigentes en este caso, aplicando al efecto lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 331 del Código del Trabajo, y en el 304 del mismo cuerpo legal”, descartando las vulneraciones a la Carta Fundamental.

Desestimó la acción constitucional al concluir que las autoridades sanitarias adoptaron medidas adecuadas frente al brote bacteriano en el recinto asistencial, descartando la existencia de una amenaza real y actual a la integridad física de los pacientes hospitalizados.

"Lo pretendido por el actor escapa del ámbito de la acción de protección, toda vez que no se encuentran demostrados en el caso sublite los supuestos de procedencia de la acción de protección al existir un diferendo sobre la interpretación y aplicación del contrato de construcción, que debe ser resuelto en sede de lato conocimiento".

La Corte Suprema rechazó una segunda acción de protección en contra de la Resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la X Región de Los Lagos que calificó favorablemente el Proyecto “Parque Eólico Chiloé”, por cuanto dicha materia ya había sido objeto de un pronunciamiento por parte del máximo tribunal por medio de sentencia…

“ha cumplido con todas las exigencias legales y reglamentarias, tanto formales como sustanciales, para emplazar una antena de telefonía móvil en un recinto o propiedad particular”.

todos los numerales del precepto citado establecen el pago de derechos por conceptos de “publicidad y propaganda”, y en ninguno de éstos puede encuadrarse el reparto de los boletines a que se ha hecho referencia, que se distribuyen gratuitamente a los habitantes de Zapallar, puesto que ninguna publicidad ni propaganda se encuentra contenida en ellos”.

“ninguno de los siete sitios de significación cultural que fueron catastrados en el proceso de evaluación se encuentran dentro del trazado de la línea, y el más cercano denominado “sitio de los caballos”, ubicado a una distancia de veinte metros del proyecto, se halla emplazado en un sector colindante a un camino público en que ya existen postes de distribución de energía eléctrica”.

“teniendo en cuenta los fines y usos que se les debía dar a los recursos computacionales del Instituto, es claro que el recurrente conocía cuales eran los criterios con los que la institución a la que pertenecía los manejaba, monitoreaba y fiscalizaba, por lo que no podía desconocer el tratamiento que la autoridad le daría a la información contenida en el equipo que le fuera entregado para los fines propios del órgano”.

“La instrucción de un sumario administrativo es un procedimiento diseñado para indagar hechos determinados, que persigue establecerlos y eventualmente sancionar al que haya incurrido en ellos, en cuanto representen faltas a la probidad o a los deberes u obligaciones funcionarios.

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el arbitrio constitucional, teniendo en consideración que las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga deben ser las aplicadas y al incurrir en la expulsión del alumno se vulneró la garantía constitucional del derecho a la igualdad ante la ley.

“La presente acción debe ser acogida, ya que la negativa de la recurrida a pagar el bono en cuestión debe calificarse de ilegal, máxime que el Decreto Alcaldicio que lo otorgó goza de la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad dispuesta en el artículo 3 inciso final de la Ley N° 19.880, no desvirtuada hasta ahora, a lo que debe agregarse la obligación de pago contemplada en el artículo 8 de la Ley N°20.305 y artículo 2 N°4 del Estatuto Orgánico de Tesorería

“Rechazada respecto a los otros antecedentes señalados por la recurrente, toda vez que las infracciones que denuncian no pueden ser ventiladas y resueltas en esta acción de emergencia, porque ellas requieren de una tramitación que garantice a las partes un adecuado y justo procedimiento y se resuelva con el mayor número de antecedentes que estas aporten”.

discrepancias surgidas con motivo de la demarcación de límites entre predios vecinos y existiendo una sentencia que así lo dispone no es posible determinar en estos autos si ésta debe ser cumplida o no”.

“habiéndose interpuesto el recurso de protección con fecha 29 de diciembre de 2011, esto es, mientras aun se encuentra inconcluso el procedimiento de modificación al plan regulador, el recurso no debió ser declarado inadmisible en razón de estimarlo extemporáneo”

“las funciones encargadas a la recurrente para el año 2012, son las que corresponden a aquellas por las cuales ingresó a prestar sus servicios y por las cuales se le remunera, de tal forma que la decisión cuestionada no resulta ni ilegal ni arbitraria, porque obedece a la situación laboral de la docente”.

“la circunstancia de haber deducido en su oportunidad con fecha 10 de mayo de 2011 otro recurso de protección que fue declarado inadmisible”.

“importa una omisión arbitraria que afecta la garantía contenida en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.