Ambiental

La medida fue autorizada por el ministro de turno, Cristián Delpiano, y se extenderá por un plazo de 30 días corridos desde su notificación a la empresa por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Durante 2020 ingresó un total de 53 causas, desglosadas en 46 reclamaciones contra actos de la Administración y 7 demandas por daño ambiental. En 2019, ingresaron 37 causas.

La reclamante aseguró que desde que inició el funcionamiento de la planta de compostaje los vecinos comenzaron a sufrir la presencia de vectores, como moscas y ratones, empeorando su calidad de vida.

Los programas de cumplimiento o “PdC” consisten en un plan de acciones y metas que presenta un titular infractor ante la SMA con el objetivo de cumplir nuevamente con la normativa ambiental

Las parte demandante, demandada y terceros coadyuvantes, que en este caso son el CDE, la compañía minera, además, de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, manifestaron su intención de avanzar en el proceso.

La sentencia señaló que, los recursos de casación en la forma y en el fondo sólo resultan admisibles en contra de las sentencias definitivas señaladas taxativamente en los incisos tercero y cuarto del artículo 26 de la Ley N°20.600.

Los demandantes arguyen que no cabe duda alguna que en el sector donde se emplaza el proyecto, esto es, un banco de machas, ha generado un impacto ambiental y daños al medio ambiente especialmente a los recursos bentónicos del lugar, producto de la instalación del cable FOS 5G.

El incidente reportado por la propia empresa y posteriormente constado en inspección ambiental en el sector de Chaimávida por el equipo regional, se habría debido a la rotura de un ducto, que alteró la calidad de las aguas, utilizadas para riego, bebida animal y recreación con contacto directo, generando un riesgo inminente de daño al medio ambiente y a la salud de las personas.

Los reclamantes señalan que durante toda la evaluación ambiental del EIA del Proyecto y especialmente en la RCA, no fueron evaluados adecuadamente los impactos significativos del artículo 11 de la Ley N° 19.300.

Alegan que la gravedad y significancia del daño ambiental generado por la contaminación acústica lo torna muy probablemente como irreparable o al menos de muy difícil reparación

Se trata de los Centros de Engorda (CES) Midhurst (comuna de Cisnes), y Ninualac 2 (comuna de Aysén), debido a una serie de denuncias realizadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) por incumplimientos ambientales en ambos centros de cultivo relacionados con infracciones de las condiciones y normas establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCAs).

Los demandantes señalan que la demanda, la extracción fue la condición necesaria de la grave baja del eje hidráulico, disminuyendo la cota del río entre 4 a 5 metros y rompiendo su sello.

Se generó afectación significativa del suelo, considerando la producción de procesos erosivos desde las laderas de los cerros y la alteración de la capa superficial de los suelos intervenidos.

El organismo determinó que, proyecto “Parcelación Altos del Trancura” se ejecutó sin contar con la necesaria Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Los recurrentes alegan que, si la sentencia hubiese aplicado las reglas de la sana crítica habría advertido, por una parte, que la metodología utilizada se basaba en supuestos de hechos probados durante la evaluación del Proyecto .

La evaluación ambiental se llevó a cabo sin respetar las instancias de participación que nuestra legislación reconoce a los pueblos originarios.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y fue calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama por medio de la Resolución Exenta Nº65 de fecha 13 de junio de 2019.

Tras la notificación, las empresas cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, o bien, con 15 días hábiles para formular sus Descargos.

El Tribunal estimó que deben sumarse los incumplimientos detectados y denunciados a las autoridades competentes, y al peligro inminente de daño al bosque nativo del lugar, que es hábitat de diversas especies animales.

El Tribunal se aclaró que no le corresponde ajustar el valor de la multa sancionada porque es una potestad privativa del órgano administrativo.

Se trata de la constructora a cargo del proyecto Altos del Trancura, que no ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hito necesario para el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario, más aún cuando éste se encuentra al interior de la Zona de Interés Turístico Araucanía Lacustre.

Los municipios pueden ejercer acciones ambientales en contra de las resoluciones de carácter general dictadas por el SEA.

La Sala deberá pronunciarse sobre esta anhelada legislación que fue estudiada en forma minuciosa por la Comisión de Agricultura.

La sentencia señaló que no se cumplen los requisitos de procesabilidad para efectos de que la reclamación del artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 pueda prosperar.

La sentencia detalla que las resoluciones, así como el procedimiento que llevó a su dictación, serían ilegales pues fueron dictadas sin previa audiencia de las reclamantes y, además, ponderaron de forma errada los antecedentes relativos al cumplimiento del Programa y el plazo asociado a la acción 1.6, que establecía un plazo estimado de 18 meses para la obtención de una resolución de calificación ambiental para el proyecto.

La Minera Maricunga provocó un derrame de petróleo, de aproximadamente 12 toneladas, en el mes de mayo del año 2017, en sector Rancho del Gallo, en el área de los generadores del Campamento el Gallo.

La formulación de cargos se basa en dos denuncias presentadas ante la Superintendencia del Medio Ambiente, una por la Seremi de Salud Los Ríos, en enero de 2016, y otra ciudadana, presentada en abril de 2018.

La sentencia concluye que las resoluciones del SEA se ajustaron a derecho al declarar inadmisible la reclamación administrativa, ya que la ley exige expresamente que lo que se puede impugnar es “el acto que realice la revisión”, lo que no ocurrió en la especie.

La sentencia acogió parte de las reclamaciones interpuestas por indebida consideración de las observaciones ciudadanas.

La medida se dictó luego de la solicitud de Aquafarms S.A., que requirió que mientras se ingresa la acción legal, el Tribunal ordene medidas preventivas para suspender las acciones que generarían el presunto daño ambiental.