Ambiental

Reclamantes denunciaron que se estaría incumpliendo la sentencia pronunciada hace 20 días, que la obliga a paralizar el vertimiento de las aguas servidas al Río.

En cuanto a la salud de la población, se estableció que en dos jaulas los salmones estaban siendo tratados con un antibiótico llamado Florfenicol, los que no son aptos para el uso en seres humanos.

Cabe recordar que los actores aducen que el proyecto cumple con los supuestos de hecho para proceder a la revisión de la RCA que lo autoriza.

Se vulneraría el principio pro homine, el principio pro administrado, y los derechos fundamentales de acceso a la justicia y acceso a la participación en asuntos ambientales.

El frigorífico fue objeto de diversas denuncias y fiscalizaciones, luego de las cuales la SMA abrió un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa, formulándole cargos por superación de la norma de ruido.

La reclamante expone que la ampliación de plazo solicitada es necesaria para dar cumplimiento al objetivo planteado en el Programa de Cumplimiento.

Judicatura especializada además ofició al MOP para que verifique el estado de las fundaciones, defensas y obras asociadas, de los puentes sobre el río Cachapoal ("by pass o ex Ruta 5 Sur" y "Ruta Panamericana") y le informe sobre la situación actual y riesgos.

En la demanda presentada al Tribunal Ambiental, el CDE alegó que tanto EFE como Molymet S.A. no habían cumplido con lo ordenado en la sentencia "definitiva firme y ejecutoriada" de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Corresponde ahora que la reclamada informe sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días.

Los actores solicitan que se ordene a la demandada como autora del daño ambiental, a reparar materialmente y en forma íntegra el edificio patrimonial.

Audiencia se extendió por casi seis horas y contó con la declaración de siete testigos.

Rechazó reclamación interpuesta contra la Superintendencia del Medio Ambiente.

Acciones en contra la Superintendencia del Medio Ambiente fueron presentadas por la concejala de San José de Maipo Maite Birke, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo; y un grupo de integrantes de la denominada Red Metropolitana No Alto Maipo en conjunto con una vecina de dicha comuna.

Corresponde ahora que la reclamada informe sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días.

Se aduce que el objeto de la demanda se basa en el daño al medio ambiente que ha provocado la faena minera responsable del desarrollo del proyecto "Procesamiento de Sales Metálicas".

Judicatura especializada determinó que Consejero Millones carecía de legitimación activa para interponer el recurso.

La reclamante aduce que la resolución reclamada restringe injustificadamente su derecho a solicitar la revisión de la legalidad de la RCA.

Acogió demanda por reparación de daño ambiental presentada por vecinos de San Bernardo y Talagante respecto al componente agua.

El recurso presentado busca dejar sin efecto la resolución de la SMA que sancionó a Celulosa Arauco y Constitución S.A.

En la resolución, el Tribunal explica que el Superintendente, aun cuando le corresponde aplicar sanciones, no está eximido de ejercer el control jerárquico del personal de su dependencia, "así como a su deber de conocer y resolver los recursos que la ley establece y cuando corresponda".

Corresponde ahora que la reclamada informe sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días.

Corresponde ahora que el Segundo Tribunal Ambiental escuche los alegatos el día 16 de mayo de 2018, a las 10:30 horas.

En su análisis, el Tribunal concluye que los oficios emitidos por la Municipalidad en febrero, mayo y octubre de 2016, no pueden asimilarse a una participación ciudadana.

El Tribunal acogió reclamación de particular contra la resolución en que la Comisión declaró inadmisible dicha solicitud.

El Tribunal acogió la reclamación judicial interpuesta por Andes Iron.

Empresa EBCO S.A. pide anular la resolución que la sancionó por obra en Concepción.

SQM solicita al Tribunal que deje sin efecto la resolución reclamada y ordene a la SMA aprobar el Programa de Cumplimiento, o en caso contrario, ordene retrotraer el procedimiento a la etapa previa, a objeto de formular nuevas observaciones al referido Programa, que subsanen los vicios por los cuales fue rechazado.

En su análisis el Tribunal determinó que el Icsara no podía ser impugnado, ya que constituye un acto trámite que no generó la imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental.

La medida fue solicitada por la SMA al Tribunal Ambiental, luego de constatar que la empresa estaba extrayendo áridos en zonas en las que no contaba con RCA, y ?en aquellas en que sí estaba autorizada- no poseía los permisos ambientales sectoriales necesarios, además de otros incumplimientos ambientales.

Empresa pide dejar sin efecto millonaria multa impuesta por el organismo sancionador.