Asuntos de Interés Público

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la mala praxis médica del Hospital Sótero del Río que causó la muerte de Harold Toro Gamboa, en octubre de 2011.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de las recurridas al denegar la cobertura estipulada en el contrato de seguro médico.

El Tribunal de alzada dispondrá en el más breve plazo la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia efectivas, como hay en otras unidades penales, para mayor resguardo, control y constatación total de los hechos.

El máximo Tribunal ratificó la sentencia impugnada, que condenó a Villaseñor Alarcón y Cichero Villarroel a penas de 5 años y un día de presidio; y a Rojas Peñaloza a 3 años y un día de presidio.

El máximo Tribunal deberá resolver si procede sustituir la prisión preventiva que lo afecta por una medida cautelar de menor intensidad.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Rancagua y condenó a la empresa Administradora de Créditos Presto S.A. al pago de una multa de 20 UTM.

El Tribunal estableció la responsabilidad del centro asistencial por la tardía atención brindada en julio de 2011.

Al pronunciarse el Tesorero Provincial sobre una excepción opuesta por el ejecutado en juicio de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias al margen de sus competencias legales, se constituye en una comisión especial y vulnera el derecho a un debido proceso del recurrente.

El Tribunal de alzada facultó a Gendarmería a tomar las medidas que permitan restablecer el imperio del derecho, proteger la salud e integridad física de los internos en huelga de hambre, a fin de no vulnerar su derecho a la vida.

Los recurrentes denunciaron que la compañía de seguros hizo caso omiso y comenzó a realizar llamados y enviar cartas exigiendo el pago de la deuda que el fallecido tenía con el Banco Santander.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que estableció el incumplimiento del contrato celebrado entre la Corporación de Fomento y la empresa sancionada.

El Ministro Hugo Dolmestch solicitó a la Corte de Santiago apertura de investigación administrativa por desclasificación de tres procesos ingresados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El Tribunal de Familia que conozca de un juicio por violencia intrafamiliar, debe adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a su término, así como, para dar protección a las víctimas.

En el aspecto civil, el fallo acogió demanda y se ordenó pagar la suma total de $1.910.000.000 a familiares de las víctimas.

Se trata de una acción legal interpuesta por la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, quien afirmó en su recurso que la decisión afectaría directamente a las comunas turísticas que en esa fecha se encuentran con su temporada alta.

Los reclamos de los consumidores se concentran en problemas relacionados con la atención y/o información, por ejemplo, incumplimiento de los contratos; mala calidad del servicio o demasiado tiempo de espera en atención.

El Tribunal de alzada estableció que las constantes llamadas que recibe el recurrente vulneran su derecho a la integridad síquica.

Renovación sucesiva de contrata genera la confianza legítima en funcionario público de que renovación continuará verificándose en el tiempo. Acto administrativo que le pone término debe estar suficiente y correctamente motivado. No cumple dicha exigencia la fórmula genérica “el no ser necesarios sus servicios”.

El máximo Tribunal anuló la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla por infracción a las normas del debido proceso.

El Tribunal de alzada ratificó el fallo recurrido, pero rebajó la multa a 75 UTM que deberá pagar la empresa Cerámica Santiago S.A. por no mantener las condiciones de seguridad de trabajos en altura.

La sentencia establece la responsabilidad de los demandados al no ajustar su actuar a la práctica de lex artis médica.

El artículo estudia los derechos humanos de las personas con discapacidad a la luz de su tutela constitucional y de su tutela judicial.

Yerra la sentencia que acoge la acción de precario si no se hace cargo de desvirtuar uno de los requisitos de procedencia de la acción ventilada -justificación del hecho de la ocupación- cuando la defensa centró sus argumentaciones precisamente en ese tópico.

El Tribunal de alzada condenó, entre otros, a César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito.

Cláusula que condiciona la obligación del pago del precio a la constancia de la toma de posesión material del bien por una comunidad indígena, resulta ser una condición meramente potestativa que es nula al dar cuenta sólo de la mera voluntad o capricho del comprador.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación deducido en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que acogió la acción judicial por falta de servicio del Estado en los daños provocados por la caída del muro y posterior fuga de los internos de penal.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias mostraron patrones de cambio y continuidad en relación a las tendencias previas y expectativas generadas en torno al proceso eleccionario.

La Magistrada acogió la demanda presentada por ex operario, quien fue detenido tras el 11 de septiembre de 1973 y llevado a diversos centros de detención y tortura.

Los funcionarios no se identificaron como policías, siendo repelidos por el dueño del inmueble, al establecer que en la acción policial no se siguió el protocolo.

Los Magistrados que asistieron a esta actividad, pertenecen, en gran parte, a las regiones que son parte de la primera etapa de la implementación de la Ley.