Internacional

Se concluye absolviendo a los dos acusados de ambos delitos, y hace presente que el matrimonio de complacencia sólo puede acarrear sanciones administrativas.

Se ordenó la suspensión de los efectos de la resolución expedida por la Alcaldía de Chinácota.

La Magistratura Constitucional húngara expresa que la norma en cuestión contiene medidas anticonstitucionales.

A falta de que la Comisión Suprema Electoral ratifique los resultados obtenidos, la oposición impugnará gran parte de las mesas electorales.

La trabajadora fue condenada a un año y medio de prisión e inhabilitación especial, como autora de un delito continuado de estafa.

La legislación interna de cada país puede restringir o incluso prohibir el ejercicio de derechos sindicales, expuso la CS argentina.

Concluye el órgano interamericano saludando este paso hacia la verdad, la justicia y la reparación.

El fallo concluye expresando que la aplicación del artículo 59 del estatuto del club es desproporcionada.

En España y Estados Unidos se han creado una serie de productos que ofrecen un conjunto de indicadores gráficos y visuales que permiten estimar mejor las probabilidades de éxito de un pleito.

El fallo indica que la expresión admite una condición discriminatoria y denigrante de la condición, contraria al modelo de Estado social de derecho.

Sólo la sensatez política y la racionalidad jurídica podrán revertir los dañinos efectos de la enorme crisis venezolana.

Cabe recordar que a este partido se le ha tratado de prohibir en dos ocasiones por ser aglutinante de neonazis.

Se consideró que eso suponía "condicionar el pleno ejercicio del respeto de la vida privada" a una renuncia a otro derecho, a la integridad física".

Expone el TC alemán que, debido a su efecto restrictivo sobre la libertad de expresión, el concepto de injuria debe ser, desde el punto de vista constitucional, acotado.

La Corte IDH concluyó manifestando que el Estado de México debe continuar implementando las medidas de protección que ya fueron dispuestas.

La Magistratura Constitucional peruana confirmó la constitucionalidad de parte de los artículos de la Tercera Disposición Complementaria Final de dicha norma.

Se produce así una situación inédita, porque durante 64 años el Reino Unido ha venido aplicando el derecho de la UE en su territorio.

Cabe recordar que el TC declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación en la Reforma Laboral.

Concluye al autor manifestando que todos estos acontecimientos terminan de darle la razón más plena a los informes de Luis Almagro, secretario general de la OEA.

A pesar de ciertos avances y aumento de la presencia de personas trans en la esfera pública, la Comisión nota con preocupación que ésta aún resulta muy baja y responde a situaciones excepcionales.

En dos columnas publicadas recientemente, Allan R. Brewer-Carías, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha tratado la crisis institucional por la que atraviesa este país.

El máximo Tribunal de España concluye manifestando que se ha devaluado socialmente el significado de la locución “terrorismo empresarial".

Desde que el Parlamento fue declarado en desacato, las obligaciones legislativas han sido cubiertas en algunos casos por el Ejecutivo, y finalmente aprobadas por el Tribunal Supremo venezolano.

La libertad de expresión no tiene límites, el delito de enaltecimiento de terrorismo no está definido: Es vago, impreciso, ambiguo y plagado de incertidumbres.

La pensión le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), decisión ratificada posteriormente por un Juzgado.

La garantía del derecho de asilo es una piedra cada vez más molesta en el zapato de la Unión Europea.

Cabe hacer presente que con la indemnización de las aseguradoras no se ha cerrado el caso. Respecto de la doctora y la matrona aún no se dicta sentencia.

La CIDH resolvió instar al Estado chileno a promover el diálogo necesario para la reforma del modelo judicial.

Durante el proceso civil estuvo vigente una medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes.

Los tribunales públicos deben priorizar, a la hora de sus sentencia y dictámenes, la primacía de los contenidos del Estado de Derecho.