Judicial

El tribunal concluyó que la controversia sobre límites entre predios excede la acción de demarcación, al existir desacuerdo sustantivo que debe resolverse mediante una acción reivindicatoria.

Acogió parcialmente la demanda de una trabajadora despedida, declarando injustificada su desvinculación y ordenó el pago de indemnizaciones y remuneraciones. No obstante, rechazó la responsabilidad de empresas mandantes por falta de prueba del régimen de subcontratación. Aplico, además, nulidad del despido con efectos limitados por liquidación concursal.

El Juzgado del Trabajo validó la sanción de 60 UTM, señalando que la falta de impresión de registros impide la fiscalización y constituye un incumplimiento grave. Demandada recurrió de nulidad a la Corte de Santiago.

Tribunal acreditó enfermedad profesional asociada a sobrecarga laboral y liderazgo disfuncional, y estableció omisión en la adopción de medidas de protección, configurando daño a la integridad física y psíquica de la magistrada.

Sostuvo que, aun cuando puede discutirse la exigibilidad de la obligación, la ejecución no procede si el contenido del fallo invocado carece de la determinación suficiente para ser cumplido coercitivamente, especialmente cuando se trata de mandatos amplios que requieren actuaciones técnicas o discrecionales de la autoridad.

La detención por parte de los aprehensores civiles ocurrió fuera de los plazos de flagrancia, y sin ninguna hipótesis clara respecto de la participación del detenido en los hechos imputados

Tribunal concluyó que la clínica no acreditó incumplimiento grave de trabajadora y calificó como desproporcionada la medida, ordenando pago de más de $10 millones.

El tribunal concluyó que el vínculo se extinguió conforme a la cláusula pactada, descartando incumplimiento y responsabilidad de la empresa y de la firma mandante.

El máximo tribunal dejó sin efecto resoluciones que declararon caducada la acción, al concluir que la reclamación fue presentada dentro de plazo conforme a normas especiales que excluyen los sábados, resguardando el derecho a la tutela judicial efectiva

El máximo tribunal validó el fallo que estableció incumplimiento del deber de seguridad del banco, descartando perjuicios materiales no acreditados y ordenó el pago de $20 millones por daño moral a la clienta afectada.

El máximo tribunal informó iniciativa que modifica la Ley N°20.084, destacando tensiones entre acceso a la justicia y especialización judicial, y advierte la necesidad de evaluar su impacto en la carga de trabajo de los tribunales y en los estándares internacionales de protección de derechos de los menores

El tribunal de alzada ratificó el pago de $20 millones a favor de la demandante, rechazó las excepciones opuestas por el Consejo de Defensa del Estado y estableció que los intereses deben calcularse desde la mora del deudor

El tribunal estableció falta de servicio por no mantener ni señalizar un desnivel en la vía pública, ordenando el pago de daño emergente y daño moral a la víctima.

El tribunal revocó parcialmente el fallo de primera instancia y estableció responsabilidad concurrente de la empresa principal y la contratista por deficiencias en medidas de seguridad, ordenando el pago por lucro cesante y daño moral a la viuda e hijo de la víctima.

El tribunal de alzada ratificó la resolución que acogió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado, descartó falta de fundamentación y desproporción, aunque acotó la cautelar a un inmueble y bodega en Providencia para asegurar eventuales responsabilidades civiles.

El tribunal estableció responsabilidad objetiva del primer vendedor y ordenó el pago de $40 millones por daño emergente y moral, tras acreditarse que una piscina mal construida provocaba contaminación acústica y vibraciones en un departamento inferior.

El tribunal de alzada concluyó que solo el laboratorio debe responder por infracciones en productos farmacéuticos, eximiendo a tres trabajadores por falta de tipicidad y reduciendo en un 50% la multa aplicada

El máximo tribunal estimó que la policía actuó sin indicios suficientes, vulnerando el debido proceso, y dispuso repetir el juicio con exclusión de toda la prueba obtenida en el procedimiento viciado

Sostuvo que la relación de parentesco que inicialmente justificaba la tenencia pierde eficacia cuando cambian las circunstancias, configurándose una ocupación por mera tolerancia del dueño, especialmente cuando cesa la convivencia que dio origen al uso del bien y no existe un título jurídico vigente que legitime la permanencia en el inmueble.

Enfatiza el carácter excepcional del arbitrio y precisa que no procede cuando las interpretaciones comparadas no recaen sobre presupuestos fácticos homologables ni revelan una real contradicción jurídica, especialmente cuando la norma o cláusula contractual resulta clara y no requiere acudir a principios interpretativos del Derecho del Trabajo.

El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma por falta de preparación y rechazó el de fondo por no denunciar correctamente las normas decisorias, confirmando indemnización luego de acreditarse la responsabilidad extracontractual del demandado.

El tribunal estableció que la identidad de internos condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen penas en recintos como Punta Peuco y Colina 1 es información pública, al provenir de registros penitenciarios y sentencias judiciales accesibles, descartando que su divulgación afecte de manera concreta la vida privada o seguridad de los involucrados y afirmando que no resultan aplicables las causales de secreto invocadas por Gendarmería.

El tribunal descartó ilegalidad en la sanción de 20 UTM, afirmando que la emisión de publicidad de juegos de azar en horario de protección vulnera el deber de resguardar a menores, aun cuando esté dirigida a adultos y no se acredite un daño concreto.

Precisa límites del reclamo contra actos expropiatorios, enfatiza que los tribunales no pueden revisar la necesidad pública definida por el legislador y refuerza el rol del Ministerio de Obras Públicas en la determinación de los bienes necesarios para la ejecución de obras públicas.

El tribunal determinó que la DGA aplicó erróneamente el cómputo del período de no utilización al desconocer que los derechos fueron ejercidos hasta 2018 y que existían obras de captación, anulando parcialmente el acto y ordenando recalcular la patente conforme al uso efectivo acreditado.

El tribunal determinó que, en ausencia de regulación expresa, los plazos deben entenderse como días hábiles administrativos, permitiendo dar curso a la acción inicialmente rechazada por extemporánea

Advierte que una interpretación restrictiva de las normas procesales laborales puede dejar al trabajador sin acceso a la justicia, afectando garantías constitucionales y desnaturalizando el carácter protector del Derecho del Trabajo al impedir un pronunciamiento de fondo sobre sus pretensiones.

El 7° Juzgado Civil de Santiago fijó como fecha de fallecimiento el año 1986, tras acreditarse extensas gestiones de búsqueda sin resultados y ausencia de registros oficiales. Último día del primer bienio contado desde las últimas noticias de su existencia.

El máximo tribunal alertó sobre posibles conflictos de competencia y cuestionó que la iniciativa permita intervención inicial de la justicia militar incluso respecto de civiles

La Corte anuló la sentencia que había acogido la tutela laboral y en sentencia de reemplazo concluyó que las medidas adoptadas se dispusieron en el marco de un sumario administrativo, mediante decisiones fundadas y ajustadas al Estatuto Administrativo, descartando que dichas actuaciones constituyeran una vulneración de la honra o integridad psíquica de la funcionaria.