Nacional

El exfuncionario cuestiona que la norma que otorga exclusividad a la Comisión Médica Central para evaluar la capacidad física del personal impide revisar su caso, pese a que padece una afección psiquiátrica irreversible. Alega que la aplicación del reglamento vulnera derechos constitucionales al restringir injustificadamente su posibilidad de acceder a beneficios previsionales dentro del plazo legal de prescripción.

Determinó que las condenas cuya pena privativa de libertad fue sustituida deben excluirse de la hoja de vida del conductor, aplicando el artículo 38 de la Ley N° 18.216 y el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sin afectar la permanencia de los registros para fines institucionales.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que estableció que la instalación de un portón que impide el libre tránsito por un camino interior constituye un acto de autotutela, al alterar una situación de hecho preexistente sin resolución judicial, vulnerando con ello la garantía del debido proceso.

La requirente cuestiona que la norma impida declarar el abandono del procedimiento en juicios ejecutivos por cobro de cotizaciones previsionales, incluso cuando no se han realizado gestiones por largos períodos. A su juicio, vulnera el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, al permitir que procesos inactivos se mantengan indefinidamente abiertos, afectando la certeza jurídica y el equilibrio entre las partes.

Determinó que los antecedentes requeridos por el Consejo para la Transparencia constituyen secreto empresarial protegido por la Ley de Propiedad Industrial, al contener información estratégica con valor comercial cuya divulgación podría afectar la libre competencia.

El órgano contralor precisó que el control de calidad de los materiales de construcción es responsabilidad de los profesionales y laboratorios competentes, y no del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya labor se limita a la supervisión general del marco normativo y a la administración del registro oficial de laboratorios técnicos.

El órgano contralor desestimó la presentación de una fundación que cuestionaba la legalidad de una circular de la Superintendencia de Seguridad Social, concluyendo que la entidad actuó dentro de sus atribuciones al regular el pago de cotizaciones previsionales asociadas a subsidios por incapacidad laboral.

El fallo precisó que la inactividad del titular y la omisión de gestiones para ejercer el derecho de aprovechamiento no constituyen caso fortuito ni fuerza mayor, destacando el deber de diligencia que impone el Código de Aguas.

Control de identidad basado en una denuncia anónima se ajusta a la legalidad. El registro domiciliario realizado con consentimiento del acusado es válido. La actuación de la policía se desarrolló dentro del marco legal y sin vulneración de derechos constitucionales. Voto en contra: El control de identidad se efectuó fuera del marco legal, al basarse solo en una denuncia anónima y sin indicios objetivos de delito.

Confirmó decisión de CPLT que ordenó entregar antecedentes cronológicos de destinaciones y funciones del capitán de fragata (R), por tratarse de información es pública cuya entrega no afecta la defensa ni la seguridad nacional.

Herederos buscaban anular contrato de cesión de derechos hereditarios celebrado en 2012 al considerar que vendedora no estaba en condiciones mentales de consentir. Corte concluyó que no se acreditó incapacidad ni vicios del consentimiento y que la valoración de la prueba corresponde a los jueces del fondo.

Recurso carecía de fundamento. Hechos resultan inamovibles al no haberse denunciado infracción de leyes reguladoras de la prueba que pudieran alterar las conclusiones del fallo. Omitió extender la denuncia de infracción a normas decisorias de la Litis.

Notificación se envió a domicilio que no correspondía a la víctima. Esto impidió que ejerciera sus derechos según el Código Procesal Penal. Voto en contra: recurso de amparo no puede utilizarse para privar de libertad a una persona. Su propósito es proteger contra afectaciones ilegales a la libertad personal y seguridad individual. Solo el afectado o alguien actuando en su nombre (en caso de impedimento) puede interponer un amparo. Aceptar tal interpretación abre la puerta a que cualquier órgano del Estado, incluido el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pudiese recurrir en repr

Iniciativa parlamentaria propone modificar la Ley de la UAF para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Incorpora delitos de falsificación de marcas y comercialización fraudulenta al catálogo de delitos base del lavado de activos. Alinea la legislación chilena con los estándares internacionales del GAFI. Fortalece la capacidad del Estado para desarticular mecanismos de financiamiento ilícito.

El fallo fue dictado por la justicia de Córdoba contra Hernán Felipe Herrera Larenas, ingeniero chileno de 39 años, responsable del femicidio de su pareja, Christelle Verónica Heredia.

Sentencia carecía de un texto escrito íntegro y el juez infringió el principio de imparcialidad, afectando el derecho a defensa y al recurso del imputado. Ordenó la realización de un nuevo juicio oral simplificado ante un juez no inhabilitado.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a dos exintegrantes de la Armada como autores del homicidio calificado de Milton Domínguez, un hombre en situación de discapacidad y calle, quien murió tras ser agredido en 2023.

Consideró que nota periodística se enmarca en ejercicio legítimo de la libertad de informar. Determinó que no existía una expectativa razonable de privacidad en las redes sociales del recurrente. Enfatizó que los medios están facultados para difundir información veraz y relevante para la comunidad.

Imputado presentó certificado médico acreditando cuadro de gastroenteritis viral. Estimó que la ausencia estaba suficientemente justificada. Revocó la sentencia de Corte de San Miguel. Ordenó fijar nueva fecha para la audiencia de preparación de juicio oral simplificado.

Ratificó que la acción fue presentada fuera del plazo legal previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, y reafirmó que las decisiones de la CRUBC deben ajustarse a la Ley N°20.249, valorando la compatibilidad del espacio solicitado con la planificación urbana y los usos productivos del borde costero.

La Magistratura estimó que la restricción impugnada constituye una medida legítima y proporcional destinada a prevenir conflictos de interés y asegurar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a la educación.

El máximo Tribunal estableció que la conducta del recurrido configuró un acto de autotutela ilegal, al bloquear el único acceso a la propiedad de la recurrente mediante árboles y escombros, alterando el statu quo y vulnerando la garantía del derecho de propiedad. Ordenó restituir el tránsito y otorgó un plazo de un año para regularizar la servidumbre de paso.

Reafirmó que la confianza legítima protege a los funcionarios a contrata que han mantenido una relación prolongada con la Administración, advirtiendo que las decisiones sobre su renovación deben respetar la estabilidad, coherencia y previsibilidad propias de una actuación administrativa sujeta al Estado de Derecho.

La Magistratura concluyó que la limitación impuesta por el artículo 88 del Código de Minería, que restringe los recursos contra la sentencia constitutiva de una concesión al actual titular del pedimento o manifestación, no infringe el debido proceso ni el derecho de propiedad. El fallo precisó que la normativa minera contempla otros mecanismos para resguardar los derechos de los titulares de concesiones preexistentes.

Estimó que la institución incurrió en un actuar caprichoso e injustificado al reactivar cobros por créditos sociales después de un largo periodo de inactividad, vulnerando el derecho de propiedad del trabajador.

Confirmó que la Municipalidad se apartó de las bases licitatorias al recalificar una oferta sin invalidar el procedimiento ni garantizar la participación de los oferentes, destacando la obligación de la Administración de respetar estrictamente las condiciones del proceso.

Dictamen establece requisitos específicos para la correcta rendición en programas ejecutados por privados. Establece tres niveles de rendición: FOSIS debe rendir al GORE; Ejecutor privado debe rendir al FOSIS; Beneficiarios finales deben rendir al ejecutor privado. Reconoce al FOSIS como "otorgante" de los recursos transferidos a ejecutores privados. Ordena establecer procesos detallados de rendición para cada nivel. Requiere la aplicación de procedimientos contables específicos para GORE y FOSIS

Estimó que la resolución impugnada no cumplía los presupuestos de procedencia para ser revisada judicialmente, al tratarse de una solicitud de invalidación administrativa general regida por la Ley N°19.880, y no de un procedimiento ambiental con participación ciudadana conforme a la Ley N°20.600.

Iniciativa establece obligación de entregar agua potable gratuita en establecimientos que expenden alimentos, como restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida. Busca promover hábitos saludables y garantizar el acceso universal al agua, sin incorporar sanciones directas ni nuevas exigencias administrativas.

Busca fortalecer fiscalización y aumentar sanciones para mejorar la seguridad y el cumplimiento en el sistema de transporte. Establece nuevas alternativas de pago y procedimientos administrativos para el cobro de multas. Fortalece el registro de infractores con mayores restricciones. Aumenta sanciones por lesiones y amenazas en el transporte. Mejora en el control de beneficios tarifarios.