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Moción patrocinada por los diputados Bertolino, Delamastro, Galilea, García, Isasi, Venegas y Verdugo.

El actual senador señaló que sus propuestas de reforma constitucional son sustanciales y se orientan en el propósito de “cerrar la transición a la democracia”.

Lo que había sido aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando correspondió el turno del Senado éste lo rechazó como una forma de criticar el sistema binominal, lo que obligó a constituir una Comisión Mixta.

El TC reiteró que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar si la aplicación de un precepto legal en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial resulta contraria a la Constitución, lo que exige que se dirija en contra de normas precisas de jerarquía legal, concernidas en una gestión jurisdiccional y que eventualmente puedan violentar alguna norma constitucional,

Se solicitó la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 133 del Código Tributario en relación a una gestión pendiente constituida por sendos recursos de casación en la forma y en el fondo que se interpusieron ante la Corte Suprema.

La iniciativa, patrocinada por los diputados Jiménez, Latorre, Monckeberg, Ojeda, Palma, Rossi, Sabag, Schilling, Vidal y Ward, propone modificar la Ley Nº18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

Entre los fundamentos de la misma se señala que, tal como se ha facultado al TC para resolver sobre la constitucionalidad de los auto acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones, resulta necesario también que pueda ejercer análoga atribución en relación a los reglamentos que dictan ambas ramas del Congreso.

Lo anterior se condice con el artículo 16 de la Constitución Política de la República, que establece las causales por las cuales se suspende el derecho a sufragio, y entre las cuales se encuentra la de interdicción por caso de demencia y la de haber sido acusada la persona por delito que merezca pena aflictiva o condenada por delitos que atenten en contra del orden institucional de acuerdo al artículo 19 N° 15 de la Constitución.

Están integrados por seis miembros titulares, seis suplentes y un secretario, quienes deben haberse desempeñado como presidente de alguna de las mesas receptoras de sufragios que corresponda escrutar al respectivo Colegio.

La moción es patrocinada por los diputados Araya, Chahúan, Enríquez-Ominami, Escobar, Montes, Sepúlveda y Valenzuela.

El requerimiento se funda en que la aplicación de los artículos 5 Nº3, 10, 11, 70–A, 405, 421 y 426 del CJM vulnera, a lo menos, los artículos 5º, inciso segundo, 19 Nºs 2 y 3, y 76 de la Constitución y diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se solicitó declarar inaplicable la letra m) del artículo 6º del Capítulo II de la Ordenanza Local de Publicidad y Propaganda de la Comuna de Las Condes, contenida en un Decreto Alcaldicio, en relación a una causa que se sigue ante un Juzgado de Policía Local y que se encuentra sometida al conocimiento de la Corte Suprema por la vía de un recurso de queja.

La norma objetada impone una prohibición relativa al patrocinio o a la actuación como apoderado o mandatario de imputados por delitos de esa especie, pero solo respecto de algunos abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados, a cualquier título, en la Administración del Estado.

La Corte de Apelaciones dejó sin efecto, además, la orden de no innovar que prohibía el ingreso a la zona de las personas en cuyo favor se recurrió.

El Tribunal no acogió a tramitación el requerimiento, sin embargo le otorgó plazo al actor para subsanar los defectos de que estimó adolecía.

Se aduce, asimismo, que las actuaciones impugnadas, desarrolladas por los aludidos órganos del Estado, se derivarían de una interpretación “abusiva” que éstos realizan respecto de sus atribuciones legales y afectarían a diversos procesos de cobro de impuestos, tanto administrativos como judiciales, que siguen en contra de su representada, por sí y como representante legal de sus empresas.

Se solicitó declarar inaplicable el inciso sexto del artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas en relación a una causa seguida ante un Juzgado del Crimen por el delito de contrabando, en sede apelación ante la Corte de Santiago.

El precepto impugnado resultaría contrario a la prohibición de prisión por deudas establecida en diversos tratados internacionales y al principio de igualdad. Se afirma que la sustitución del pago de la multa por reclusión no tiene como antecedente el delito por el que se condena, sino que constituye simplemente una pena.

El requerimiento incide en una causa seguida ante un Juzgado de Garantía por los delitos de cohecho y de obstrucción a la investigación, iniciada por denuncia del requirente en contra de dos fiscales adjuntos del Ministerio Público, en la que se decretó el sobreseimiento definitivo, sentencia que fue apelada.

El MP, mientras se tramitaba la contienda de competencia comunicó que “luego de un mejor estudio de los antecedentes ha decidido proseguir con la investigación del delito de amenazas... de manera tal que no existe ya contienda de competencia que deba ser dirimida”.

No obstante que el requirente acreditó ser parte en la gestión judicial y que ella se encuentra pendiente, se dispuso que previo a resolver sobre su admisibilidad el Secretario certificara el estado de la causa en que incide.

También la resolución cita la Ley Orgánica de Ministerios, que incluye el examen y anotación en la Contraloría General de los decretos supremos, para resaltar que esa normativa dispone que “Ninguna oficina de Hacienda, Tesorería, Contaduría, etc., dará cumplimiento a decretos que no hayan pasado por el trámite antes indicado. El funcionario público que no dé cumplimiento a esta disposición perderá por este solo hecho su empleo”.

El TC razona que en él no se expresa, de manera clara y precisa, de qué manera el precepto legal que se pide inaplicar se relaciona y puede resultar “decisivo” para la resolución de la gestión judicial pendiente.

El MP sostuvo, apoyado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley 20.066, que el precepto legal invocado por el Tribunal de Familia no ordena ni señala que la remisión de los antecedentes al MP deba ser inmediata, pues deben ser ellos evaluados por el tribunal en la audiencia preparatoria o en la de juicio, imponiendo así una exigencia adicional de ponderación de los hechos que configuran el delito de maltrato habitual para darle el sustento o peso suficiente que el tipo penal exige por su propia naturaleza.

La Corte observa que la referida pagina web publica afirmaciones o contiene expresiones que directamente aluden a la recurrente y otras que se formulan indeterminadamente a juezas, consejeras técnicas y abogadas, por lo que no siendo el recurso de protección una acción popular solo ponderará si las imputaciones que atañen a la recurrente lesionan o no sus derechos constitucionales.

En contra de esa decisión se recurre al TC para que declare inconstitucional lo resuelto por el Presidente de la Cámara de Diputados y se impida la tramitación en esa Corporación de la moción que propone modificar su reglamento.

Se solicitó declarar inaplicable la expresión “siempre” contenida en el artículo 279 del Código Penal, que señala: “El dinero o efectos puestos en juego y los instrumentos, objetos y útiles destinados a él caerán siempre en comiso”.

El derecho a la educación, a desarrollar una actividad económica, el derecho de propiedad, la libertad para difundir las artes y la cultura son algunos de los derechos que la Constitución asegura que el Ejecutivo planteó podrían ser vulnerados por la iniciativa.

También precisa que si el TC “resuelve que uno o más preceptos de un tratado son inconstitucionales, deberá declararlo así por resolución fundada cuyo texto íntegro se remitirá a la Cámara de origen”.

En contra de esa resolución el Colegio de Periodistas interpuso un recurso de protección que fue acogido por la Primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual, si bien consideró que dicha medida no puede ser calificada de arbitraria si resulta ilegal.