Tribunal Constitucional

La requirente sostiene que la norma impugnada vulnera derechos fundamentales, al permitir que se ejecute una sentencia no firme y se remate el bien embargado antes de que el tribunal de alzada revise el fallo, generando una situación de indefensión y un perjuicio patrimonial irreparable.

La Magistratura rechazó el requerimiento que impugnó la norma que impide a quienes figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos presentar demandas de rebaja o cese de pensión, salvo que acrediten antecedentes calificados. Concluyó que la medida persigue un fin legítimo y proporcional, orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimenticias y la protección del interés superior del alimentario.

El requerimiento impugna el precepto, al estimar que vulnera el derecho de propiedad y excede las competencias de una ley simple, al establecer una causal de extinción de concesiones no prevista en la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. El Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite la impugnación y, eventualmente, pronunciarse sobre su fondo.

La Magistratura rechazó un requerimiento que impugnó los artículos 768 del Código de Procedimiento Civil y cuarto transitorio de la Ley N° 21.210. El voto de mayoría consideró que la regulación responde a una opción legislativa válida y razonable dentro del ámbito de libertad del legislador.

La requirente cuestiona el artículo 394 del Código Civil, que exige la venta en pública subasta de los bienes de una persona declarada interdicta. Alega que su aplicación en el caso concreto vulnera derechos constitucionales como la dignidad, la vida y la propiedad, al retrasar la obtención de recursos necesarios para financiar cuidados médicos y generar perjuicios patrimoniales. El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite a trámite el requerimiento antes de pronunciarse sobre el fondo.

Busca ser reincorporado al padrón electoral para las elecciones del 16 de noviembre próximo. Cuestiona constitucionalidad de normas que lo inhabilitan. Vulneran el principio de legalidad y el debido proceso. Atentan contra la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad. Afectan el núcleo esencial de los derechos políticos, porque se lo excluyó del padrón electoral por una acusación penal que fue dejada sin efecto

La requirente solicita declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 37, inciso final, del DFL N°5 de Agricultura de 1968, que mantiene indivisos los derechos de la comunidad agrícola tras el fallecimiento del titular y limita la transferencia de esos derechos solo a los integrantes de la sucesión, impidiéndole inscribir la cesión de derechos hecha por su padre putativo.

La Magistratura rechazó un requerimiento presentado por un grupo de conductores de transporte de combustible que impugnaban normas del Código del Trabajo que impiden apelar resoluciones dictadas en procedimientos de ejecución laboral y que fijan la fórmula para calcular las horas de espera.

El sindicato de trabajadores de ENAER presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que se declara inaplicable la norma que prohíbe la negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, argumentando que vulnera el derecho a la libertad sindical y la igualdad ante la ley de los trabajadores civiles.

Se alega vulneración del principio de legalidad, igualdad ante la ley, lesión al debido proceso y al derecho al recurso, y contravención a la inexcusabilidad judicial.

El municipio presentó un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 429 del Código del Trabajo, que impide declarar el abandono del procedimiento en este tipo de causas. La solicitud se formula en el contexto de un juicio de cobranza laboral en su contra, donde alega que la norma vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. El Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite la impugnación.

La impugnación sostiene que restringir los recursos de casación únicamente a sentencias definitivas de los Tribunales Ambientales vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica y el deber de inexcusabilidad judicial, al impedir que el SEA recurra de un fallo que ordenó un nuevo pronunciamiento sobre la vigencia de una RCA.

La discusión sobre aplicación del principio de confianza legítima en materia de contratas es un conflicto de mera legalidad, no de constitucionalidad. No existe vulneración al principio de igualdad, a la libertad de trabajo ni al derecho de admisión a empleos públicos, ni contraviene el principio de carrera funcionaria. Los estándares internacionales invocados, si bien son un marco interpretativo válido, no eximen al requirente de demostrar la vulneración concreta de derechos fundamentales

El voto de mayoría estimó que la norma forma parte del sistema de prueba legal vigente y busca asegurar la imparcialidad de los declarantes, mientras que los ministros Fernández y Mery estuvieron por acoger el requerimiento al considerar que la exclusión anticipada del testimonio afecta el derecho a una defensa efectiva.

La requirente sostiene que el precepto impugnado vulnera el derecho a defensa y de propiedad, ya que permite continuar con la ejecución y eventualmente rematar el inmueble antes de que se resuelva el recurso. El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite a trámite el requerimiento.

Derecho al recurso no está explícitamente consagrado en la Constitución. Tratados internacionales no exigen específicamente la apelación como recurso. Limitación de recursos es característica del proceso laboral y no contraviene obligaciones internacionales. Carácter protector del derecho laboral no justifica diferencias procesales entre las partes en cuanto al derecho a interponer recursos. Voto en contra: La restricción del derecho al recurso vulnera la tutela judicial efectiva. Principio del "doble conforme" asegura estabilidad y certeza jurídica. Decisión impide la revisión de una resoluci

La Magistratura concluyó que la medida prevista en la Ley N° 19.886 no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, al tratarse de una consecuencia razonable y temporal de una sentencia ejecutoriada por vulneración de derechos fundamentales.

Falta de una gestión judicial pendiente donde puedan aplicarse las normas cuestionadas. Trabajadora buscaba impugnar la convalidación de su despido, alegando falta de pago íntegro de cotizaciones. Argumentaba vulneraciones al debido proceso, igualdad ante la ley y derechos laborales. La decisión deja firme la resolución que convalidó el despido cuestionado por la trabajadora.

La requirente sostiene que esta restricción vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, al impedirle defenderse adecuadamente frente al cobro de cartas de despido cuya ejecución considera improcedente.

El requirimiento busca que se declare inaplicable el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N° 20.735, en relación con el Artículo 70 del D.F.L. N° 2 de 1968, por estimar que la aplicación de dichas normas —que fijan el 8 de enero de 2014 como fecha clave para acceder a la reliquidación de pensiones— genera una diferencia arbitraria entre beneficiarios, vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley.

Azul Azul solicita al Tribunal Constitucional declarar inaplicables artículos de la Ley de Rentas Municipales. Alega vulneración del principio de legalidad tributaria. Afectación a la libertad económica. Discriminación arbitraria frente a otros recintos deportivos. Desproporción e injusticia en los montos cobrados. Se admitió a trámite por la Primera Sala para resolver sobre su admisibilidad

La requirente alegó que la aplicación de las normas que regulan la calificación académica y la declaración de vacancia de cargos en la Universidad de Chile contravienen la igualdad ante la ley, vulneran el principio de legalidad de las sanciones, conllevan a una discriminación arbitraria y la imposición de una sanción desproporcionada.

La Magistratura desestimó un requerimiento que impugnaba la expresión “solo” del artículo 32 de la Ley N° 18.287, confirmando que el recurso de apelación procede únicamente contra sentencias definitivas o resoluciones que impidan continuar el juicio. Sostuvo que la restricción responde a la naturaleza especial del procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y no vulnera el debido proceso ni la igualdad ante la ley.

El requirente alega que su aplicación en la gestión pendiente vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento justo y racional, la seguridad jurídica y proporcionalidad de las sanciones.

El requirente impugna las normas que facultan al juez para representar al deudor en la venta forzada y suscribir la escritura de compraventa en los remates judiciales. Alega que vulneran la igualdad ante la ley, el debido proceso y la inviolabilidad del hogar, al posibilitar el lanzamiento de los ocupantes del inmueble sin un procedimiento contradictorio ni sentencia que autorice la entrega material del bien.

El requerimiento cuestiona el artículo 8 de la Ley N° 17.322, que condiciona la procedencia del recurso de apelación al pago previo de la suma ordenada por sentencia. El recurrente argumenta que esta exigencia constituye una restricción desproporcionada al derecho a recurrir, vulnerando la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

La Magistratura acogió parcialmente un requerimiento que impugnó los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, determinando que, en el caso concreto, no es necesario enviar la carta certificada que acredita el pago de cotizaciones previsionales cuando estas ya fueron íntegramente pagadas y el trabajador tuvo conocimiento de ello.

Se impugnó el artículo 8, letra a), de la Ley Nº18.216 sobre penas sustitutivas. No se admitió a trámite por no existir gestión judicial pendiente. Corte de Temuco ya había confirmado la sentencia de primera instancia. Requirente alegaba discriminación arbitraria al no poder acceder a cumplimiento alternativo de la pena, lo que vulneraba la igualdad ante la ley y proporcionalidad de las penas

El requerimiento fue presentado en el marco de un recurso de protección tramitado en Temuco, en que una funcionaria pública impugnó la negativa del fiscal instructor a entregarle copia del sumario administrativo. A su juicio, la norma que mantiene en reserva el expediente hasta la formulación de cargos vulnera principios constitucionales como la publicidad de los actos de la Administración, la igualdad ante la ley y el derecho a defensa.

El requerimiento fue presentado en el marco de un recurso de protección contra una ordenanza de la Municipalidad de Calama que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de la comuna. El requirente sostiene que la norma legal que permite dictar este tipo de ordenanzas vulnera principios constitucionales al delegar a las municipalidades una potestad normativa indeterminada para restringir derechos fundamentales sin criterios objetivos ni límites legales.