Acciones de Amparo y Protección

Estimó que la no renovación de la contrata de un profesor que llevaba más de ocho años prestando servicios vulneró el principio de confianza legítima y careció de motivación suficiente, ordenando su inmediata reincorporación para el año académico 2026.

Respaldó el criterio de la Corte de Temuco, que descartó ilegalidad o arbitrariedad en las resoluciones dictadas en etapa de cumplimiento de una sentencia firme, subrayando que la acción cautelar no puede emplearse para revisar el mérito ni paralizar la ejecución de decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas.

Confirmó que el funcionario no cumplía con los requisitos para invocar estabilidad en el cargo y que la decisión del municipio se ajustó a la legalidad y a la naturaleza transitoria de las contratas

Concluyó que la evaluación se ajustó al reglamento institucional, descartó ilegalidad y arbitrariedad, y sostuvo que las observaciones de desempeño constituyen antecedentes legítimos para calificar al funcionario. Desestimó alegaciones sobre trato discriminatorio y falta de fundamentos en la decisión de la Junta Calificadora y de Apelaciones

Reafirmó que la Administración puede declarar la vacancia del cargo cuando el funcionario supera seis meses de licencias en dos años, incluso si su salud es recuperable, descartando arbitrariedad en la decisión

Educación, Superintendencia de Educación, Sanciones Administrativas, Reclamo de Ilegalidad, Proporcionalidad, Circunstancias Atenuantes, Protocolos Escolares, Infraestructura Educacional

Respaldó el criterio que considera suficiente la constatación del vencimiento conforme al etiquetado del fabricante para disponer la destrucción del producto, descartando ilegalidad, arbitrariedad o desproporción en la actuación administrativa.

El máximo tribunal respaldó la decisión de la Corte de Copiapó y sostuvo que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar actos administrativos ambientales, existiendo mecanismos específicos de reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental y los tribunales ambientales

Revocó fallo de la Corte de Temuco que había acogido la acción contra una asociación deportiva por sanciones disciplinarias, al concluir que el recurso de protección fue interpuesto extemporáneamente y que, por ello, no correspondía analizar el fondo del caso

Resolvió que el cumplimiento efectivo del saldo de la pena no puede ordenarse mientras no quede firme la resolución que revocó la remisión condicional, aunque decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para asegurar la comparecencia del condenado

El máximo Tribunal acogió el recurso de protección y ordenó restituir $453.000 a un cliente víctima de una estafa, al establecer que la Ley N°20.009 también se aplica cuando un tercero obtiene las claves mediante engaño y que el banco debió devolver los fondos al tratarse de un monto inferior a 35 UF.

Concluye que el requerimiento de información efectuado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales se enmarca en las atribuciones constitucionales y legales de fiscalización de la Contraloría General de la República, descartando la existencia de un acto ilegal o arbitrario

La sanción fue aplicada por el club en ejercicio del derecho de admisión, luego de imputarle supuestamente participación en un hecho vinculado al uso de fuegos artificiales durante un partido entre Colo-Colo y Everton disputado en marzo de 2025. Sin embargo, la Corte concluyó que la medida carecía de fundamentos verificables, no fue debidamente notificada ni permitió a la afectada ejercer su derecho a defensa, además de fijarse por un plazo superior al contemplado en la normativa aplicable.

Sostuvo que la expulsión de una estudiante por incurrir en dos faltas gravísimas contempladas en el reglamento de convivencia escolar se ajustó a la normativa educacional y respetó el debido proceso, destacando el ámbito de autonomía que la Constitución y la ley reconocen a los establecimientos para desarrollar su proyecto educativo.

El máximo tribunal concluyó que el término anticipado de la contrata de una psicóloga no fue ilegal ni arbitrario, al no configurarse el principio de confianza legítima y encontrarse el acto administrativo debidamente fundado en necesidades del servicio

Confirmó la decisión de la Corte de Rancagua que rechazó el recurso de amparo de la defensa de una imputada por homicidio, al estimar que el tribunal de garantía actuó dentro de sus facultades al considerar que los hechos descritos podrían configurar homicidio calificado por alevosía y exceder los límites legales del procedimiento abreviado

Confirmó la sentencia de la Corte de Iquique que rechazó la acción constitucional presentada contra el Juzgado de Garantía de esa ciudad, al estimar que la negativa a unificar penas fue adoptada por un tribunal competente, mediante resolución fundada y en el marco de condenas firmes y ejecutoriadas. Además, una de las sentencias se dictó mediante procedimiento abreviado, lo que implicó un acuerdo sobre la pena y circunstancias del caso que impide revisar nuevamente los hechos para aplicar las reglas de unificación de condenas

El tribunal acogió el recurso de protección presentado por una residente y determinó que la instalación de un dispositivo de vigilancia dirigido hacia la puerta de su vivienda excede los fines de seguridad del condominio y vulnera su derecho constitucional a la vida privada.

La acción se originó tras un violento incidente ocurrido a la salida del establecimiento, donde —según estableció el tribunal— la apoderada agredió físicamente y amenazó a estudiantes, incluso acompañada por un hijo mayor que no pertenece al colegio, participando ambos en golpes, rasguños y amenazas contra alumnos. Frente a estos hechos, la Corte estimó justificada la decisión del establecimiento de removerla como apoderada y prohibir su ingreso para resguardar la convivencia escolar.

Estimó injustificado agendar la audiencia seis meses después del auto de apertura, considerando que el imputado se encuentra en prisión preventiva, lo que vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable

El máximo Tribunal revocó la decisión de la Corte de Rancagua y concluyó que la tardía acusación del Ministerio Público, presentada casi cinco meses después del cierre de la investigación, vulneró el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable

Concluyó que la conducta constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa, descartando ilegalidad o arbitrariedad en el sumario disciplinario que culminó con la medida de destitución.

El tribunal concluyó que la decisión de la autoridad sanitaria se ajusta a la normativa vigente, ya que el fármaco Trastuzumab Deruxtecán no está incorporado al régimen GES ni financiado por la Ley Ricarte Soto, y su exclusión se basa en evaluaciones técnicas que indican baja certeza científica sobre su eficacia y seguridad.

Determinó que las acusaciones de hostigamiento y difamación entre particulares requieren un análisis probatorio propio de un juicio de lato conocimiento, por lo que no pueden ser resueltas mediante el recurso de protección, dada su naturaleza cautelar

Confirmó la decisión de la Corte de San Miguel al estimar que los comentarios cuestionados se enmarcan en críticas a la gestión administrativa del recurrente y no constituyen una vulneración a su derecho a la honra protegido por la Constitución. Además, la protección no es la vía idónea para imponer censura a publicaciones en medios electrónicos

Sostuvo que la acción constitucional no puede utilizarse para revisar el mérito de una investigación sumaria administrativa ni para anular las decisiones adoptadas por la autoridad competente en ese procedimiento.

El máximo Tribunal dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había ordenado detener las faenas de exploración realizadas en el sector del humedal de Lari. Concluyó que la investigación de la Dirección General de Aguas descartó extracción ilegal de aguas y determinó que los sondajes tenían fines de exploración minera dentro de concesiones válidamente constituidas, por lo que no se acreditó vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Estableció que el órgano contralor no puede excusarse de emitir pronunciamientos sobre reclamaciones de funcionarios públicos invocando que la materia ha devenido litigiosa, cuando la Constitución y la ley le atribuyen expresamente competencias para conocer de tales asuntos.

El máximo tribunal respaldó la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que validó la medida decretada por el Juzgado de Garantía de Quellón al estimar que la gravedad del delito, las lesiones ocasionadas y la necesidad de cautela justificaban la privación de libertad, pese a los cuestionamientos de la defensa sobre proporcionalidad y falta de antecedentes previos

El máximo tribunal revocó a Corte de Valparaíso y sostuvo que, pagado el capital del mandamiento, el apremio pierde fundamento aunque sigan pendientes intereses y reajustes, los que deben cobrarse por la vía ejecutiva.