Acciones de Amparo y Protección

Declaró ilegal y arbitrario el actuar de Carabineros de la Macrozona Sur tras constatar uso desproporcionado de la fuerza y ausencia de fundamentos legales en el procedimiento realizado contra integrantes de la comunidad Ancapi Ñancucheo Alto

Respaldó la decisión de la Corte de Concepción, que rechazó un recurso de amparo deducido por la defensa del imputado, al considerar que la reformalización se ajustó al marco legal del artículo 229 bis del Código Procesal Penal y no vulneró la libertad personal ni el debido proceso

Ratificó que los jefes de establecimientos penitenciarios pueden limitar o suspender visitas cuando existan incumplimientos graves a las normas internas, resguardando el orden, la seguridad y la integridad del personal, sin que ello constituya una actuación ilegal o arbitraria.

Ratificó que los medios de comunicación pueden informar sobre investigaciones penales en curso y conflictos judiciales de interés público, siempre que actúen con diligencia, veracidad y sin imputar hechos de manera categórica, aun cuando la información afecte la reputación de particulares.

El máximo Tribunal confirmó que el uso de licencias médicas por más de seis meses en un período de dos años habilita a la autoridad comunal para declarar la incompatibilidad de salud y disponer la vacancia del cargo, aun cuando la COMPIN haya calificado la condición del funcionario como recuperable.

El máximo Tribunal estimó arbitraria la desvinculación anticipada de un funcionario a contrata del SERVIU Antofagasta, al carecer de fundamentos suficientes, y ordenó el pago de las remuneraciones hasta el término natural del vínculo, descartando la reincorporación por no concurrir confianza legítima.

Reafirma que la calificación psico laboral tiene carácter orientativo y no puede operar como un filtro automático que sustituya la ponderación global de méritos ni las facultades del juez encargado de confeccionar la terna.

Respaldó que las entidades financieras no pueden limitar o extinguir productos sin entregar razones concretas y verificables, reafirmando los estándares de transparencia y no discriminación en las relaciones de consumo financiero.

Respaldó que las decisiones que afectan el ejercicio pastoral deben emanar de los órganos estatutarios competentes y ajustarse a procedimientos mínimos de racionalidad, descartando comunicaciones unilaterales que carezcan de sustento normativo interno.

Confirma decisión que aumenta radio de 200 a 500 metros para proteger a niña en situación de vulnerabilidad. Medida fue solicitada por Programa de Reparación de Maltrato Grave en el contexto de una causa por vulneración de su indemnidad sexual debido a reiterados incumplimientos. Consideró que no hubo ilegalidad en la decisión del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina

Ratifica decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó recurso de amparo presentado por la defensa del imputado, al estimar que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en la mantención de la medida cautelar, considerando los antecedentes penales, la gravedad del delito y el peligro para la seguridad de la sociedad.

Mantiene sobreseimiento definitivo originalmente decretado por el Juzgado de Garantía. Determinó que el juez no podía revocar de oficio el sobreseimiento una vez firme. Consideró vulnerada la libertad personal del imputado al mantenerlo vinculado a un proceso extinto. Reafirma la intangibilidad de la cosa juzgada y los límites del actuar judicial en materia penal

Calificó como ilegal y arbitraria falta de respuesta a la solicitud lo que vulnera la igualdad ante la ley. Criticó al Servicio de Migraciones por retener documentos sin competencia. Aplicó el principio de silencio administrativo positivo. Ordenó resolver la solicitud en 5 días o se entenderá aceptada conforme al artículo 64 de la Ley 19.880.

El máximo Tribunal respaldó la decisión de la Universidad de Concepción, al estimar que la exclusión del programa doctoral obedeció a una determinación académica fundada, adoptada conforme al reglamento interno y sin que se acreditara arbitrariedad ni ilegalidad.

Corte de Punta Arenas validó el procedimiento sumarial que acreditó el uso indebido del tiempo de licencia remunerada, calificándolo como una infracción grave al principio de probidad. Recurrente alegó vulneración de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad lo que fue descartado.

Confirmó que la remoción de una directiva universitaria basada en la pérdida de confianza no constituye un acto ilegal o arbitrario, destacando que las universidades estatales mantienen plena autonomía para definir la naturaleza de sus cargos directivos.

Falta de suministro se originó en el no pago del consumo por parte del municipio y no existe obligación legal para exigirle financiar agua potable a particulares. Cuestionó la legitimación activa del INDH y señaló que la Delegación Presidencial carece de competencias para asegurar directamente el abastecimiento.

Respaldó el criterio de la Corte de Arica, que estimó ajustada a derecho la decisión de la Subsecretaría de Bienes Nacionales de suspender el pago de remuneraciones en el contexto de un sumario administrativo, descartando vulneraciones al debido proceso y a la igualdad ante la ley.

Ratificó que la ausencia de una explicación clara y razonada frente a la solicitud de un certificado de dominio vulnera el principio de igualdad ante la ley y desnaturaliza el funcionamiento regular del sistema registral inmobiliario.

El máximo Tribunal estimó que el retraso de más de tres años en la realización de los procesos calificatorios vulnera los principios de celeridad y continuidad del servicio público, configurando una omisión ilegal y arbitraria que afecta la carrera funcionaria y la igualdad ante la ley de los trabajadores de la atención primaria municipal.

Exige actuación estatal pronta y eficaz ante dilaciones en la asignación de residencia adecuada, resaltando el deber institucional de proteger la integridad física y psíquica de niños y adolescentes.

Revoca fallo que acogió recurso de amparo contra medidas de apremio. Valida el arresto nocturno por 15 días y el arraigo nacional decretados por el Juzgado de Familia de Talcahuano, al considerar que fueron dictadas conforme al artículo 14 de la Ley N°14.908, desestimando arbitrariedad e ilegalidad

Ratificó sentencia de Corte de San Miguel que rechazó amparo contra resolución de Juzgado de Garantía. Defensa argumentó que medida era desproporcionada, considerando falta de antecedentes penales del imputado, pero se resolvió que medida cautelar fue decretada conforme a derecho, debidamente fundada y en atención al peligro que representa el imputado para la seguridad de la sociedad

Ratifica que las condenas previas por delitos de la Ley de Drogas impiden acceder a penas sustitutivas, sin importar el tiempo transcurrido. Rechazó el argumento de que las condenas anteriores estaban prescritas o no debían considerarse. Aplicó el artículo 1°, inciso tercero, de la Ley N°18.216 y el artículo 62 de la Ley N°20.000, que establecen prohibiciones específicas para estos casos

Concluyó que la actuación municipal se ajustó a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y respondió a un riesgo vial inminente, descartando vulneración de propiedad o debido proceso. La demolición apunta a restituir el ochavo reglamentario y prevenir accidentes en un cruce donde ya se había registrado uno.

Precisa que el sumario fue revisado y confirmado por la Contraloría y que la acción de protección exige acreditar un acto ilegal o arbitrario, por lo que no procede reexaminar el mérito ni la valoración administrativa de los antecedentes.

Respalda interpretación que reconoce la designación y remoción discrecional prevista en el artículo 16 bis de la Ley Orgánica de Municipalidades, precisando que estos cargos no requieren procedimiento disciplinario ni una motivación reforzada para su término.

Reafirma que la acción cautelar no procede para ordenar reparaciones, estudios técnicos o medidas propias de procesos declarativos, y subraya la falta de legitimación activa cuando no se acreditan facultades de representación ni se individualiza a los afectados.

El máximo Tribunal revocó la decisión de la Corte de Iquique y dejó sin efecto la resolución consular que había rechazado un permiso transitorio, al estimar que la eventual intención de residir en Chile no constituía fundamento suficiente para negar la solicitud, existiendo vías formales para optar a una residencia temporal por reunificación familiar.

El tribunal de alzada ordenó a la Superintendencia del Medio Ambiente realizar una investigación específica sobre las denuncias de contaminación atmosférica y acústica en la faena minera de Popeta, tras concluir que la autoridad ambiental no ha cumplido íntegramente su deber de fiscalización, afectando las garantías constitucionales a la vida y la salud de los vecinos de Melipilla.