Acciones de Amparo y Protección

Revoca fallo que avalaba cómputo conforme a normativa posterior y exige respeto al principio de irretroactividad penal. Ley N°21.483 no puede aplicarse retroactivamente a condenados por delitos anteriores a su vigencia. El cálculo de plazos para beneficios intrapenitenciarios debe basarse en la ley vigente al momento del delito. Aplicar la nueva ley constituye un acto ilegal y arbitrario que amenaza la libertad personal del recurrente

El máximo tribunal determinó que la entrega de antecedentes médicos y la demora denunciada constituyen actos trámites propios de un procedimiento aún en curso, por lo que no procede su revisión a través del recurso de protección. Hay voto en contra.

Ratificó la decisión de la Corte de La Serena al estimar que el término anticipado de contratas por la supuesta “supresión del empleo” careció de fundamento suficiente, vulneró la igualdad ante la ley y desconoció la expectativa legítima generada por renovaciones sucesivas, ordenando restablecer el vínculo laboral y el pago de remuneraciones.

Ratificó que la autoridad puede declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible aun cuando la COMPIN haya calificado el estado de salud como recuperable, siempre que se configure el uso de licencias médicas por más de seis meses en dos años, reafirmando el criterio de continuidad del servicio público y la potestad administrativa en estos casos.

Corte de San Miguel rechazó la acción al estimar que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión del tribunal de garantía. Mantención de la prisión preventiva se fundó en la gravedad de los delitos imputados, la pena asignada y el peligro que su libertad representa para la seguridad de la sociedad

Deja sin efecto el rechazo de la residencia definitiva y la orden de abandono del país. Critica al Servicio Nacional de Migraciones por incumplir su obligación de proteger el derecho a un procedimiento justo. Considera la crisis en Haití como factor que dificulta la obtención de documentos oficiales. Enfatiza el arraigo familiar del amparado y la ausencia de reproches penales en Chile

Inhabilitación perpetua para cargos en ámbitos educacionales no impide el rol de padre y apoderado. Reconoce el derecho del recurrente a ejercer como apoderado de su hijastro, pese a tener una condena por delitos sexuales. Hechos constituyen una vulneración al derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, a no ser juzgado por comisiones especiales, y a la honra y vida privada. Ordena a apoderada funcionaria del Ministerio Público abstenerse de cuestionar rol paterno

Corte ordena reliquidar deuda solo hasta fecha de adopción plena. La filiación entre el amparado y el alimentario se extinguió en julio de 2023 por adopción plena. El apremio carecía de sustento fáctico al basarse en una obligación inexistente

El máximo Tribunal acogió el recurso al estimar que la ocupación ilegal de los inmuebles vulneraba directamente el derecho de propiedad de las sociedades recurrentes, ordenando el desalojo en un plazo de seis meses y exigiendo medidas estatales para reubicar a los ocupantes, pese a reconocer la dimensión social del conflicto.

Trabajadora cumplía con los requisitos de la Ley N°18.156 para mantener su afiliación en Perú. Corte rechazó la interpretación restrictiva de la AFP sobre los sistemas de salud aceptables. Consideró que la negativa de la AFP vulnera los derechos de propiedad e igualdad ante la ley.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que estableció que la resolución de la autoridad carecía de fundamentos claros para declarar la caducidad de la personalidad jurídica de la comunidad indígena, al no precisar qué antecedentes impedían acreditar el requisito del tronco familiar común exigido por la Ley Indígena, vulnerando su derecho a una decisión debidamente motivada y susceptible de impugnación.

Sostuvo que el uso tolerado de un camino no constituye servidumbre y precisó que este tipo de controversias debe resolverse en juicio de lato conocimiento, al no existir un derecho indubitado susceptible de tutela cautelar.

Medida que reduce a un refrigerador por cada cuatro internos no es ilegal ni arbitraria, pues responde a razones de seguridad eléctrica y administración penitenciaria y se ajusta a las facultades legales de la institución. Descartó afectación a la vida, salud o dignidad de los 134 internos recurrentes.

Concluyó que, pese a extenderse por varios años, la investigación disciplinaria del Ejército no sobrepasó los límites de razonabilidad del debido proceso administrativo, destacando que la eficacia del sumario iniciado en 2020 se mantiene vigente y que el plazo de seis meses previsto en la Ley N° 19.880 no es fatal, sino una referencia que debe evaluarse caso a caso conforme a los principios que rigen la actuación administrativa.

El máximo Tribunal determinó que la directiva del condominio actuó de manera arbitraria al restringir el acceso de la propietaria y negar información de gastos comunes, vulnerando su derecho de propiedad al impedirle ejercer plenamente las facultades inherentes al dominio.

El máximo Tribunal desestimó que la publicación vulnerara derechos fundamentales, al concluir que el medio difundió información veraz, de interés público y basada en antecedentes oficialmente entregados por la autoridad, en el ejercicio de la libertad de prensa.

La falta de cédula de identidad constituye una amenaza real e inmediata a la libertad personal o seguridad individual, ya que se trata del único documento oficial indispensable para desarrollar la vida cotidiana dentro del país, afectando trámites esenciales como acceso a servicios, contratos y desplazamientos. Al impedir injustificadamente su emisión, el organismo incurrió en una ilegalidad que habilitaba la acción de amparo.

Estimó que las resoluciones que rechazaron la solicitud de ECMPO “Islas Huichas” carecían de motivación suficiente, infringiendo el deber de fundamentación y colocando a la comunidad recurrente en una situación de desigualdad frente a otros solicitantes. Ordenó a la CRUBC emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a la Ley N°20.249, a la Ley N°19.880 y al estándar de protección del Convenio N°169.

Determinó que Registro Civil aplicó normas derogadas sobre filiación. Reconoció vínculo familiar basado en partidas de nacimiento presentadas. Consideró que negativa del Registro Civil fue ilegal y discriminatoria. Ordenó dictar una nueva resolución considerando la legislación vigente sobre filiación.

Determinó que el acto sancionatorio cumplió con las exigencias del debido proceso administrativo y que las actuaciones del servicio se ajustaron a la Ley N° 19.880, concluyendo además que la acción de protección no constituía la vía idónea para impugnar aspectos internos del procedimiento disciplinario.

Afirmó que la prescripción solo puede declararse judicialmente y que la Tesorería excedió sus competencias al aplicarla por sí misma, configurando un acto ilegal y arbitrario que vulneró la garantía de propiedad del recurrente.

Confirmó que la suspensión del procedimiento disciplinario, supeditada a una causa penal ajena al afectado, generaba un perjuicio actual y arbitrario que lo mantenía en un estado de incertidumbre injustificado, ordenando continuar la investigación separadamente y sin dilaciones.

Estimó errónea la exclusión del caso por parte del banco, y sostuvo que el “cuento del tío” está comprendido en la normativa de responsabilidad por transacciones no consentidas y ordenó restituir 35 UF, al no haberse ejercido la acción legal para imputar dolo o culpa grave al usuario.

El máximo Tribunal acogió el recurso de protección presentado por la Comunidad Indígena Pu Wapi y anuló las resoluciones que habían rechazado su petición de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios “WeywenWapi”. La Comisión no cumplió con el deber de motivar adecuadamente su decisión ni justificó el rechazo del informe de CONADI sobre uso consuetudinario.

Determinó que las condenas cuya pena privativa de libertad fue sustituida deben excluirse de la hoja de vida del conductor, aplicando el artículo 38 de la Ley N° 18.216 y el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sin afectar la permanencia de los registros para fines institucionales.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que estableció que la instalación de un portón que impide el libre tránsito por un camino interior constituye un acto de autotutela, al alterar una situación de hecho preexistente sin resolución judicial, vulnerando con ello la garantía del debido proceso.

Notificación se envió a domicilio que no correspondía a la víctima. Esto impidió que ejerciera sus derechos según el Código Procesal Penal. Voto en contra: recurso de amparo no puede utilizarse para privar de libertad a una persona. Su propósito es proteger contra afectaciones ilegales a la libertad personal y seguridad individual. Solo el afectado o alguien actuando en su nombre (en caso de impedimento) puede interponer un amparo. Aceptar tal interpretación abre la puerta a que cualquier órgano del Estado, incluido el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pudiese recurrir en repr

Consideró que nota periodística se enmarca en ejercicio legítimo de la libertad de informar. Determinó que no existía una expectativa razonable de privacidad en las redes sociales del recurrente. Enfatizó que los medios están facultados para difundir información veraz y relevante para la comunidad.

Imputado presentó certificado médico acreditando cuadro de gastroenteritis viral. Estimó que la ausencia estaba suficientemente justificada. Revocó la sentencia de Corte de San Miguel. Ordenó fijar nueva fecha para la audiencia de preparación de juicio oral simplificado.

Ratificó que la acción fue presentada fuera del plazo legal previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, y reafirmó que las decisiones de la CRUBC deben ajustarse a la Ley N°20.249, valorando la compatibilidad del espacio solicitado con la planificación urbana y los usos productivos del borde costero.