Acciones de Amparo y Protección

Las publicaciones reprochadas no tienen una finalidad informativa, sino que propenden a generar una afectación en la honra de la recurrente, llamando a “funarla”.

Junto con desconocer la filiación de la recurrente, así como su parentesco con la causante, desestima los derechos que la normativa vigente otorga a la solicitante, lo que se traduce en discriminación.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar por considerar arbitrario el actuar de las recurridas al denegar el pago de siete licencias médicas, ordenó dejar sin efecto la medida y proceder a su autorización y pago.

El Tribunal de alzada hizo lugar al recurso y autorizó, ante eventuales complicaciones, a la institución penitenciaria a conducir a los reclusos hasta el establecimiento de salud más cercano, en lo posible intercultural, con el objetivo de asegurar su derecho fundamental a la vida y a la integridad física.

La resolución, cuya revocación se pretende a través del recurso fue dictada por un tribunal competente, con fundamentos suficientes para ello, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 inciso segundo del Código Procesal Penal.

No es posible acceder a la convalidación del título de matrón si el actor no cumple con el plan educacional, años de estudio, horas y formación de pasantías y práctica profesional.

Se pide a esta Corte ordene diligencias de carácter investigativas en dicha causa, las que resultan ser de exclusiva competencia del Ministerio Público, según lo dispone el artículo 83 de la Constitución. No obstante declarar inadmisible el recurso de protección la Corte remitió los antecedentes al Ministerio Público.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional y ordenó al recurrido abstenerse de hacer publicaciones agraviantes como las que motivaron el recurso.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y ordenó a las recurridas eliminar todo el contenido publicado en descrédito de la recurrente.

No es justo ni razonable, y escapa de toda proporcionalidad, obligar a la recurrente a la devolución de todos los montos de la beca, únicamente por exceder el tiempo de titulación del programa.

El artículo 9° de la CDN reconoce el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres, de lo cual se sigue la necesidad de respetar el derecho a mantener el contacto con los padres cuando éstos están cumpliendo condena en la cárcel.

Se postergó innecesariamente la discusión para un mes más, sometiendo al amparado a una medida cautelar personal que podría resultar improcedente cuando a finalizar la audiencia se hizo valer un certificado del COSAM.

Ni la regla del artículo 26 del Código Penal, ni la del artículo 348 del procesal, impiden esta forma de abono, pues ninguna de dichas reglas, señala que el abono sólo se refiere al tiempo de privación de libertad sufrido en el último proceso, o al menos no lo excluye expresamente, razona el voto en contra.

La actuación del Tribunal de anular de oficio la resolución que rechazó formalizar al adolescente por un delito distinto al que motiva el control de detención, no sólo es contraria a sus propios actos, sino que deja en la indefensión a la defensa.

El Tribunal ha obrado dentro de la esfera de sus competencias, cumpliendo con el deber de fundamentación exigido por el artículo 36 del Código Procesal Penal, habiendo precedido debate entre todos los intervinientes de esta causa.

La Universidad debe utilizar los mecanismos propios que el derecho contempla para el cobro de una deuda a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes.

De lo contrario se afectan los derechos de la actora, toda vez que, aunque puede ejercer su derecho a la defensa en la Asamblea de socios, no puede hacerlo frente a las conclusiones de la comisión ad-hoc.

El Tribunal de alzada descartó infracción o actuar ilegal del CPLT al sancionar a los recurrentes.

La medida de expulsión se adoptó en concordancia a su Reglamento Interno y se basó en diversas conductas que fueron constitutivas de infracciones tipificadas como falta muy grave. Además, los antecedentes se encuentran en conocimiento de la Superintendencia de Educación.

Queda en evidencia que el Municipio de Santiago ha adoptado la medida de realizar clases por vía telemática con la finalidad de asegurar la continuidad de las clases y el derecho a la educación de los estudiantes.

Esta acción no resulta la vía adecuada para solicitar la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

No consta la ubicación actual de la causa instruida por la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago, ni tampoco sí en su oportunidad dicha causa ingresó a esta Corte, o si fue remitida al Juzgado competente para su conocimiento.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que está en riesgo el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación de los residentes del sector, en el cual se han registrado siniestros originados por la construcción.

De esta forma, se resguarda adecuadamente la independencia del fiscal en la instrucción de los sumarios, se preserva la objetividad que debe imperar en el procedimiento y se garantiza el respeto a los presupuestos del debido proceso y, a su turno, no existirán excusas para no llevar adelante las investigaciones en esos casos.

En el marco de sus atribuciones, el recurrido debe abstenerse de practicar diligencias que implique el quebrantamiento del reposo extendido por médico psiquiatra.

La solicitud inconclusa que motivó el recurso lleva casi 7 meses sin ser resuelta en el Registro Civil, resultando prístino que no existió ningún interés en actuar de oficio para lograr el objetivo del afectado.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional, tras establecer que el amparado no ha demostrado avances en el proceso de reinserción social, no existen antecedentes que acrediten que el recurrente asuma o tenga conciencia del delito cometido, gravedad ni mal causado.

El no pago de las licencias médicas, sin duda repercute en el patrimonio de la actora al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que no pueda recuperar su salud mental.

El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción constitucional de protección, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al denegar la cobertura solicitada por una afección no declarada antes de la suscripción del contrato.

Las ilegalidades del procedimiento afectan el derecho a la igualdad de trato que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución, en la medida que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario que no se sujetó a la regulación naturalmente aplicable.