Acciones de Amparo y Protección

Este tribunal ha actuado en el ámbito de su competencia, obró dentro de sus facultades legales, llevando a cabo una práctica judicial reiterada en el tiempo que es cuestionada por primera vez ante este juez, informa el recurrido.

El marco que establece el artículo 458 del Código Procesal Penal es la de una presunción, y no la de una certeza.

El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal de la cartera, al no acatar un imperativo legal y lesionar la garantía de igualdad ante la ley de las organizaciones recurrentes.

El imputado fue detenido el 20 de julio de 2023, junto a otras personas en un vehículo motorizado en el que se encontraron 2 armas de fuego prohibidas y cuatro armas cortantes, además de placas patentes de otro vehículo.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la recurrida al adoptar una decisión sin dar a conocer los fundamentos que la sustentan ni oír previamente al recurrente.

La Superintendencia de Pensiones modificó la comisión que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones por el pago de cotizaciones adeudadas.

No hay constancia que el establecimiento educacional y la sostenedora, hayan iniciado una investigación y fiscalización, ante la denuncia del alumno, según lo establecen los protocolos correspondientes.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del establecimiento al desatender las necesidades especiales que requiere el alumno.

El artículo 241 del Código Procesal Penal se está refiriendo a la reiteración de hechos similares, parecidos o análogos, pero no necesariamente los mismos que el caso particular que se investiga. La argumentación de tratarse de los mismos hechos no es lo que se desprende de la norma.

El ente persecutor decidió no perseverar por lo que en la causa no ha recaído sobreseimiento definitivo ni sentencia absolutoria. Además, actualmente purga pena por un delito que fue cometido precisamente en la época que cumplía la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, lo que interrumpió el curso de una eventual prescripción.

La PDI negó la ocurrencia de los hechos por no contar con registro de que existiera un impedimento para que ingrese al país o que ello haya sido negado, pero no resulta lógico que una particular se vea en la necesidad de recurrir a los Tribunales de Justicia para buscar una solución si los hechos resultaran falsos o no tuvieran al menos algún sustento.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de Enel y le ordenó restituir a la parte recurrente la suma de $57.093 pagados por concepto de intereses por mora, cuyo cumplimiento deberá informar en el plazo de 10 días, contados desde que la sentencia quede a firme.

Del mérito de los antecedentes, consta que los menores abandonaron el país con destino a Estados Unidos, no registrando a esta data ingreso al país.

Habiendo concedido anteriormente la certificación de estudios, el actuar del Ministerio daña la confianza legítima el cual descansa en la certidumbre de que la autoridad, actúa conforme a derecho y que no yerra.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios superiores al denegar la repactación de la deuda.

El fallo fija un plazo de 30 días para adoptar medidas que generen condiciones acordes a los tratados internacionales sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Los documentos acompañados acreditan que el actor cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, y acreditan su voluntad de mantener sus aportes previsionales y contar con un régimen de seguridad social en Perú.

El colegio cumplió adecuadamente el procedimiento de investigación establecido en su normativa interna, sin que se advierta vicio de ilegalidad o de arbitrariedad en su actuar.

Se estableció el actuar ilegal y arbitrario del MINEDUC al exigir que estudiantes debían convalidar los cursos a través de exámenes libres. Entiende la Corte que existió justa causa de error y que se ha actuado de buena fe, tanto más si el colegio subió la información académica al sistema SIGE, aun cuando haya sido en forma indebida.

Asimismo, el contrato de prestación de servicios establece que el alumno que se encuentre en mora en el pago de los aranceles podrá inscribir asignaturas para el semestre académico siguiente en la medida que reprograme, renegocie o regularice la deuda.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la parte recurrida, al decretar la salida del país de la amparada sin que conste una sentencia condenatoria que sustente la expulsión del territorio nacional de la amparada.

La magistrada acogió la acción y le ordenó a la prestadora de salud privada indemnizar a la afiliada demandante por concepto de lucro cesante y daño emergente.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitraria de la compañía al no justificar el aumento de las cuentas de consumo de la recurrente.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al rechazar el beneficio de reducción de pena, debido a la naturaleza del delito por el cual fue condenado el recurrente y a la normativa internacional aplicable a delitos de lesa humanidad.

La apelación se debe conceder en el solo efecto devolutivo, sin que por tanto se suspenda en el intertanto la ejecución de la resolución dictada, informó el recurrido.

La facultad de agrupar investigaciones es privativa del Ministerio Público.

Atendido el tiempo transcurrido sin resolver las solicitudes del actor, ello deriva en una actuación arbitraria de la Universidad, afectando la integridad psíquica del recurrente y los derechos que emanan del contrato de educación.

Es facultad de la autoridad universitaria imponer la sanción aplicada, la que cuenta con la debida fundamentación y cumple con el criterio de racionalidad exigido.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario o ilegal de la recurrida, al denegar el beneficio solicitado por un condenado por un crimen de lesa humanidad.

La intervención de los jueces, estuvo ajustada al procedimiento legal correspondiente y la defensa hizo uso del derecho legalmente establecido, de apelar de la resolución que mantuvo la medida cautelar. Ministro Samuel Muñoz previno que no corresponde que una Corte revise lo resuelto por otra Corte de Apelaciones; y constituye una distorsión al sistema jurídico, que se alegue, bajo el pretexto de una acción de amparo, los argumentos de fondo respecto de la revisión de una medida cautelar personal.