Ley de Transparencia

El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia tenga el carácter de reservada o secreta.

Pese a que el procedimiento sumario no se encuentra afinado, el órgano igualmente debe justificar y acreditar la causal de reserva o secreto invocada, y en particular, la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, lo que no se ha verificado.

El Tribunal de alzada estableció que se debe mantener bajo reserva solo la información respecto al número de trabajadores de dichas empresas, información que, por lo demás, no está en poder del SII.

El artículo 17 de la Ley de Transparencia establece que la información solicitada se entregará en la forma y por el medio requerido, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional.

Si bien la identidad de género es un factor que se considera dentro de los procesos que ejecuta el Servicio Mejor Niñez, la información aún no es ingresada en el sistema de información, no contando actualmente dicha variable en sus registros.

En virtud del artículo 17 de la Ley de Transparencia la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles.

El Tribunal de alzada estableció que la Corfo carece de legitimación para accionar y que, además, la información solicitada por ley de transparencia no está sujeta a causal de reserva o secreto.

Se configura la causal de reserva de información contenida en el artículo 21, N°1, letra B), de la Ley 20.285, que permite negar antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política como es este caso.

Los registros del Servicio de Registro Civil no constituyen una fuente de acceso público, ya que para su consulta se solicitan ciertos datos que permiten consultar su contenido.

La causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, está establecida en favor del órgano requerido, sin que un tercero pueda invocarla erigiéndose en una especie de agente oficioso.

Se trata de información de naturaleza pública, respecto de lo cual no se alegó la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido.

Si bien la Ley de Transparencia es aplicable al Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo, no se encuentra sujeto a la Fiscalización del CPLT. Ahora, si la Fiscalía niega información a un interesado, este puede interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en el plazo de 15 días corridos.

El Tribunal de alzada estableció que la información requerida se encuentra cubierta por causa de reserva o secreto prevista en el Código de Justicia Militar.

Las preguntas de las PSU de años anteriores son consideradas para la calibración de las nuevas evaluaciones mediante exámenes pilotos, por lo que su publicidad perjudicaría la confección de los nuevos mecanismos de ingreso (se distorsionarían los estudios técnicos de las preguntas).

La USACH tiene 15 días a partir de la recepción de la notificación para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tampoco en caso que la audiencia haya sido solicitada por funcionarios públicos a título personal o en representación de un gremio, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

Al no disponer de dicha información, la solicitud requerida demanda esfuerzos desproporcionados al órgano, por lo que se configura la causal de reserva de distracción indebida.

Se acreditó que el PDG no cuenta con una difusión aceptable en su sitio, infringiendo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Partidos Políticos y el punto 1.1 de la Instrucción General N°12 del CPLT.

El tiempo estimado por el órgano como necesario para la atención de la solicitud, no resulta desproporcionado siendo, por el contrario, abordable sin distraer indebidamente a los funcionarios del desarrollo de sus labores habituales.

No se ajusta a los principios rectores de la Transparencia, como a la normativa expresa en la materia extender el alcance de la Ley de Rentas Municipales para cobrar por información que se encuentra disponible en las Direcciones de Obras Municipales.

La publicación de la información requerida en la prensa, no pasa de ser una circunstancia hipotética, eventual y no acreditada, que no puede invalidar lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, el que debe hacer una interpretación restrictiva y fundada en hechos concretos.

El Tribunal de alzada consideró que la entrega de la información no afectará las políticas comerciales del laboratorio.

El actor alegó que el CPLT, al entender justificada la negativa a entregar los antecedentes requeridos dada su inexistencia, contrarió sus propios instructivos; argumento que fue desechado, por cuando el reclamo debe basarse en una infracción de ley.

No logró acreditar que la recopilación de dichos antecedentes entorpecería su debido funcionamiento -de sus dos matronas-. El CPLT aplicó los criterios fijados en sus decisiones Roles C7893/20, C7842/20 y C8483/20, en los cuales se pronunció respecto de solicitudes análogas.

La reclamante no manifestó dentro del plazo legal su disconformidad o conformidad con la información entregada por la Armada de Chile en sede de Transparencia, por lo que el CPLT decidió que se encuentra conforme con los antecedentes proporcionados.

El administrador de los establecimientos públicos de las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, no acreditó de forma apropiada la causal de reserva de distracción indebida que le provocaría la recolección de tales datos.

La función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva la obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos del Estado ante la ciudadanía.

El SERVEL alegó que información como el mes de nacimiento de los votantes no es un dato que esté contenido en el padrón, entregando información sobre los votantes habilitados para el plebiscito mayores de 90 años, respuesta que no dejó satisfecho a quien pidió los antecedentes.

Los antecedentes recopilados constituyen antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, por lo que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del INDH.

La nacionalidad es uno de los requisitos exigidos por el Estatuto Administrativo para postular a cargos públicos. El cual deberá ser acreditado y constará en la respectiva carpeta funcionaria, por lo que, el documento en el que figure la nacionalidad de un funcionario es un documento que sirve de fundamento para su postulación, y aquello lo convierte en información pública.