Contraloría

El ente contralor expone que el artículo 58 de la Ley N° 19.378 regula el procedimiento a que debe someterse, para su aprobación, el proyecto de programa de salud municipal.

Carabineros de Chile informó, en esencia, que el castigo aplicado al recurrente se ajustaría a la normativa que rige la materia.

El Contralor concluye que no han resultado procedentes los nombramientos realizados por esa autoridad comunal, debiendo la aludida entidad edilicia adoptar las medidas que sean necesarias, informando de ello en el plazo de 30 días.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de una funcionaria municipal- pronunciarse sobre una serie de hechos que serían constitutivos de actos de acoso laboral.

El dictamen aduce que dado que la interesada debe poseer la ciudadanía chilena para desempeñarse como médico de gabinete sicotécnico en un municipio, se desprende que, al no cumplir dicha exigencia, correspondió invalidar su nombramiento.

Sostiene el dictamen que el referido cuerpo de bomberos ha sido demandado por el Fisco, procedimiento mediante el cual se ha solicitado la cancelación de su personalidad jurídica

El Contralor concluye sosteniendo que la entidad edilicia debe proceder, a la brevedad, a regularizar la situación descrita, informando al respecto dentro del plazo de 60 días hábiles.

El Contralor concluye sosteniendo que, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, se ha podido constatar que la Universidad Austral de Chile dio cumplimiento al procedimiento exigido al efecto.

Expone en su conclusión la Contraloría que resultaría cuestionable el proceder de la Capitanía de Puerto de Coronel-Lota.

La CGR concluye aduciendo que el Intendente deberá abstenerse de participar en aquellas materias en el evento en que dicho establecimiento de educación sea uno de los potenciales beneficiarios de esos recursos.

El Contralor expone que no se advierte que la ley contemple la existencia de un régimen autorizacional para la comercialización, por vía telefónica, de los servicios de telecomunicaciones, ni que faculte a esa dependencia para establecerlo.

El Contralor concluye expresando que no se advierte una actuación que vulnere el ordenamiento jurídico por parte de la Municipalidad de Santiago en lo que concierne al uso de la imagen física de la recurrente.

La CGR concluye sosteniendo la procedencia de adoptar las medidas tendientes a regularizar la situación de la referida publicidad de acuerdo a la normativa vigente.

La CGR concluye manifestando que el cumplimiento de lo instruido en el oficio será objeto de su fiscalización.

El dictamen expresó que la actividad en comento se encuentra regulada en el decreto N° 265, de 1985, del Ministerio de Justicia, sobre “Reglamento de Práctica Profesional de Postulantes al Título de Abogado”.

El Contralor expresa que, del análisis del documento se advirtió que mediante el decreto exento N° 1.848, de 2013, el municipio incorporó un nuevo cobro.

Se denunció ante la Contraloría General de la República -por parte de un funcionario público- la falta de transparencia con la que habría actuado el Ejercito de Chile.

La CGR hace presente a la autoridad que, en lo sucesivo, la ponderación de la oportunidad en que procede dictar los actos administrativos, no puede significar que se deje de aplicar normativa vigente, que tiene por objeto el resguardo de la salud de la población, situación que puede dar lugar a eventuales responsabilidades.

La CGR concluye estableciendo que procede que Carabineros de Chile, a través de su Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública adopten las medidas necesarias a fin de regularizar la situación objetada.

El Contralor concluye en esencia sosteniendo que, en la especie, concurren los elementos que configuran la hipótesis legal prevista para la procedencia de la figura de silencio positivo.

El Contralor rechazó las impugnaciones del afectado y representó la resolución N° 44, de 2014, del Fondo Nacional de Salud.

Se remitió a la Contraloría General de la República para su control previo de legalidad, la resolución N° 23, de 2014, del Consejo Nacional de Producción Limpia.

Al efecto, el dictamen arguye que resulta aplicable al personal de los Tribunales Ambientales, en lo pertinente, el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

el Contralor hizo presente que -según su propia jurisprudencia- la citada norma que permite la referida postergación, constituye una facultad de carácter excepcional y, por lo tanto, de interpretación restrictiva, para el municipio.

El ente fiscalizador precisó que los estatutos de la institución consultante, autorizan expresamente el uso de la facultad de transigir.

Concluye la CGR sosteniendo que la adquisición de libros de autores chilenos para bibliotecas públicas dependientes de la Biblioteca Nacional, no se encuentra sujeta a la restricción consistente en el límite del 20% de ejemplares de una misma edición.

A través de la plataforma tecnológica y el correo electrónico institucional se envió un mensaje a los usuarios de la “red DIPRES”, en el que se habrían formulado acusaciones que menoscaban la imagen y el prestigio de la denunciante.

La CGR concluyó no acogiendo la reconsideración solicitada, debiendo la Subsecretaría de Transportes cumplir cabalmente con dicho pronunciamiento, e informar de ello en el plazo de 10 días hábiles.

Concluye el dictamen manifestando que el pago de la dieta adicional anual que realizó el antedicho Gobierno Regional en base a la asistencia a las sesiones plenarias del consejo, excluyendo la concurrencia a las reuniones de comisión, se ajustó a derecho.

La CGR hace presente que la jurisprudencia administrativa ha sostenido, como criterio general, que los entes públicos no pueden renunciar a los derechos y acciones que les corresponden.