Contraloría

El ente de control concluyó que el rechazo de la presentación de los reclamantes a dicho certamen por parte de CONICYT no se ajustó a derecho.

El Contralor razona que, tal como lo manifestara la referida Iltma. Corte de Apelaciones, la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, al no dar lugar al procedimiento de tutela laboral exigido por el reclamante, no incurrió en ningún acto arbitrario o ilegal.

El Contralor razonó que, en la especie, los hechos denunciados únicamente configurarían una infracción funcionaria y que no se advierten circunstancias de índole penal que modifiquen el referido término de prescripción.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, frente a la demora del Ministerio del Medio Ambiente, al no iniciar oportunamente el proceso de revisión de la norma primaria de calidad del aire para dióxido de azufre.

Se solicitó a la Contraloría General de la República -por parte de la Municipalidad de San Ignacio- la reconsideración del oficio N° 13.987, de 2013, de la Sede Regional del Bío-Bío.

E Contralor concluye en esencia expresando que dicha prohibición no se configura cuando el parentesco de que se trata existe respecto de los servidores del estamento profesional.

El Contralor concluye que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas deberá efectuar la reapertura de la investigación, con la finalidad de subsanar las anomalías precisadas.

Concluye la CGR expresando no haberse ajustado a derecho que esa entidad edilicia omitiera exhibir la anotada información, en mérito de lo cual, deberá tomar las medidas pertinentes con el objeto de evitar que, en lo sucesivo, se repitan situaciones como la descrita.

En atención a las consideraciones antes indicadas y no habiendo aportado el municipio antecedentes que permitan dar por subsanadas las observaciones contenidas en el Informe Final N° 4, de 2013, en comento, la CGR concluye ratificándolo en todas sus partes.

El contralor razonó que, dado que a la fecha del aludido ranking la denunciada aún desarrollaba tareas como Secretaria General, se configuró la incompatibilidad ya referida.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por una funcionaria dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte- invalidar la designación dispuesta por el complejo hospitalario San José, que ordenó el cambio de funciones y una disminución del grado en el que servía la afectada.

Sostiene la CGR que la falta de imparcialidad sostenida debió ser esgrimida en el proceso, por la vía de la implicancia o recusación, en la oportunidad correspondiente, lo que en la especie no ocurrió

Al efecto, cabe recordar que las peticiones se efectúan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece el derecho de tales entidades, cuando han debido responder por los daños que causan, para repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal.

La CGR concluye informando a la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que un empleado contratado por ésta asumió la defensa privada de una serie de imputados.

El órgano contralor sostiene que la afectada no estaba obligada a renunciar a su primer nombramiento a contrata, puesto que se configuró una inhabilidad sobreviniente, sin embargo, su designación posterior como titular debe dejarse sin efecto.

La CGR concluye que, habiéndose autorizado en forma clara y evidente la asistencia al encuentro, no es dable que se considere como inasistente al Concejal para efectos de calcular el pago de la dieta correspondiente.

El dictamen concluye arguyendo que la funcionaria que está ejerciendo subrogancia, deberá desempeñar el empleo con todas las atribuciones, incluidas las delegadas.

El órgano contralor concluye que la forma en que los funcionarios del SEA efectuaron la consulta indígena, no infringe el Convenio 160 de la OIT, ni vulnera el principio de probidad administrativa.

Indica el Contralor que al momento de ser nombrada en el empleo de profesional funcionaria, la Químico Farmacéutico se encontraba ejerciendo, como titular, un cargo de Jefa de Departamento, grado 4° de la E.U.S., en calidad de exclusiva confianza.

El órgano de control manifiesta que la Cooperativa de Consumos Carabineros de Chile Limitada, constituye una persona jurídica de derecho privado regulada por las normas del Libro Primero, Título XXXIII, del Código Civil.

El ente de control precisó que en lo concerniente al hostigamiento alegado, es necesario tener presente que el artículo 82, letra m), de la anotada ley N° 18.883, prohíbe realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.

El solicitante arguye que el municipio no habría informado acerca del inicio de las obras, de los montos involucrados, cuáles son las especificaciones técnicas, los plazos, como tampoco de su impacto sociocultural y económico.

Se reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de ex funcionarios de carabineros- los eventuales vicios que afectarían la legalidad del sumario que se instruye en esa entidad.

La CGR concluye expresando que en lo que concierne a situaciones de discriminación en la selección del concurso interno en cuestión, no se determinaron observaciones que formular sobre el mencionado procedimiento.

El ente de control adujo, en esencia, que los concejos municipales pueden convenir la modificación del monto de su dieta, una vez cumplido un año contado desde el anterior acuerdo.

Arguye el Contralor que subsiste para dicho instituto, sus autoridades y funcionarios, el deber de guardar reserva de tales antecedentes en los términos de las disposiciones respectivas.

Expone la CGR que ley 19.300 no prevé lo que se entiende por autopista, entregando su artículo 8° a la potestad reglamentaria la regulación detallada de esa disposición, lo que actualmente se encuentra materializado en el aludido reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.

Expone la CGR que la destitución no fue consecuencia exclusiva de conductas que revistan el carácter de delito, sino que por haber infringido sus deberes funcionarios, vulnerando el principio de probidad administrativa.

Indica la CGR que la letra c) del artículo 54 de la ley N° 18.575 -Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, previene que no pueden ingresar a cargos en la Administración del Estado las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.

La CGR concluye sosteniendo que el IND deberá continuar con la tramitación regular del procedimiento disciplinario de que se trata hasta su total término.