Internacional

Se vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a un recurso judicial efectivo y a garantías de no repetición.

La Comisión continúa preocupada por la respuesta estatal a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas, así como la respuesta del Estado en relación con las manifestaciones.

El máximo Tribunal determinó que los gobiernos locales pueden seguir usando cámaras en los semáforos para multar a los infractores del tráfico, mientras que la decisión de emitir la multa sea de los gobiernos.

Asombra la osadía de quienes, no ya sin leer la sentencia sino en un caso en el que las principales pruebas no han sido públicas, son capaces de discernir entre el delito contra la libertad sexual cometido con prevalimiento y la agresión sexual perpetrada con intimidación.

Rodríguez era columnista de economía, justicia y política en el medio digital República.gt. Adicionalmente, era tuitero y conocido en redes sociales por sus publicaciones sobre temas de actualidad nacional.

Al parecer se habrían publicado en al menos dos foros con seguimiento masivo en internet.

Pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Perú que reconocen o precisan derechos de los trabajadores.

Cuando los Tribunales Constitucionales en lugar de dejarse guiar por la generosa transformación e innovación que enriquece la jurisprudencia, la literatura jurídica y política, se deja atrapar por la hegemonía ideológica, desprestigio, corrupción desarrollada, nepotismo, acoso laboral y el autoritarismo, el resultado no puede ser otro que el desmantelamiento del Estado de Derecho y la consiguiente desarticulación del Estado Constitucional.

Se recuerda que una de las "herramientas" de gestión del tiempo más usada a nivel mundial que diseñó Dwight David «Ike» Eisenhower, jefe del Estado Mayor del ejército de los EE.UU. de América durante la Segunda Guerra Mundial, quien posteriormente fue Presidente.

La CC colombiana sostuvo que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.

De acuerdo con lo que dispone el "Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio, y frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial", este marco legal para la reprobación disciplinaria a los jueces y magistrados, por las manifestaciones realizadas en sus resoluciones, debería verse ampliado.

El académico concluye manifestando que en la actualidad las manifestaciones de violencia están a la orden del día, en todos los ámbitos y clases sociales.

El texto expone que son 6 palabras que poseen un contenido genérico y complejo, que se proyecta a lo largo de todo el proceso, desde su inicio (el acceso a la jurisdicción) hasta el final (la ejecución).

Expertos para la libertad de expresión de la ONU, OSCE, CIDH y la Comisión Africana de Derechos Humanos emitieron su Declaración Conjunta de 2018 en un evento que se llevó a cabo Accra, Ghana.

Los representantes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, junto con otros 14 Estados miembros de la OPAQ, hicieron circular una vehemente declaración conjunta, en la que denuncian la iniciativa rusa en términos inusitados.

Seif Magango, director adjunto del organismo para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, sostiene que "esta condena, basada en una serie de cargos falsificados por las autoridades, debe ser anulada, y Germain debe ser puesto en libertad de inmediato".

La "Operación Bernhard" demuestra lo difícil que es separar el bien del mal cuando las personas se encuentran en una situación límite en la que está en juego su supervivencia.

Califica los hechos como un delito de abuso sexual por el que solicita dos años de prisión, otros dos de inhabilitación y 1.000 euros de indemnización.

Junto a ello, el apoyo a una red independiente de verificadores de información y medidas destinadas a fomentar el periodismo de calidad y promover la alfabetización mediática.

De acuerdo a LyD este impuesto debe acercarse más bien a un cobro por bienes y servicios locales que entrega el municipio al entorno en el cual se encuentra ubicada la propiedad, asumiendo también el municipio en rol más activo en cuanto la fijación y por ende recaudación del mismo.

Propone recopilar información con el fin de apoyar a los Estados miembros en el seguimiento de las recomendaciones y de las decisiones de la CIDH en materia de erradicación de la violencia y de la discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.

El máximo Tribunal anula la disposición de los presupuestos generales que le retiraban la retribución tras la condena del Tribunal Supremo español.

Hay que cambiar las mentalidades, pero también hay que cambiar el marco normativo para que la violencia machista tenga una sustantividad propia y unos especialistas propios y debidamente formados para conocerla.

El derecho a la información está limitado por otros derechos del mismo peso como la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre de las personas sobre las cuales se informa.

Una medida puramente humanitaria como ésta, fundada en el derecho nacional e internacional podría, en parte, mitigar la profunda afectación que las familias padecen (parejas e hijos pequeños) y que ya llevan recorridos ya más de 35.000 kms con sus traslados constantes para las visitas a la cárcel

El TEDH en su sentencia considera que las observaciones impugnadas se habían realizado como parte de un debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal, en el contexto de la cobertura de un caso por los medios de comunicación.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, señala que el Presidente tiene el deber de escoger a un o una Fiscal General que garantice una justicia pronta y efectiva y que de efectivamente cumplimiento a los compromisos internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Maqueda y Rosatti, quienes consideraron que los recursos extraordinarios son inadmisibles, por lo que se debió desestimar las quejas.

Los parlamentarios solicitan al Ejecutivo que el Ministerio de Relaciones Exteriores pida una investigación ante la Organización de las Naciones Unidas.

Milena Buyum, responsable de campañas del organismo en Turquía sostiene que "durante los nueve meses que ha durado este juicio, la Fiscalía no ha presentado ni una sola prueba de acto delictivo. Está claro que la intención de estas sentencias de motivación política es infundir temor y silenciar cualquier forma de disidencia".