Judicial

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por el acusado, al sostener que las denuncias anónimas son un indicio válido para practicar un control de identidad, si la información en ellas es seria y precisa, como ocurrió en la especie.

Cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos por vía remota mediante videoconferencia hasta dos días antes de la vista de la causa, pero la solicitud en este caso es extemporánea.

Los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso al aplicar el plazo de caducidad de la acción de despido injustificado del artículo 168 del Código Laboral, sin considerar que, en la especie, su ejercicio se encuentra supeditado a aquella que tiene por objeto una declaración judicial relativa a la verdadera naturaleza del vínculo.

El control vehicular realizado por la policía estaba dentro de sus facultades legales, desde que el control de identidad se justificó al observar que el vehículo no tenía placa patente visible. Ratifica condena por tráfico de drogas.

La Corte Suprema sostuvo que no es necesario usar todo el caudal, pero sí contar con obras suficientes para captar la totalidad del derecho otorgado.

No logró acreditar cómo se afectaría concretamente el debido cumplimiento de sus funciones al proporcionar la información. No explicó de manera pormenorizada cómo la entrega de la información requerida afectaría concretamente el debido cumplimiento de sus actividades.

Cualquiera de las partes puede solicitar alegatos por vía remota mediante videoconferencia hasta dos días antes de la vista de la causa, lo que no afectará el derecho de la contraria de alegar presencialmente. Los abogados deberán anunciar sus alegatos, indicando el tiempo estimado de duración y los medios necesarios para su contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo electrónico.

Se configuró la causal de ultra petita, por extender su decisión más allá de lo sometido a la resolución del Tribunal, al disponer que las prestaciones debían otorgarse con los reajustes e intereses establecidos en el artículo 21 de la Ley N° 18.101.

Además de no ser reconocida por la víctima, la prueba restante se refería a un hecho distinto por el que fue finalmente absuelta, careciendo la sentencia de fundamentos claros y suficientes que justificaran su condena.

Se absolvió a la querellada de un delito respecto del cual existe un proceso pendiente, relativo a investigar, precisamente, la existencia del mismo y la posible participación culpable de la querellada.

El empleador no puede invocar una renuncia si esta no cumple con las exigencias legales del artículo 177 del Código del Trabajo.

El interés para solicitar la nulidad debe existir al momento en que se produce el vicio. Si el interés se adquiere posteriormente, no se cumple con este requisito.

La extranjera cumple varias categorías del artículo 129 de la Ley de Migración que deben ser consideradas, al estar casada, tener un hijo chileno y contar con contrato de trabajo indefinido.

El cliente actuó con culpa grave al no resguardar adecuadamente sus claves de seguridad, permitiendo la transacción fraudulenta.

La sanción de despido es desproporcionada si la conducta del trabajador es excepcional y no tiene impacto significativo en la relación laboral.

En el inmueble municipal, la sociedad reclamante ejerció una actividad comercial consistente en el arriendo de canchas y explotación de un quiosco para la venta de bebidas y productos similares, sin contar con patente para ello.

Corte anula condena por violencia intrafamiliar tras advertir que testigos no respaldaron hechos que el tribunal dio por acreditados. En casi la totalidad de los hechos descritos, la declaración de los testigos no coincide o, en otros casos, ninguno de ellos declara lo que la sentencia afirma.

El efecto extintivo asignado al documento sin la firma de ambas partes carece de sustento.

Ambas sanciones recaen sobre el mismo hecho, afectan al mismo trabajador y buscan proteger el mismo bien jurídico: la vida y la salud del trabajador en un contexto de trabajo en altura.

La Dirección General de Aguas (DGA) incurrió en un acto ilegal por el injustificado retardo en resolver la reconsideración, tras casi 8 años de interpuesta, lo que deviene en el decaimiento del procedimiento.

Declaró la existencia del derecho real de servidumbre reconociendo que la acción entablada es una declarativa de mera certeza de servidumbre voluntaria de uso y tránsito en beneficio de las parcelas de un condominio y que la acción cumple los requisitos (interés legítimo de los actores, existencia de un título válido y los elementos esenciales de una servidumbre).

La atenuante de colaboración sustancial no obliga al juez a imponer la pena inferior en un grado. Se trata de una potestad discrecional expresada mediante el término “podrá”, por lo que su no aplicación no constituye error de derecho ni puede ser exigida imperativamente.

Ratifica indemnización de $250.000.000.- a título de daño moral, más reajustes e intereses por pérdida de visión debido a infección post-operatoria no tratada oportunamente.

En conflictos sobre tierras indígenas, es obligatorio remitir los antecedentes a CONADI para que emita un informe jurídico, técnico y socioeconómico, conforme al artículo 56 de la Ley N° 19.253.

La excepción del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil solo procede si el tercero debe acatar los efectos del fallo y no busca modificar su contenido jurídico.

No transcurrió el plazo legal para declarar el abandono. Es útil la resolución que se pronuncia sobre el recurso de apelación. Además, la apelación de la resolución que acoge una excepción dilatoria debe concederse en ambos efectos y los errores procesales en la tramitación del recurso no son imputables al demandante, sino a los jueces.

La extranjera ha procurado ante las autoridades regularizar su permanencia en el país, para compartir su proyecto de vida con sus hijos ya residentes y con arraigo laboral.

La inscripción registral, sin tenencia material del inmueble, constituye una “inscripción de papel”, por lo que carece de legitimación activa para deducir la acción de precario.

Los hechos constituyen el delito de tenencia de elementos tecnológicos en recintos penitenciarios (art. 304 ter del Código Penal) y no una simple falta. Ordenó la realización de un nuevo juicio. Esta decisión refuerza la interpretación más estricta de la ley sobre objetos prohibidos en cárceles. El tipo penal exige, que el objeto prohibido, un teléfono celular, se encuentre en poder del acusado, lo que fue admitido por éste, de manera que, se configuran todos los elementos del tipo penal aludido, el que tiene un carácter especial, frente a la falta general de “infracción a reglas de policía en

Chofer de camión recolector de residuos domiciliarios fue despedido por llevar a su hijo menor de edad como "tercer auxiliar de aseo" sin autorización del empleador.