Judicial

Se dedujo un recurso de nulidad en contra de una sentencia del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli que condenó a Vania Queipul Millanao por el delito de desórdenes públicos, registrado, el 16 de octubre de 2012, en la comuna de Ercilla, Novena Región.

La ley que regula los TER señala que, dentro de su competencia, se encuentra el calificar las elecciones de carácter gremial y las de los grupos intermedios que tengan derecho a participar en la designación de los integrantes de los Consejos Regionales de Desarrollo o de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con las respectivas LOC.

La Ley N°19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, dispone que corresponderá a los Tribunales Electorales Regionales (TER) conocer y resolver las reclamaciones que cualquier vecino afiliado a la organización, dentro de los 15 días siguientes al acto eleccionario, efectúe respecto de las elecciones de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, incluida la reclamación respecto de la calificación de la elección.

Se dedujo un recurso de nulidad fundado en que no se habrían respetado los derechos fundamentales de un condenado por delito de cultivo ilegal de cannabis sativa, por cuanto no se habría reconocido a su favor la causal de justificación de cumplimiento de un deber, particularmente considerando que la conducta del encausado tenía fines terapéuticos, científicos, investigativos y de tratamiento médico.

Se dedujo un recurso de queja en contra de Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que, revocando la decisión de primera instancia, declararon el sobreseimiento definitivo de una investigación por robo con violencia, por haberse deducido la acusación penal fuera del plazo establecido para ello, siendo que no resultaba procedente, de conformidad con los artículos 247 y 259 del Código Procesal Penal.

Se interpuso recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Santiago que, confirmando con declaración la de primera instancia, aumentó los montos a que fuera condenado el fisco por perjuicios contractuales.

Se dedujo recurso de amparo económico en contra de la Dirección Regional Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, por suspender y denegar el pago de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Exportador solicitado por la actora, vulnerando así la garantía constitucional de la libertad económica.

"...la declaración de la candidatura de la que se viene tratando se enmarca dentro del procedimiento de elecciones primarias creado a través de la Ley N° 20.640, que "Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de Candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes" que regula –conforme lo definido por su artículo primero–"un sistema de elecciones primarias a ser usado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a los cargos de elección popular que determina la ley..."

La Corte Suprema agregó que “esta materia ha sido ya objeto de numerosos pronunciamientos de esta Corte de casación, la que ha venido sosteniendo de manera invariable que no puede modificar los hechos que han fijado los jueces del fondo en uso de sus atribuciones legales, a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor legal de la prueba, cuyo no es el caso de autos”.

“…la potestad sancionadora de la Administración admite un origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por lo que le resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental se prescriben para el derecho punitivo, aunque ese traspaso haya de producirse con ciertos matices en consideración a la particular naturaleza de las contravenciones administrativas”.

El TRICEL declaró la inadmisibilidad de una reclamación interpuesta en contra del Servicio Electoral (SERVEL) por una transexual que pretendía postular su candidatura a Diputada bajo su nombre femenino –por el que es conocida socialmente– y no con su denominación registral, actualmente masculina

El recurso consideró infringido el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el N° 4 del artículo 170 del mismo texto.

“los jueces recurridos han procedido en uso del derecho privativo que les confiere la ley en la interpretación de las normas jurídicas en relación a las situaciones de hecho que deben conocer, caso en el cual no se desprende que los sentenciadores hayan incurrido en las faltas o abusos graves que se les reprocha”.

Esta omisión en la que incurrió el equipo médico impidió el inicio temprano del tratamiento de la enfermedad que lo aquejaba, lo que determinó que al ingresar a la mañana siguiente ya los esfuerzos por salvarle la vida fueran estériles

“que no obstante que lo anteriormente expuesto es suficiente para desechar este capítulo de casación, se debe señalar que no es efectiva la aseveración -sobre cuya base se construye el recurso- respecto de que no existe prueba alguna acerca del daño material sufrido por los actores, puesto que tal como se expuso en el considerando duodécimo, los sentenciadores han señalado que este daño se encuentra acreditado tanto con la declaración de testigos como con la prueba documental y hechos que constan en el acta de inspección ocular del tribunal, los que ponderados conforme al sistema de prueba tas

La Corte declaró que “la ausencia de la evaluación ambiental de este proyecto no resulta razonable ni coherente para esta Corte, infringiendo claramente la institucionalidad ambiental, pilar de nuestro desarrollo sustentable como país”, además de vulnerarse el deber de implementar los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental, que incluye publicaciones en el Diario Oficial.

“dos demandados son responsables de haber instalado el letrero publicitario sin los permisos municipales, omitiendo desinstalarlo una vez que esto fue ordenado. Por otro lado, estrechamente vinculado al hecho ilícito anterior, está la omisión”, y que “la circunstancia de ser uno de los demandados un Órgano del Estado, obliga a aplicar a su respecto el estatuto de responsabilidad que le corresponde”

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma, “debido a que no fue preparado en los términos que exige el artículo 769 citado en el párrafo precedente, porque con la sola excepción de la causal que se refiere a la falta de ponderación de la prueba aportada en segunda instancia, todos los otros supuestos vicios aparecen cometidos en la sentencia de primer grado que fue confirmada por la de segunda instancia en contra de la cual ahora se recurre, sin que oportunamente se haya deducido el correspondiente recurso de casación formal en contra de la primera, limitándose a recurrir de

"la no obtención o renovación de la cédula de identidad o pasaporte durante un período prolongado de tiempo, veintiún años si la persona tuviere menos de ochenta años de edad y quince si tuviere ochenta o más años, se fundamenta en que sus titulares probablemente han fallecido aunque no haya constancia de su muerte, por lo que su exclusión del Padrón Electoral resultaría justificada si ello efectivamente ha ocurrido."

la autoridad recurrida, sin haber dado cumplimiento a lo ordenado, a pesar de que “ha tenido un holgado plazo para adoptar las medidas destinadas a corregir las deficiencias que se han observado”, todo lo cual resulta en evidente peligro para la comunidad que habita en el edificio donde se ubica el establecimiento.

“examinada la sentencia de segundo grado, confirmatoria de la de primera instancia, y el tenor del recurso deducido, debe concluirse que el vicio denunciado no se ha configurado puesto que, a diferencia de lo que se afirma por la parte recurrente, si tiene las consideraciones de hecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva, siendo cuestión muy diferente que el contenido de las fundamentaciones del fallo no sean del agrado de la parte demandada y que no las comparta, pero ello no las transforma en inexistentes”.

“los jueces del tribunal de alzada, al disponer inoportunamente el sobreseimiento definitivo impugnado por el querellante, han cometido una falta grave que justifica el acogimiento del recurso de queja, toda vez que su conducta ha afectado las normas procesales que regulan la persecución penal, defecto que, por último, sólo puede ser corregido por medio de este arbitrio disciplinario”.

“que la sentencia impugnada además infringe los artículos 1437, 2284, 2314 del Código Civil, preceptiva que exige la existencia del daño como condición y presupuesto de la responsabilidad extracontractual, sin embargo, los jueces del fondo han impuesto la obligación reparatoria del daño moral sin que en el presente caso se haya acreditado su concurrencia”.

"aparece que efectivamente la decisión incumple el deber de expresar las motivaciones con arreglo a las cuales arriba a la conclusión condenatoria respecto del delito de homicidio frustrado a Carabinero en acto de servicio como se razonó en los considerandos respectivos del fallo, de manera que la sentencia queda claramente incursa en el motivo de nulidad detallado lo que conduce a su invalidación respecto de este extremo."

"la regulación del quantum de los perjuicios es una cuestión de hecho cuyo establecimiento es una atribución soberana de los jueces del grado que escapa al control jurídico de la presente vía"

“el hecho de haberse realizado la relación en forma privada no consta en el expediente ni se pidió por la recurrente la apertura de un término probatorio para acreditarlo, de manera que la causal invocada carece de todo sustento”.

“el recurso de amparo económico no es idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental”

“el recurso de amparo económico no es idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental”

las expresiones proferidas por el diputado “aparecen enmarcadas únicamente en un contexto de crítica política sobre el funcionamiento de un servicio público”

“expresaron los razonamientos que justificaban el aumento de la indemnización fijada en primera instancia, señalando los antecedentes que ameritaban adoptar tal determinación y, por consiguiente, no es posible esgrimir que esta decisión carece de motivaciones”.