Judicial

“es posible constatar que los actores han solicitado que se declare la nulidad de derecho público del acto denunciado y que, en consecuencia, se anulen las inscripciones de los predios materia del pleito realizadas con posterioridad a la regularización, y la cancelación de las correspondientes inscripciones, y se le restituyan a su parte”.

se trata de una PYME “debiendo ser el monto de la multa proporcional a su capacidad económica”.

“no es jurídicamente posible sostener que el demandante pueda solicitar el cumplimiento forzado de su propia obligación contractual –ejecutar la obra licitada- por cuanto el contrato administrativo de autos había terminado antes de su ejecución conforme a sus cláusulas y estipulaciones”.

“cuáles son los vicios que llevarían a acceder a la nulidad sustantiva que se solicita, ni la forma en la que se habría producido la infracción, ni menos aún su influencia en lo dispositivo del fallo”.

“si se acoge el recurso de casación en la forma, se tendrá como no interpuesto el de fondo”.

“que, por lo demás, la necesidad de que todo castigo sea adecuado y racional es precisamente el fundamento de los reclamos que concede la legislación, desde que no sólo se puede incurrir en un acto injusto con la imposición de una sanción, sino también en la determinación de su envergadura, de manera que corresponde a los tribunales cautelar la equidad con que se aplican especialmente las normas que tienen carácter represivo o castigador”.

"se da cuenta de los procedimientos, jerarquía, métodos y condiciones en las cuales se llevaban a cabo las operaciones de la DINA, además de constatarse en detalle los lugares, personas involucradas y testigos de los hechos, que son calificados como delito de secuestro calificado, de conformidad al artículo 141 del Código Penal".

“ha existido una conducta ilícita de la demandada sociedad concesionaria, al dejar de cumplir con las obligaciones impuestas en las Bases de la Licitación, circunstancia que ha originado daños a terceros, de manera que la demanda ha sido correctamente acogida”.

“debe dejarse establecido una vez más que la Contraloría debe inclinarse frente a la jurisprudencia de los tribunales, lo que es fundamental para el orden institucional y particularmente válido cuando ésta es uniforme y permanente en el tiempo”.

“que el daño antes establecido es consecuencia inmediata y directa de la falta personal en que incurrió el ex Cabo 2° Meza Meza en el ejercicio de sus funciones al golpear al actor en su cabeza provocándole el desprendimiento de la retina del ojo izquierdo y la consecuente pérdida de visión del mismo, por lo que la sentencia de primera instancia será confirmada en esta parte”.

“resulta evidente que el documento de cuyo protesto y notificación se trata fue extendido sin cumplir una de las exigencias contenidas en el artículo 13 del D.F.L. N° 707, cual es la de que conste en él “La cantidad girada, en letras y números” pues, como resulta evidente, una y otra son diferentes, anomalía que lo torna ininteligible”.

"queda de manifiesto, entonces, que la sentencia cuestionada se construye a partir de motivaciones antagónicas que no pueden coexistir, lo que conduce a la anulación de esos razonamientos, quedando desprovisto el fallo de la fundamentación exigida en el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se configura el vicio de casación formal previsto en el numeral 5° del artículo 768 del mismo cuerpo legal”.

"de cualquier manera, y a fin de despejar toda duda sobre la posibilidad de ser acogida la demanda indemnizatoria, la sentencia impugnada analizó la prueba rendida en el juicio. Concluyó que no se daban los supuestos para estimar que los Carabineros hubieren actuado con culpa, no sin antes exponer los principios en que descansa la responsabilidad extracontractual del Estado cuando la conducta imputada corresponde a funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad".

“uno de los principios que informan la nulidad de derecho público es el de conservación, cuyo fundamento radica en que revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a la ilegalidad de un acto administrativo, ella sólo será procedente si el vicio es grave y esencial”, para constatar que “la irregularidad que afecta al acto administrativo alegada en este proceso es aquella referida a la ausencia de investidura regular”.

"concluye que el vicio alegado no se ha configurado puesto que la sentencia de segundo grado confirmó el fallo de primera instancia, el cual contiene las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva, siendo cuestión muy diferente que el contenido de sus fundamentaciones no sean del agrado del demandado y que no las comparta, pero dicha circunstancia no las transforma en inexistentes".

"el alejamiento forzado de la institución puede obedecer a responsabilidad penal, en el caso de la perpetración de un delito; responsabilidad administrativa, por la que se aplica la medida disciplinaria de separación o baja respectivamente, y como resultado de las calificaciones, cuyo es el caso de autos."

“no se determinó en la causa algún hecho o circunstancia que constituya falta de servicio por parte de la demandada en relación a las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería, respecto del predio materia de autos”.

"en cuanto a la denuncia de haberse transgredido los artículos 1545, 1560, 1562 y 1563 del Código Civil, cabe señalar que del mérito de la lectura del recurso se puede constatar que este capítulo no reúne los requisitos formales que exige el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil".

“el inciso 5° del artículo 169 (anterior artículo 174) de la Ley N°18.290 establece que la Municipalidad respectiva -o el Fisco en su caso- será responsable de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización. La precitada disposición guarda, a su vez, congruencia con la contenida en el artículo 152 (anterior artículo 142) de la Ley N°18.695, según el cual las Municipalidades incurren en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio”.

"las conclusiones a las que arriban los sentenciadores en orden a la inoponibilidad de los Convenios no se da en el orden territorial, sino temporal, por lo que el error denunciado no tiene influencia en lo decidido, ya que en caso de acogerlo y declarar que la Municipalidad de Lo Barnechea es continuadora legal de la Municipalidad de Las Condes, aquélla no podría cumplirlos conforme a lo razonado”.

“la conducta omisiva de la DGA constituye un acto arbitrario que ha impedido a las recurrentes ejercer la actividad económica propia de su giro, vulnerándose así por parte del organismo estatal la garantía del inciso primero del N° 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República”, para lo cual no es óbice la existentes de otras solicitudes previas pendientes, ya que “la DGA debe arbitrar los medios y mecanismos necesarios para agilizar los trámites referidos”.

“los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley les diere”.

el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil no es una norma reguladora de la prueba, “por cuanto ella consagra reglas que no disponen parámetros fijos de apreciación que obliguen en uno u otro sentido a los jueces de la instancia, siendo éstos soberanos en la valoración de la prueba testimonial”.

“la prueba destinada a acreditar que el ejecutado carecía de otros bienes suficientes –fuera de la especie prendada- para satisfacer íntegramente las acreencias de primera clase, gravitaba sobre la parte que invocó esa clase de derechos”, quien no suministró antecedentes suficientes e idóneos sobre el punto en cuestión.

“que así las cosas, al haberse efectuado una errónea calificación jurídica de los hechos de la causa, por cuanto se estimó como falta de servicio una situación que no lo era, los magistrados de la instancia aplicaron erróneamente a la litis lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece la falta de servicio, y ello amerita que la sentencia impugnada deba ser anulada, por cuanto el error en que se ha incurrido determinó el acogimiento de una demanda que debió ser rechazada, de tal manera que dicho yerro ha tenido influencia sustancial en lo re

“la sentencia impugnada por la vía de casación en el fondo no ha incurrido en error de derecho al determinar que las acciones entabladas son improcedentes. En atención a lo concluido, resulta inoficioso analizar la denuncia de infracción de disposiciones legales atinentes a la prescripción de la acción de nulidad relativa”.

“la naturaleza de las contravenciones administrativas, en las que confluyen componentes técnicos, dinámicos y sujetos a variabilidad en el tiempo, hace imposible su síntesis descriptiva en un precepto general como lo es una ley, de modo que el principio de tipicidad al traspasarse al ámbito sancionatorio de la Administración admite ciertos grados de atenuación”.

“que en razón de lo expresado, habiéndose establecido la falta de servicio en que incurrió la Municipalidad demandada, los daños sufridos por los demandantes y la relación de causalidad entre éstos y aquella, los jueces de la instancia al acoger la demanda intentada se han limitado a dar correcta aplicación a los artículos 142 (actual artículo 152) de la Ley N° 18.695 y 169 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, por lo que no han incurrido en los errores de derecho que se les imputa”.

“todo el recurso se construye sobre unos hechos no establecidos por los sentenciadores sino que por la propia parte recurrente”, por lo que las alegaciones del recurrente carecen de los antecedentes de hecho que autorizarían acudir a los preceptos que se denuncian infringidos, máxime si en la especie no se ha acogido previamente el recurso por vulneración de las normas reguladoras de la prueba

no cabe sustentar un recurso como el de la especie en preceptos constitucionales o de tratados internacionales, por cuanto éstos “se limitan –al menos en las materias que aquí interesan- a establecer principios que luego son desarrollados en normas de inferior jerarquía como son las leyes, siendo éstas las susceptibles de ser analizadas por medio de la casación en el fondo”.