Judicial

Confirmó las condenas dictadas por el Tribunal Oral de Punta Arenas, al estimar que Carabineros actuó dentro de sus facultades legales al realizar un control de identidad fundado en una denuncia anónima precisa, lo que permitió incautar marihuana, dinero y otros elementos asociados a la comercialización de drogas.

Desestimó el recurso del CDE y sostuvo que la sentencia absolutoria se ajustó a las reglas de la sana crítica, concluyendo que no se acreditó, más allá de toda duda razonable, un perjuicio fiscal ni un actuar concertado penalmente relevante en la adjudicación de canastas de alimentos durante la emergencia sanitaria de 2020.

Estimó que la transmisión del hecho ocurrido en Antofagasta constituyó ejercicio legítimo de la libertad de información, descartó sensacionalismo y concluyó que las imágenes emitidas en horario de protección no afectaron la formación espiritual e intelectual de niños y jóvenes.

Dejó sin efecto una sentencia al concluir que el proceso fue irregular, carente de competencia y basado en prueba obtenida mediante tortura y actuaciones falsas, absolviendo así al condenado por tenencia ilegal de armas.

Decisión favorece el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Amplía la interpretación del artículo 423 del Código del Trabajo, referente a la competencia territorial en casos laborales que involucran traslado del trabajador.

Descartó vulneraciones al debido proceso y validó el actuar policial, al estimar que existió flagrancia y orden de detención vigente al momento del procedimiento iniciado tras denuncia de un transeúnte.

Mantiene la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más multa y accesorias. Consideró que la actuación policial fue justificada por indicios suficientes. Reiteró que "los indicios no se cuentan, sino que se pesan", validando la acción policial basada en el comportamiento sospechoso del acusado. Desestimó argumento de la defensa sobre la ilegalidad de la evidencia obtenida. Validó el control de identidad practicado por Carabineros.

Tribunal Oral lo condenó por un homicidio consumado a 17 años de presidio efectivo; a 10 años y 1 día por homicidio frustrado de otro detective; y a 300 días de presidio menor por receptación. La determinación de la intensidad de la colaboración y su eventual apreciación como 'muy calificada' es un juicio de ponderación propio de los sentenciadores

Rechaza recurso de casación y mantiene condena de $70 millones por daño moral a Cruz Blanca. Confirmó que Isapre incurrió en mora al negar inicialmente cobertura del medicamento ENZALUTAMIDA. Consideró probada la aflicción de la demandante. Estableció un vínculo entre el incumplimiento y el daño sufrido por la actora. Respaldó aplicación de la teoría de "pérdida de oportunidades" para fundamentar el daño. Argumentos de la Isapre buscaban modificar hechos ya establecidos sin demostrar infracción a leyes reguladoras de la prueba.

Reafirmó que la difusión de avisos de plataformas de apuestas y juegos de azar en franjas horarias destinadas a menores de edad vulnera el deber de protección reforzada de la niñez, descartando que exista un vacío normativo o una infracción al principio de tipicidad en la actuación del órgano fiscalizador.

Rechazó los recursos de casación penal y mantuvo la absolución del ex capitán por un homicidio consumado y dos frustrados ocurridos durante una protesta en Lo Espejo. Ratificó la obligación del Fisco de indemnizar a las víctimas, considerando los hechos como delito de lesa humanidad. Elevó a $50 millones la indemnización por daño moral para una de las víctimas sobrevivientes, manteniendo la responsabilidad civil del Fisco.

Advierte sobre la falta de parámetros para la corrección judicial de estatutos. Sugiere reducir el plazo de interposición de reclamo de ilegalidad a 15 días hábiles. Aprueba la ampliación de competencia a distintas Cortes de Apelaciones. Respalda el aplazamiento de seis meses para la entrada en vigencia del nuevo régimen.

La Corte de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad deducido contra una municipalidad, al concluir que la solicitud de rectificación de capital propio y devolución de patente municipal fue presentada fuera del plazo de prescripción de tres años, el cual debe computarse desde la fecha en que el tributo se hizo exigible y no desde su pago efectivo, aun cuando éste se haya verificado mediante consignación judicial en un juicio ejecutivo.

Rechazó excepciones de prescripción, pago y reparación integral opuestas por el Fisco. Reconoce imprescriptibilidad de la acción civil derivada de crímenes de lesa humanidad y fija una indemnización por daño moral.

Concluyó que la Corte de Santiago incurrió en una falta grave al anular parcialmente una sentencia arbitral por supuesta ultra petita, pese a que el árbitro resolvió dentro del marco de lo pedido y conforme a la responsabilidad contractual demandada.

La empresa cuestionó interpretación del MOP sobre normas de inscripción en registros de contratistas y consultores, tras una consulta sobre modificaciones al Decreto Supremo N° 75. El tribunal consideró que no hubo solicitud formal de inscripción ni acto administrativo que la negara.

Empresa sanitaria deberá pagar 2 UF diarias y construir tubería para entrega de agua. Incumplió su obligación principal de entregar un caudal de agua acordado. Empresa no acreditó la realización de pruebas de bombeo ni comunicó formalmente un caudal inferior al mínimo pactado. La cláusula penal del contrato es exigible debido al incumplimiento de ESVAL.

Ratificó que no es jurídicamente admisible sancionar a un establecimiento educacional por hechos no contenidos en la denuncia original ni debidamente comunicados durante el procedimiento administrativo, al estimar que ello vulnera las garantías básicas del debido proceso y la exigencia de coherencia entre los cargos formulados y su sustento fáctico.

La Corte de Santiago anuló la sentencia de primera instancia al concluir que la privación prolongada del feriado legal, en una relación laboral encubierta como sucesivos contratos por obra, afecta necesariamente la salud física y psíquica del trabajador, configurando una vulneración de derechos fundamentales que no exige prueba adicional del daño.

La Corte Suprema sostuvo que la sustitución del régimen de sociedad conyugal por el de separación de bienes no produce, por sí sola, la extinción ni inoponibilidad de los gravámenes constituidos sobre bienes sociales mientras no se practique la liquidación de la comunidad, reafirmando que los derechos válidamente adquiridos por terceros deben ser respetados conforme al artículo 1723 del Código Civil y a los principios de seguridad del tráfico jurídico registral.

El máximo Tribunal concluyó que la limitación a la extensión de los créditos laborales de primera clase sobre un inmueble hipotecado constituye una excepción de derecho estricto, cuya procedencia debe ser acreditada por el acreedor hipotecario, y no por los trabajadores ejecutantes.

Aplicar el plazo de caducidad del despido injustificado resulta improcedente cuando primero debe resolverse la existencia de la relación laboral. No es posible separar la acción de despido injustificado de la acción declarativa de relación laboral. La acción declarativa del vínculo laboral tiene un plazo de ejercicio de dos años, según el artículo 510 del Código del Trabajo

El tribunal de alzada tuvo por acreditada la relación de consumo y el incumplimiento del deber de seguridad —concebido como una obligación de medios y no de resultado— al estimar que el proveedor no demostró haber adoptado medidas razonables y suficientes para prevenir la sustracción de un vehículo desde un estacionamiento gratuito destinado a sus clientes.

El tribunal de alzada estimó que no se acreditó una vulneración a los deberes de información ni al consentimiento del consumidor, ni la existencia de una repactación unilateral del crédito, rechazando además la nulidad de una cláusula contractual al concluir que no generaba un desequilibrio abusivo en perjuicio de la actora.

Confirmó que el bono de sala cuna pactado en contrato colectivo de $320.000.- mensual debe pagarse íntegramente, sin proporcionalidad por asistencia de la madre. Desestimó alegaciones nuevas introducidas por el recurrente que no formaron parte del debate original. Reafirmó que el pago del bono está vinculado al período de cuidado del menor, no a la asistencia de la trabajadora.

Rechazó argumento de la defensa sobre uso medicinal y autoconsumo. Corte enfatizó que no se cumplieron los requisitos para la justificación legal del cultivo. Consideró que la cantidad de plantas y la infraestructura excedían lo razonable para consumo personal. Fallo subraya la necesidad de cumplir estrictamente con las exigencias para el uso medicinal de cannabis. Mantuvo la pena de tres años y un día de presidio.

La Corte rechazó el reclamo interpuesto por una fundación educacional y confirmó la sanción aplicada por la Superintendencia de Educación, consistente en la privación parcial y temporal del 5% de la subvención general por cuatro meses, al estimar que la omisión de certificados bancarios para acreditar la disponibilidad de saldos constituye una infracción grave.

El máximo Tribunal concluyó que el ingreso al país por paso no habilitado constituye una infracción grave que habilita la expulsión administrativa, descartando que los antecedentes invocados —incluida la existencia de una hija nacida en Chile— resultaran suficientes para configurar una excepción conforme al artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería.

El tribunal descartó ilegalidad en la actuación de la SEC, al estimar acreditado el incumplimiento del estándar SAIDI durante 2022, confirmar la aplicación de la normativa técnica vigente al período fiscalizado y considerar debidamente motivada y proporcional la sanción impuesta, rechazando además la aplicación retroactiva de una norma técnica posterior más favorable.

El máximo Tribunal respaldó la facultad interpretativa de la Comisión para el Mercado Financiero, al descartar que la normativa obligue a los liquidadores de seguros a requerir informes técnicos en todo evento, validando que dicha exigencia dependa de la naturaleza del riesgo y de las circunstancias del siniestro.