Judicial

Declaró que una coordinadora de la Oficina de Protección de Derechos de La Pintana mantuvo una relación laboral bajo subordinación y dependencia, ordenando el pago de indemnizaciones y cotizaciones adeudadas.

Respaldó la actuación de la Superintendencia de Educación al constatar infracciones graves a la normativa educacional durante un procedimiento disciplinario, reafirmando el deber de los sostenedores de garantizar estándares mínimos de racionalidad y justicia en la aplicación de sanciones escolares.

La Corte de Santiago validó la sanción de 15 UTM aplicada por la Superintendencia de Seguridad Social, tras determinar que las licencias extendidas por el profesional carecían de justificación médica y que el procedimiento administrativo se ajustó plenamente a la normativa vigente.

Precisó qué prestaciones se ubican en los numerales 5° y 8° del artículo 2472 del Código Civil, reiterando la obligación de fundamentar adecuadamente la prelación aplicada a cada rubro. Además, reafirmó que remuneraciones, feriado proporcional y aviso previo gozan de preferencia legal, mientras que la nulidad del despido se rige por límites específicos fijados por la ley.

Sostuvo que estos antecedentes forman parte de la “dotación” de las Fuerzas Armadas y se encuentran amparados por una causal de secreto establecida en una ley de quórum calificado, aun cuando el funcionario se encuentre en retiro y haya transcurrido un largo tiempo desde el término de su servicio, descartando que baste la invocación del principio de transparencia para ordenar su divulgación.

Reafirmó que la extinción del contrato comercial que sustenta la prestación de servicios puede justificar la reasignación de funciones, siempre que no exista abuso del ius variandi, destacando que las sentencias comparadas no abordaban hipótesis fácticas homologables.

La Corte de Santiago desestimó el reclamo interpuesto contra la decisión del Consejo para la Transparencia que rechazó un amparo por inexistencia de la información solicitada, afirmando que el IND respondió dentro del marco de la ley, que no existía antecedente alguno sobre organizaciones eliminadas por el uso de nombres de instituciones públicas y que el CPLT actuó conforme a derecho al resolver que la petición no podía reinterpretarse ni ampliarse más allá de sus términos originales.

La Corte de Santiago dejó sin efecto la multa de 50 UTM aplicada por el Juzgado de Policía Local de Cerro Navia, tras concluir que la empresa no vulneró derechos del consumidor y que los antecedentes del caso apuntaban a un uso no informado o no consentido de la tarjeta entre el titular y la persona adicional autorizada.

La Corte de Santiago confirmó la multa de 6.000 UTM impuesta a CGE Transmisión, tras estimar que la SEC actuó dentro de sus facultades al interpretar que la empresa no dispuso de personal y medios idóneos para iniciar oportunamente la reparación de una falla que afectó el suministro eléctrico por casi 23 horas.

El máximo Tribunal ratificó la multa impuesta por la Superintendencia de Educación a la Corporación Municipal de Maipú por no acreditar los saldos de subvenciones educativas del año 2022, confirmando que la omisión constituye una infracción grave y que la autoridad actuó conforme a sus atribuciones.

La Corte de Apelaciones determinó que Seguros Falabella actuó únicamente como intermediaria y no era responsable del cumplimiento contractual de la aseguradora, por lo que dejó sin efecto la multa de 15 UTM y las indemnizaciones por daño directo y moral que había fijado el Juzgado de Policía Local de Maipú.

La Corte de Santiago determinó que el reclamo judicial del artículo 85 de la Ley N°20.529 solo procede contra resoluciones dictadas por el Superintendente de Educación y previa reclamación administrativa, requisitos que no se cumplían en este caso.

Corte de Punta Arenas estimó que, aunque existió una infracción administrativa, la sanción aplicada por la Municipalidad de Torres del Paine resultó desproporcionada, ordenando la reincorporación del funcionario y el pago de las remuneraciones adeudadas. Se soslayaron circunstancias que mitigaban la conducta; alcance acotado del hecho reprochado, extensa trayectoria profesional, edad, conducta funcionaria intachable y desmedidas consecuencias que una medida expulsiva tendría en su futuro laboral.

Recalca que el Conservador sólo puede negar la inscripción cuando el vicio sea manifiesto y configure un caso de nulidad absoluta, advirtiendo que la verificación del régimen patrimonial del matrimonio es una cuestión de fondo reservada a los tribunales.

La Corte Suprema restableció la condena contra Scotiabank por modificar unilateralmente la tasa ofrecida en un crédito hipotecario, ordenando el pago de una multa de 100 UTM y la indemnización del daño patrimonial sufrido por los consumidores debido al aumento aplicado.

El máximo Tribunal anuló de oficio el fallo de la Corte de San Miguel por falta de fundamentación, estimando que no desarrolló adecuadamente los hechos, la valoración de la prueba ni las normas aplicables. Al dictar sentencia de reemplazo, restableció la decisión que declaraba el incumplimiento contractual, ordenaba la restitución del inmueble y condenaba al pago de reajustes acumulados durante años.

La sanción accesoria de cinco años de suspensión de licencia se fundó en una condena previa ya prescrita. La Corte reemplazó la pena por una suspensión de dos años, aplicando el artículo 104 del Código Penal.

Fallo ordena pago de derechos municipales, desestimando argumentos de la empresa ejecutada. Mantiene la orden de pago de patentes municipales entre 2021 y 2023. Recurso no cumplió con el requisito esencial que exige expresar con precisión los errores de derecho denunciados. Recurrente omitió impugnar normas decisorias fundamentales e impugnación se basa en hechos distintos a los establecidos por tribunales inferiores. No se denunció infracción a normas reguladoras de la prueba.

Confirma decisión del Conservador de Bienes Raíces por falta de continuidad registral y prueba insuficiente. La solicitante no logró acreditar la cadena de transferencias desde el titular original. Escritura de 1968 no constituía título traslaticio de dominio de derechos de agua. No se demostró la correspondencia entre los derechos inscritos y el predio que supuestamente riegan. El procedimiento del artículo 1° transitorio del Código de Aguas es declarativo y no crea nuevos derechos.

Confirma que no hubo cláusulas abusivas ni infracciones a la Ley del Consumidor. Declara inadmisible recurso de casación en la forma y rechaza casación en el fondo. No se desarrolló adecuadamente por qué las estipulaciones impugnadas generaban un desequilibrio relevante. Alteraciones en servicio educativo se debieron a circunstancias extraordinarias (huelga y pandemia). No se acreditaron perjuicios ni incumplimientos reprochables al proveedor. Demandante no probó infracciones alegadas, incluyendo el tamaño de letra de los contratos.

Fallo eleva de 10 a 30 millones la compensación por daño moral. Rechaza argumentos del Fisco sobre prescripción y reparación previa. Confirma la imprescriptibilidad de acciones civiles por crímenes de lesa humanidad. Ratifica que beneficios generales no sustituyen la responsabilidad civil del Estado. Considera la gravedad de los hechos y las secuelas permanentes en la víctima para determinar monto de la indemnización.

Confirmó negativa de acceso al Informe Legal del SII. Documento es parte de una investigación penal desformalizada por delitos tributarios. Corte reconoció la tensión entre publicidad estatal y protección de funciones públicas. Consideró que el informe es sustento inmediato de una futura acción penal. Estimó configurada la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia. Divulgación perjudicaría la investigación y la estrategia persecutoria del SII.

El máximo Tribunal determinó que las sociedades de inversión, incluso las pasivas, están afectas al pago de patente municipal desde la entrada en vigencia de la Ley N°21.210, por lo que anuló el fallo de la Corte de Valdivia que había eximido a la ejecutada del tributo y restableció la decisión de primera instancia que ordenó continuar la ejecución por $670 millones.

La Corte de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una aseguradora y ratificó la sanción impuesta por la CMF, al concluir que la entidad condicionó indebidamente el pago de pólizas de caución pese a estar obligada a responder a primer requerimiento. El tribunal afirmó que el procedimiento administrativo se ajustó plenamente a derecho y que no tiene facultades para rebajar la multa.

El caso involucra dos desplazamientos internacionales realizados por el magistrado mientras se encontraba con licencias médicas asociadas a estrés laboral y conflictos jerárquicos.

Expulsión dejó de producir efectos antes de la interposición del recurso, por lo que la pretensión principal se volvió improcedente al no existir acto vigente que corregir. Acción de protección exige la existencia de un acto u omisión actual, ilegal o arbitrario, que afecte derechos fundamentales, presupuesto que no se configura cuando el acto ya ha sido revocado. No le compete revisar hechos pretéritos ni emitir declaraciones abstractas sobre eventuales conflictos futuros entre la familia y el establecimiento.

Reconoce la legitimidad del objetivo de evitar el aislamiento social, pero cuestiona procedimiento que podría afectar autonomía y privacidad de personas sobre 65 años. Advierte sobre inadecuada aplicación de un modelo diseñado para la infancia a adultos autónomos y problemas de técnica legislativa en el diseño del procedimiento. Cuestiona amplitud de legitimación activa para iniciar acciones. Alerta sobre posibles vulneraciones a la libertad personal y vida privada. Sugiere fortalecer la institucionalidad existente en lugar de crear nuevos procedimientos, orientar la política legislativa hacia

Resolvió que la sentencia sí contiene fundamentos para la reducción del monto. Monto debe regularse prudencialmente atendiendo las características personales de la víctima, las circunstancias del caso y la magnitud del sufrimiento ocasionado, evitando que la indemnización se convierta en una fuente de lucro. Estableció que los reajustes se devengan desde que la sentencia queda ejecutoriada.

Reafirmó que los establecimientos de salud mantienen responsabilidad por el funcionamiento de sus equipos y recursos, incluso cuando intervienen médicos en modalidad Fonasa libre elección, y destaca que el alta anticipada de una paciente en condiciones de riesgo constituyó una falla relevante del servicio.

Releva que las empresas obligadas por la Ley de Eficiencia Energética deben cumplir estrictamente con la entrega anual de información, y que la Superintendencia sí fundamentó adecuadamente la sanción aplicada conforme a los parámetros legales.