Judicial

Rechaza recurso de SERVIU y confirma monto de UF 2.969,75 fijado por tribunales inferiores. Desestimó alegación de SERVIU sobre una supuesta valoración inadecuada de la prueba pericial. Consideró que no hubo infracción a las normas de apreciación de la prueba conforme a la sana crítica. Reafirmó la validez del informe pericial presentado por la parte reclamante.

Ratifica pena de 818 días por muerte de dos personas en colisión. Desestimó alegación de vulneración al principio de congruencia. Tribunal no alteró sustancialmente los hechos del requerimiento ni condenó por circunstancias no acusadas, por lo que no se vulneró el derecho a defensa del condenado.

Máximo Tribunal estimó que la Corte de Coyhaique no analizó de manera completa ni fundamentó adecuadamente su decisión de rechazar la demanda, omitiendo valorar debidamente el informe pericial y las pruebas rendidas en el proceso

Recurso buscaba recalificar los hechos como consumo personal. Se mantiene la calificación de los hechos como microtráfico. No hubo error de derecho. El tribunal valoró correctamente la prueba y acreditó posesión de droga con fines de tráfico, descartando el consumo personal por falta de respaldo probatorio; los cuestionamientos de la defensa eran de hecho, no de derecho.

El máximo Tribunal confirmó la multa impuesta a la Municipalidad de Ñiquén por no rendir formalmente cuenta pública de los recursos educacionales recibidos durante 2022. El municipio alegó haber cumplido parcialmente y argumentó circunstancias atenuantes como el traspaso al Servicio Local de Educación y problemas administrativos, pero la Corte valoró que la obligación de rendir cuentas es estricta y se cumple ante la Superintendencia, no solo con la comunidad escolar

Se rechazó el reclamo de una inmobiliaria contra la Municipalidad de Pudahuel, que declaró la caducidad del permiso de edificación de un proyecto habitacional. El tribunal concluyó que la resolución fue dictada conforme al procedimiento legal, ya que se acreditó que no se ejecutaron la totalidad de las obras necesarias para considerar iniciado el proyecto

El máximo tribunal dejó sin efecto la multa de 51 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación, tras concluir que el establecimiento cuenta con protocolos adecuados y que se activaron correctamente, señalando que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar debe entenderse como complementario a los protocolos específicos

Anula fallo que permitía deducir gastos de filiales y reafirma criterio de "necesariedad" en la Ley de Impuesto a la Renta. Desembolsos realizados por contribuyente en beneficio de sus filiales no cumplen con el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Gastos deben tener una vinculación directa con la actividad generadora de renta del contribuyente.

Desestimó el argumento de la defensa sobre una supuesta violación del principio non bis in idem. Aclaró la diferencia entre "tenencia" y "porte" de armas, justificando el castigo separado. Validó la aplicación de la agravante por uso de arma prohibida en el delito de disparo injustificado. Consideró que la pena única impuesta es más favorable al imputado que la aplicación de penas separadas.

La suspensión de licencia se redujo de cinco a dos años. Aplicó el artículo 104 del Código Penal, que establece un plazo de prescripción de 5 años para la reincidencia en simples delitos. Consideró que la agravante por condenas anteriores en la Ley de Tránsito es análoga a la reincidencia. Enfatizó la importancia de los límites temporales al ius puniendi establecidos por el legislador. La Corte cambió su criterio anterior, alineándose con la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Se verificó la hipótesis legal de ingreso clandestino al país, que justifica la dictación de la medida de expulsión y prohibición de ingreso, no siendo obstáculo para su dictación el arraigo invocado ni el presunto desplazamiento forzado de su familia por amenazas en su país de origen

El juez excedió sus facultades al interrogar extensivamente a un perito de la defensa. Las preguntas del magistrado buscaban desacreditar el informe y metodología del perito. Consideró que esta actuación puso al acusado en una situación desventajosa. Se infringió el debido proceso. Dicha intervención comprometió la imparcialidad del sentenciador. Se ordenó realizar nuevo juicio oral. El voto en contra concluye que dicha actuación no tuvo la entidad necesaria para invalidar el juicio ni la sentencia.

La Corte sostuvo que la suscripción de un contrato colectivo no puede implicar una desmejora de las condiciones individuales previamente pactadas con los trabajadores, como ocurrió en este caso, en que la empresa reemplazó unilateralmente el beneficio de ticket de alimentación por una asignación de colación menos favorable

Ratifica que funcionaria pública condenada por conducción en estado de ebriedad queda suspendida del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La sustitución de la pena principal no exime de las penas accesorias. Las penas sustitutivas de la Ley N°18.216 solo cubren la pena principal, no las accesorias.

El máximo Tribunal ratificó las sanciones impuestas por la CMF a un exgerente general y a una corredora de bolsa por entregar información falsa al mercado y realizar operaciones ficticias, desestimando los reclamos que cuestionaban la proporcionalidad de las multas

El acusado obtuvo una licencia médica falsa para justificar un viaje al sur de Chile y Argentina con su pareja, engañando a una médica sin especialidad en psiquiatría y cobrando su sueldo completo. La sentencia confirmó que actuó con dolo mediante un ardid planificado, causando perjuicio a la Municipalidad de Maipú.

El tribunal confirmó la legalidad de la multa de 500 UTM impuesta por la Superintendencia de Salud, al constatarse que la clínica exigió una garantía económica en contexto de una urgencia vital, contraviniendo expresamente la normativa sanitaria, y desestimó el reclamo por haber sido interpuesto contra una resolución distinta a la contemplada en la ley

El máximo Tribunal reiteró que para la procedencia del precario basta que del proceso se desprenda con claridad el lugar ocupado y la ausencia de título que justifique la tenencia

Se vulneró el principio de congruencia, al condenar por hechos distintos a los contenidos en la querella, lo que afectó el derecho a defensa de la imputada. La sentencia anulada condenaba a 300 días de reclusión y multa de 8 UTM.

La sanción impuesta a Clínica INDISA se originó por exigir la suscripción de un pagaré a una paciente en situación de urgencia vital. La Corte sostuvo que la Ley de Urgencia protege a los pacientes sin requerir una certificación médica inmediata, y que la actuación del organismo fiscalizador fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho

La Corte de Santiago acogió un recurso de nulidad y rebajó de 60 a 40 UTM una multa impuesta por la Inspección del Trabajo, tras constatar que la empresa fiscalizada era una mediana y no una gran empresa. Consideró que la sentencia anulada vulneró las reglas de la sana crítica al desatender prueba documental clave sobre el número de trabajadores

El máximo Tribunal acogió de oficio una causal de casación en la forma al advertir que la sentencia dictada por la Corte de Concepción incurrió en ultra petita, al incluir en la compensación a personas que no intervinieron en el juicio y fijar un monto que no se ajustaba a los derechos efectivamente reclamados. En fallo de reemplazo, redujo el monto a $24.000.000.-, conforme al valor del inmueble y a la participación de los actores

Ratificó la legalidad de la medida dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, al considerar que la expulsión se fundamenta en razones de orden público y gestión migratoria, sin configurar una doble sanción penal. La decisión se basó en la condena del afectado por almacenamiento de pornografía infantil y el incumplimiento de una orden previa de abandono del país

Rechaza recurso de nulidad y valida aplicación de agravante de reincidencia específica basada en condena previa por delito de la Ley 20.000. La reincidencia específica fue correctamente aplicada, ya que la condena anterior correspondía a un crimen según la pena en abstracto, no estando prescrita conforme al artículo 104 del Código Penal.

La Corte de Santiago acogió una reclamación judicial interpuesta en contra de la Municipalidad de Quilicura, tras constatar que los decretos que rechazaron la renovación de una patente de alcoholes no expresaron motivos concretos ni acreditaron los antecedentes invocados, vulnerando el principio de legalidad

El máximo Tribunal confirmó la legalidad de la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones, considerando que la existencia de vínculos familiares no basta para desvirtuar una causal legal de expulsión. El voto disidente estuvo por acoger el reclamo, al estimar que no se ponderó adecuadamente el arraigo familiar del afectado

Anuló la resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó al Instituto de Salud Pública entregar estudios preclínicos y clínicos de una farmacéutica, al determinar que dicha información constituye un secreto comercial protegido por la Ley de Transparencia y la Ley de Propiedad Industrial, cuya divulgación podría afectar la competitividad de la empresa

La sanción fue aplicada tras verificarse que el establecimiento no contaba con un protocolo adecuado de actuación frente a situaciones de maltrato, violencia o acoso escolar, y que no activó correctamente los mecanismos internos ante una denuncia por discriminación hacia un alumno con trastorno del espectro autista (TEA)

El máximo Tribunal advirtió que no se ponderaron antecedentes esenciales como la convivencia prolongada entre las partes, la existencia de hijos en común y la discapacidad de la hija menor. En sentencia de reemplazo, rechazó la demanda de precario, al concluir que la ocupación del inmueble por parte de la demandada no se basa en mera tolerancia, sino en un título legítimo que excluye los requisitos de dicha acción

El máximo Tribunal confirmó la legalidad de la resolución del Servicio Nacional de Migraciones que rechazó la solicitud de residencia definitiva, al considerar acreditada la existencia de antecedentes penales y una situación de rebeldía en Bolivia. El voto disidente estuvo por acoger el reclamo, refiriéndose al arraigo familiar y la residencia regular de la afectada en Chile