Judicial

El Tribunal validó la sanción aplicada por la Superintendencia de Educación debido a la falta de elementos esenciales en los protocolos internos del establecimiento “Rayito de Sol”, como rutas de derivación, medidas preventivas y mecanismos de seguimiento ante situaciones de riesgo.

El tribunal consideró que los documentos solicitados están protegidos por el deber de confidencialidad establecido en el Decreto Ley N° 3.538, ya que su divulgación podría afectar el orden público financiero y la eficacia fiscalizadora de la Comisión, descartando que se trate de información pública sujeta a transparencia.

El máximo Tribunal anuló la sentencia que confirmó la acogida de la excepción de cosa juzgada en una acción reivindicatoria, al concluir que no se acreditó la identidad legal necesaria, debido a la falta de singularización precisa de los inmuebles y a la ausencia de una decisión sustantiva sobre el objeto del litigio en procesos anteriores. Ordenó que el juez de primera instancia resuelva nuevamente las cuestiones de fondo.

El máximo Tribunal confirmó el rechazo del recurso interpuesto contra la Municipalidad de Santiago. Sostuvo que el municipio actuó dentro de sus facultades legales y basó su decisión en razones técnicas, el orden público y la falta de respaldo vecinal. Además, indicó que el recurso perdió oportunidad al referirse a actividades ya realizadas, descartando vulneración al derecho a desarrollar actividades económicas lícitas.

La Corte de Chillán rechazó la nulidad interpuesta por la defensa y confirmó la medida de internación en recinto psiquiátrico. Aunque advirtió que el imputado, declarado inimputable, no debió declarar ni ser interrogado en juicio, validó la calificación de homicidio simple por la puñalada en el muslo que cercenó la arteria femoral de la víctima y le causó la muerte.

El fallo vulneró el principio de la sana crítica al no acreditarse el peso del vehículo como elemento esencial para exigir licencia profesional. La deficiente valoración de la prueba impidió justificar la condena, lo que llevó a anular la sentencia y el juicio oral, ordenando la realización de uno nuevo ante tribunal no inhabilitado.

Reduce condena al reconocer cooperación eficaz del condenado en el esclarecimiento de los hechos y la detención de coimputados. Error de derecho al omitir aplicación del artículo 228 bis A del Código Procesal Penal influyó sustancialmente en la sanción impuesta, lo que justificó acoger la nulidad y rebajar la condena.

La multa de 51 UTM impuesta a la Municipalidad de Chillán surge tras denuncia de una apoderada por maltrato entre estudiantes, confirmándose que el establecimiento no aplicó adecuadamente los protocolos de accidente escolar y agresión entre pares, al no asistir oportunamente a la alumna afectada, no trasladarla de inmediato al hospital, ni informar a la apoderada, ni activar el seguro escolar de manera expedita.

Sostuvo que la nota de crédito emitida por el proveedor, luego de ceder la factura al factoring, es inoponible al cesionario cuando la factura ha sido irrevocablemente aceptada, desestimando así la excepción de nulidad fundada en dicha nota y reafirmando la protección legal al crédito circulante.

Yerko Ljubetic expuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado los principios del derecho internacional que deben regir las decisiones sobre penas alternativas, subrayando la necesidad de considerar la opinión de las víctimas y el arrepentimiento efectivo de los condenados.

El máximo Tribunal ratificó la expulsión de un ciudadano colombiano condenado por tenencia ilegal de arma de fuego y manejo en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones, que además permaneció 12 años en Chile sin permiso legal, descartando que su arraigo familiar pueda desvirtuar la medida.

Estimó que los jueces del fondo omitieron pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria del profesional, quien solicitó que se fijaran los emolumentos conforme al mérito del proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 697 del Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal estimó que la expulsión carece de fundamentación suficiente y no pondera adecuadamente la existencia de un hijo chileno de corta edad y con problemas de salud, ordenando emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a la Ley N°21.325

Constató que la cláusula vulneraba derechos básicos del consumidor al facultar unilateralmente a la institución suspender programas sin aviso suficiente, generar un desequilibrio irrazonable entre las partes y excluir toda responsabilidad frente a los alumnos.

Constató que el documento que sirvió de base para rechazar la demanda de nulidad de testamento fue declarado falso en sede penal, lo que configuró la causal del artículo 810 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Ordenó dejar sin efecto todo lo obrado y que se dicte nueva sentencia por juez no inhabilitado.

Revocó el fallo de la Corte de Puerto Montt y dejó sin efecto la amonestación escrita aplicada a la Corporación Educacional Ralún, tras constatar que el establecimiento aplicó correctamente su reglamento interno frente a una agresión escolar, validando las medidas formativas adoptadas, desestimando el reproche de la Superintendencia y reafirmando la autonomía pedagógica y el respeto al debido proceso en la gestión de la convivencia educativa.

La Corte mantuvo la multa aplicada a la empresa por la Dirección del Trabajo, por permitir que trabajadores excedieran el límite legal de 10 horas diarias, incluyendo horas extraordinarias. Desestimó la alegación de doble sanción al tratarse de una reclamación de reconsideración de multa regulada en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Rechazó el reclamo presentado por el Club, que alegaba que las intervenciones en sus instalaciones deportivas eran simples mantenimientos exentos de permisos. Sin embargo, se determinó que las obras implicaron modificaciones estructurales que sí requieren autorización municipal, validando la medida de la Dirección de Obras Municipales de Las Condes

Una condición sine qua non para que opere el descuento es que el contrato de trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Desestima recurso contra sentencia que rechazó ilegalidad en decreto de demolición. Corte concluye que instalación requería permiso municipal y que la empresa carecía de legitimación activa. La altura de las estructuras superaba el límite para exigir solo aviso, y la orden de demolición fue dictada conforme a derecho.

El máximo Tribunal ratificó la absolución de Jean Jano Kourou, querellado por su primo Jack Mosa por declaraciones en la prensa sobre el proyecto Mall Paseo Valdivia, al rechazar el recurso de nulidad por defectos formales y falta de una impugnación válida sobre la valoración probatoria hecha por el tribunal de grado.

El tribunal confirmó la sanción de privación temporal y parcial de la subvención general del 1,5%, aplicada al sostenedor por infringir normas en la expulsión de un estudiante, al mantenerlo suspendido por más tiempo del permitido, omitir su notificación formal y remitir fuera de plazo el expediente a la autoridad

Se descartó que su arraigo familiar en Chile y estabilidad laboral sean suficientes para anular la medida, reafirmando que el interés superior del niño no puede primar sobre la normativa penal vigente

Acogió el recurso de nulidad contra una sentencia que declaró vulneración a la libertad sindical sin que tal cuestión hubiese sido sometida a conocimiento judicial, tras el retiro de dicha pretensión por parte del trabajador, enfatizando la importancia del principio de congruencia procesal

Se anuló el fallo que declaró injustificado el despido y se rechazó la demanda, al estimar que la medida se fundó en necesidades de la empresa derivadas de una grave defraudación que obligó a su reestructuración. La Corte indicó que deben evaluarse las condiciones existentes al momento del despido, sin que la recuperación posterior lo desvirtúe

Constató que Corte de Santiago no fundamentó por qué desestimó documentos públicos e informe en derecho acompañados por Sodimac, lo que constituyó un vicio de casación en la forma por omisión de consideraciones sustanciales.

Se constató el ingreso por paso no habilitado, que los antecedentes presentados para acreditar arraigo laboral carecen de verificación objetiva, y los vínculos familiares invocados —hermana y sobrina— no están contemplados en la ley para eximir la medida

Confirma que correos electrónicos institucionales son de carácter público cuando se relacionan con funciones públicas. Ordenó la entrega del informe Fuchs-García sobre frecuencias aéreas internacionales y sus efectos en la competencia. Autorizó el acceso a ocho correos electrónicos específicos entre la JAC y JetSmart sobre la ruta Santiago-Lima. Determinó que la JAC carece de legitimidad activa para reclamar sobre el informe, basándose en el artículo 28 de la Ley de Transparencia.

La municipalidad actuó dentro de sus facultades legales para sancionar incumplimientos normativos, incluso en servicios médicos especializados. Se produjo la caducidad de la patente provisoria al no cumplirse los requisitos para su conversión, en definitiva. La responsabilidad de obtener los permisos correspondía a la reclamante como arrendataria. No hubo vulneración de principios constitucionales ni derechos fundamentales.

El máximo Tribunal anuló la sentencia que rechazó la demanda de los compradores, tras establecer que la empresa ofreció la posibilidad de ampliar departamentos en un condominio, lo que no podía autorizarse por exceder el coeficiente de constructibilidad. Ello generó un perjuicio económico al frustrar una expectativa legítima de los propietarios, quienes recibirán una indemnización equivalente a 255 UF por cada unidad adquirida