Acciones de Amparo y Protección

El máximo Tribunal estableció que la conducta del recurrido configuró un acto de autotutela ilegal, al bloquear el único acceso a la propiedad de la recurrente mediante árboles y escombros, alterando el statu quo y vulnerando la garantía del derecho de propiedad. Ordenó restituir el tránsito y otorgó un plazo de un año para regularizar la servidumbre de paso.

Reafirmó que la confianza legítima protege a los funcionarios a contrata que han mantenido una relación prolongada con la Administración, advirtiendo que las decisiones sobre su renovación deben respetar la estabilidad, coherencia y previsibilidad propias de una actuación administrativa sujeta al Estado de Derecho.

Estimó que la institución incurrió en un actuar caprichoso e injustificado al reactivar cobros por créditos sociales después de un largo periodo de inactividad, vulnerando el derecho de propiedad del trabajador.

El máximo Tribunal concluyó que la SUSESO y la Compin actuaron dentro de sus facultades al negar el pago de los subsidios, tras comprobar la inexistencia de vínculo laboral entre la recurrente y la empresa empleadora. La Corte consideró que la fiscalización y el análisis de los antecedentes fueron suficientes y descartó cualquier ilegalidad o arbitrariedad en la decisión administrativa.

El máximo Tribunal acogió el recurso de protección deducido por la empresa concesionaria, revocando la sentencia de la Corte de La Serena. Determinó que la instalación de una vivienda en la faja de servidumbre eléctrica constituye un acto ilegal y arbitrario que impide el ejercicio legítimo de la concesión, disponiendo además medidas de resguardo social para los ocupantes durante el desalojo.

Complejidad de la evaluación médica. Determinación del grado de invalidez implica un análisis médico detallado y especializado. Necesidad de un procedimiento de lato conocimiento que no puede ser adecuadamente revisado en el marco de un recurso de protección. Comisiones Médicas son organismos especializados con la competencia técnica para evaluar la invalidez. Existencia de vías específicas de impugnación.

La Corte Suprema reafirmó que no corresponde al Poder Judicial ordenar el suministro de medicamentos que no se encuentran incorporados en los listados oficiales del sistema público de salud, reafirmando que dichas decisiones dependen de criterios técnicos, científicos y presupuestarios definidos por la autoridad sanitaria.

Revoca fallo que permitía reclusión en cárcel común y exige cumplimiento de medida cautelar en centro de salud mental. Reconoce la alteración del juicio de realidad de la imputada. Confirma el diagnóstico de esquizofrenia de larga data. Ordena al juez de garantía solicitar una pericia psiquiátrica urgente al Servicio Médico Legal

Revoca decisión de Corte de San Miguel. Ordena abonar el tiempo de prisión preventiva de una causa absuelta a la condena actual. Interpreta normas penales favoreciendo la libertad del imputado. Reconoce que legislación no prohíbe expresamente este tipo de abonos. Considera injusto exigir al absuelto soportar una privación de libertad sin reparación

Juez del 34° Juzgado del Crimen de Santiago rechazó la declaración de prescripción gradual de la pena solicitada por la defensa al considerar que la sentencia de término correspondía a aquella dictada por la Corte Suprema en sede de casación, cuando la “sentencia de término” conforme al artículo 539 del Código de Procedimiento Penal es la dictada en segunda instancia.

Ratificó que la decisión de no renovar la contrata carecía de fundamentos concretos y vulneró el principio de confianza legítima, al haberse desempeñado la trabajadora por más de cinco años continuos con evaluaciones sobresalientes.

Determinó que el cargo tiene carácter de confianza exclusiva y que la función implica una relación de colaboración directa con la autoridad comunal, lo que permite su libre designación y remoción conforme al artículo 16 bis de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El máximo Tribunal estableció que la fundación no acreditó las condiciones mínimas de habitabilidad ni los permisos municipales requeridos para operar la residencia, configurando una infracción urbanística que pone en riesgo a sus residentes.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Copiapó y determinó que la negativa del propietario a permitir el acceso constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera el derecho de propiedad de la concesionaria sobre sus instalaciones eléctricas.

Defensa alegó ilegalidad del procedimiento por falta de fundamento objetivo en el control y registro del vehículo. Sin embargo, se validó la actuación policial por estar permitido el control vehicular sin necesidad de infracción flagrante de tránsito y por la posterior percepción de olor a marihuana, lo que constituyó un indicio suficiente para la revisión y detención y confirma prisión preventiva

Rechaza sobreseimiento y confirma que conducta podría seguir siendo delito bajo nueva ley. Defensa alegó que la conducta fue despenalizada por la Ley N°21.601, convirtiéndola en infracción administrativa. Tribunal consideró que hechos descritos (modificar con huincha aisladora) podrían configurar una alteración o falsificación y la calificación jurídica requiere prueba y debate en juicio oral.

El máximo Tribunal estimó que la casa de estudios no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad al negar la matrícula a una estudiante con deudas de aranceles, pues la autonomía universitaria permite condicionar la contratación de un nuevo período académico al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias pendientes.

Ratificó que el secretario municipal, al subrogar legalmente al alcalde titular tras su renuncia, estaba plenamente facultado para ejercer las atribuciones del cargo, incluida la decisión de no renovar contratas. Asimismo, precisó que no se configura confianza legítima en vínculos inferiores a cinco años.

Revocó parcialmente sentencia en alzada y condenó al Estado a pagar $31.740.000.- por concepto de lucro cesante, además de los $80 millones ya otorgados por daño moral, a favor de una víctima de prisión y torturas en los años 70 cuya condena fue anulada por la Corte Suprema. Reconoce pérdida de ingresos durante 5 años de privación de libertad injusta. Rechaza excepciones de cosa juzgada y litis pendencia alegadas por el CDE. Distingue entre indemnización por torturas y por error judicial. Calcula lucro cesante basado en el ingreso mínimo actual por 60 meses

Corte de Puerto Montt consideró que existía omisión manifiesta al no incluir al recluso en el listado de postulantes a la libertad condicional, pese a haber cumplido los requisitos objetivos exigidos por la normativa vigente. Ordena que Gendarmería remita antecedentes para que la Comisión de Libertad Condicional se reúna extraordinariamente y revise la postulación

Pese a tener hijo con TEA y arraigo laboral se confirmó la expulsión por infracción grave a la ley migratoria. Ingresó por un paso no habilitado, lo que constituye una infracción grave según la Ley N°21.325. Valoró negativamente la falta de gestiones del amparado para regularizar su situación migratoria. Voto en contra refiere que la decisión es desproporcionada, en tanto no considera el arraigo familiar y laboral que mantiene en el país

El tribunal de alzada acogió a trámite el recurso de protección. Funcionaria denunció haber sido apartada de su cargo antes de que su destitución quedara ejecutoriada. Corte concedió orden de no innovar y dispuso su reincorporación inmediata, junto con la restitución de sus accesos laborales y beneficios sociales, mientras se resuelve el fondo del caso considera vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

Forzar la comparecencia de una persona con diagnóstico de esquizofrenia paranoide mediante detención solo por ausentarse a diligencias técnicas, y sin que haya concurrido tampoco su curadora ad litem, vulnera su libertad personal y constituye una medida desproporcionada.

Corte de Santiago sostuvo que las medidas de apremio fueron dictadas conforme a la ley ante el incumplimiento de una deuda alimenticia vigente. Mantiene suspensión de licencia de conducir, arresto nocturno e inscripción en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Medidas previstas en la Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. Fueron decretadas basándose en liquidaciones de deuda ejecutoriadas. Responden al incumplimiento persistente de la obligación alimentaria

Por falta de fundamentación revoca fallo de Corte de San Miguel que mantuvo prisión preventiva al no hacerse cargo de todos los argumentos expuestos por la defensa al momento de solicitar la modificación de la cautelar. Ordena se cite a nueva audiencia para evaluar la prisión preventiva que se ha prolongado por más de 3 años y 5 meses. Defensa argumenta que este período supera la mitad de la posible pena

Medida aplicada por el Departamento de Extranjería y Migración en 2015, basada en el antiguo Decreto Ley N°1.094, vulnera la libertad personal del afectado, ya que la actual Ley de Migraciones no contempla sanciones equivalentes ni de carácter indefinido.

Califica dilación como ilegal y arbitraria. Falta de respuesta vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de libertad personal consagradas en la Constitución.

El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria por la autoridad universitaria sólo puede recaer en hechos que tengan una vinculación objetiva con el plantel, ya sea determinada por la actividad o por el lugar -el recinto universitario-. Los hechos investigados ocurrieron en un contexto privado, sin conexión con actividades universitarias. Calificó la resolución universitaria como arbitraria y carente de fundamentos plausibles. Universidad vulneró derechos constitucionales del estudiante a la igualdad ante la ley y a no ser juzgado por comisiones especiales

Ratificó la decisión de la Corte de Santiago, concluyendo que las autoridades incurrieron en omisiones ilegales y arbitrarias al no coordinar medidas efectivas para resguardar el uso y seguridad de los bienes nacionales de uso público.

El máximo Tribunal acogió un recurso de protección contra publicaciones que vinculaban a la recurrente y su cónyuge con un conflicto contractual, precisando que la libertad de expresión no es absoluta y debe ponderarse frente al derecho a la honra y al prestigio profesional de las personas afectadas.