Asuntos de Interés Público

El Sistema de Apoyo a Fiscales "El SAF" corresponde a un registro creado en razón de la obligación legal contenida en el artículo 227 del Código Procesal Penal, que mandata a dicha entidad a mantener un registro de las actuaciones realizadas en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo y, no constituye propiamente una base de datos personales.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por 19° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda presentada por la empresa Ferronor.

Además, la denunciada no adoptó acciones para evitar la exposición de carteles con imputaciones injuriosas en las tomas que sufrió el establecimiento.

El Tribunal de alzada condenó a Guido Hermes Riquelme Andaur y Ernesto Luis Bethke Wulf a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios calificados.

El Tribunal descartó la causal esgrimida por el empleador para desvincular a la demandante, basado en la necesidad de la empresa por supuestas bajas en las ventas.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada en contra de la cooperativa, tras establecer que el recurrente no tiene la calidad de moroso.

Es indiferente que se haya abocado al cuidado de los hijos o a las labores del hogar común por decisión personal o porque las circunstancias del matrimonio se lo requirieron.

El máximo Tribunal estableció la responsabilidad fiscal con las demandantes, quienes trabajaron en régimen de subcontratación para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por la empresa en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la resolución del SII que denegó la devolución.

El Tribunal de alzada condenó en calidad de autores del delito a: Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann a 13 años de presidio; en tanto, Rolf Wenderoth Pozo, Francisco Ferrer Lima, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez y Raúl Rodriguez Ponte, quienes deberán cumplir un castigo de 10 años y un día de presidio.

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

El convenio tiene objeto facilitar a la Agencia Nacional de Inteligencia el acceso a información que posea el SENAME y que aquella considere relevante y pertinente para generar inteligencia, lo que se cuestiona ya que no se ve como el SENAME podría proporcionar información que permita a dicha Agencia cumplir con sus funciones.

El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, que rechazó la demanda interpuesta por el jugador.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada del Juzgado de Policía Local de Lago Ranco, que estableció el actuar ilegal del banco recurrido, al denegar la devolución del dinero.

El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional de amparo deducida, por considerar que recurridos no incurrieron en ningún acto ilegal que haya privado, perturbado o amenazado el derecho a la libertad personal y seguridad individual de los residentes de Villa Baviera.

Máximo Tribunal indicó que debido a la aplicación plena de la Ley 21.226 que establece régimen especial de tramitación de causas, el poder judicial se mantiene funcionando mediante el trabajo remoto.

Esta característica es suficiente para legitimar la contratación que se discute bajo el esquema del artículo 4 de la ley 18.883, pues la ausencia de habitualidad no es un requisito copulativo a la especificidad de los servicios como se desprende de la lectura del artículo antes referido.

El máximo Tribunal confirmó la sanción impuesta a la señal.

El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras establecer que el actuar de los organismos de salud recurridos vulnera el derecho a la vida e integridad física y síquica del menor.

El empleador deberá respetar su derecho a desconexión, tiempo en el cual el trabajador no estará obligado a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas.

Se solicita dejar sin efecto la Circular N° 15 y declarar que los fondos destinados por la ley de presupuesto para contrataciones de personal a honorarios deben utilizarse únicamente con ese fin, permitiendo la recontratación de todos los trabajadores cuyos contratos o programas terminaron antes del 9 de abril y el traspaso de quienes corresponda a la dotación del servicio vía contrata pública, entre otro.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada, tras establecer que las publicaciones atentan contra la vida privada y la honra del afectado.

El fallo de nulidad razona que el tribunal recurrido al resolver la controversia al amparo del artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, dándole un carácter de contrato indefinido a los dos contratos a plazo, ha incurrido en una infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Ante la constatación de existir unidades que son explotadas en un giro que no cuenta con permiso o patente municipal, razona la sentencia, corresponde aplicar el artículo 58 del Decreto Ley N°3063 sobre Rentas Municipales.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras constatar que el servicio público adoptó las medidas solicitadas por los funcionarios con posterioridad a la presentación del recurso de protección.

Se abordó con cuatro ministros de Estado las principales medidas que ha impulsado el Ejecutivo en la actual situación, tanto en materia sanitaria como económica. En la oportunidad, se aprobaron diez resoluciones en las que se llama al Ejecutivo a promover diversas acciones en favor de la ciudadanía, del empleo, de las empresas y para la protección del personal de la salud y sectores más vulnerables, entre otros puntos.

El Tribunal de alzada rechazó las presentaciones de la Asociación Nacional de Empleados, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Federación de Asociaciones de Salud Pública, la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud y la Asociación de Abogadas Feministas.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles al dilatar la respuesta.

Es la estación televisiva abierta la que lleva a cabo la comunicación pública de las obras. No hay contravención a los derechos de autor por la empresa de videocable demandada.

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