Asuntos de Interés Público

El máximo Tribunal estimó que no se constató una vulneración del derecho de propiedad de la actora en los términos denunciados.

El máximo Tribunal estableció que la sola visita de un ejecutivo del Banco recurrido al domicilio comercial de la recurrente en horario laboral no puede ser considerado como ilegal o arbitrario.

El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional a la libertad personal y a la seguridad individual.

Se estimó que de la lectura del libelo de autos, apareció de manifiesto que no se mencionó hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

El máximo Tribunal estimó que el abono solicitado por la defensa de la amparada resultó procedente, en atención a que la norma invocada ciertamente resultó ser más favorable a la condenada.

La Corte de Iquique determino que no es posible conocer con exactitud cuál es el actual estado de salud mental del imputado.

La Corte Suprema que la recurrida violó la igualdad ante la ley de la recurrente.

El máximo Tribunal determinó que las medidas disciplinarias de que fue sujeto pasivo el amparado devienen en ilegales.

El máximo Tribunal indicó en su sentencia la parte recurrente tomó conocimiento de los antecedentes en que funda el presente arbitrio con fecha 24 de septiembre de 2019, de manera que al haberse entablado la acción constitucional materia de estos autos recién el 11 de octubre del presente año, la misma lo ha sido dentro del período de treinta días contemplado en el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación del Recurso de Protección.

La Corte de Antofagasta estableció que los actos administrativos impugnados se han tornado arbitrario y sistemáticamente ilegales, contrarios al ordenamiento jurídico, conculcando la libertad personal y seguridad individual del recurrente.

La Corte de Rancagua determinó que la decisión de Gendarmería de Chile no resultó arbitraria ni ilegal, como tampoco lo resuelto por el Tribunal de Garantía.

La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del artículo 19 numeral 24 de la Constitución.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Valderrama, quien fue del parecer de confirmar la resolución apelada.

Se estimó vulnerado el derecho a la libertad personal y seguridad individual de los menores amparados.

La instancia, que se encuentra a la espera de propuestas del Gobierno en la materia, pretende sesionar hasta total despacho.

El Tribunal ordenó a Carabineros evacuar un informe sobre el porqué se dio dicha situación anómala, sin avisar al Fiscal ni constatado lesiones.

La Sala discutió en particular la propuesta que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas y la despachó a segundo trámite al Senado. Entre sus normas se expone un sistema gradual de aplicación, particularmente atendiendo la realidad de las pequeñas empresas.

El máximo Tribunal revocó la resolución del 25 de octubre de 2019, dictada por la Corte Marcial, acogiendo el recurso pero sólo en el aspecto de dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en su contra.

El secretario de Estado valoró la invitación a la instancia, como un espacio para poder generar un diálogo sobre las decisiones que el Gobierno ha tomado en materia de orden y seguridad ciudadana y la búsqueda de paz social.

Imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de desórdenes públicos y ataque con elemento incendiario contra Carabineros.

Respecto a los excesos de algunos uniformados, lamentó las muertes ocurridas y señaló que todos los casos están siendo investigados. Además, el general de Carabineros, Hugo Zenteno, entregó cifras de detenidos en la región de Valparaíso.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que los efectivos policiales vulneraron la seguridad personal del amparado, quien fue detenido la noche del 19 de octubre, cuando regía el toque de queda, y sometido a tratos vejatorios en la unidad policial, los que se extendieron al día siguiente.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Quilpué, que decretó la prisión preventiva del recurrente.

Acciones de que fueron presentadas en contra de Carabineros, Ejército, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el jefe de la Defensa Nacional, general de división Javier Iturriaga del Campo.

La presidenta de la instancia, diputada Joanna Pérez, señaló que de esta forma se busca responder en parte a la crisis de legitimidad y movilizaciones sociales.

La secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, Paula Flores, se refirió a la cobertura presencial que se realiza en estos centros, tanto en Santiago como en regiones.

El Tribunal de alzada solo analizó un caso, debido a que existe pronunciamiento en favor de las otras dos profesionales amparadas, el cual ordenó a Carabineros efectuar un sumario administrativo e informar al tribunal de alzada el resultado de dicha indagación.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional de amparo, tras establecer el actuar ilegal y desproporcionado de la policía.

La instancia continuó con la votación de las diferentes propuestas de reforma constitucional, para fijar un nuevo procedimiento de fijación de la dieta parlamentaria y de las rentas de las autoridades del país.

Examinará los motivos de la crisis social, cuáles son las reformas indispensables para un nuevo pacto social, la necesidad de una nueva Constitución y cuál sería el mecanismo idóneo para modificarla.